Autoridad regional no da garantías para liderar proceso de evaluación ambiental de HidroAysén

 Esto debido a que 11 de los 32  servicios públicos que evaluaron la presentación de Hidroaysén concluyeron que ésta “carece de información relevante y esencial”, por lo tanto, según el reglamento de la ley de medio ambiente lo que procede es elaborar un informe consolidado del evaluación (ICE) y  no corresponde continuar el proceso vía adenda sino que aplicar el artículo 24 del reglamento del SEIA, lo que significa el rechazo del estudio.

Lo señalado por los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental da la razón a la preocupación que ha manifestado la ciudadanía respecto de los impactos que generaría intervenir la Patagonia chilena y represar los ríos Baker y Pascua.

La decisión adoptada unilateralmente por el intendente  de la Región de Aysén, Selim Carrasco Lobo, al presidir la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) el 7 de noviembre pasado, en que desestimó las observaciones entregadas por 32 servicios públicos competentes y no procedió a la votación respectiva, constituye una abierta ilegalidad. Por ello, el CDP ha impugnado legalmente dicha decisión con el objeto de demostrar que el Intendente no da garantías para liderar el proceso de evaluación ambiental del estudio.

Si el estudio de impacto del proyecto de Hidroaysén “no está a la altura”, tal como dijo la Ministra de Medio Ambiente Ana Lya Uriarte, éste debe ser rechazado vía artículo 24 y no generar un ICSARA a través del cual se inicia el proceso de adenda. Concordamos con los servicios públicos de que el estudio es malo, pero la solución dada por el intendente a través de la dirección regional de la CONAMA es aún peor.

A estas irregularidades se suman las recientes declaraciones del Ministro de Energía Marcelo Tokman, en que indica que “lo que está determinando la ruta crítica no es la evaluación de impacto ambiental (…), sino que va a ser la evaluación de la línea de transmisión. No nos olvidemos que sin la línea no tiene sentido la construcción de las centrales”. Este hecho confirma exactamente lo que hemos señalado desde un comienzo: Que ambos proyectos constituyen partes de un solo proyecto y deben evaluarse como un todo, sin engañar al país de la forma como se está haciendo al separar su evaluación, puesto que los impactos y consecuencias de ambos, afectarían a todo Chile y no a regiones aisladas.

También consideramos impresentable, abusivo e injusto que se esté ocupando el valioso tiempo de los servicios públicos, así como el dinero de todos los contribuyentes, en evaluar un estudio que ni siquiera tiene los derechos de agua requeridos para llevarlo a cabo. Muy equivocado está el Ministro de Obras Públicas. Sergio Bitar al señalar que el rechazo de la DGA a la solicitud de derechos de aguas de la empresa “es un problema de forma porque los derechos son de la empresa”. Si fuera así, Hidroaysén no los estaría solicitando adicionalmente. Tras la negativa recibida de la DGA la empresa corre el riesgo de tener que rehacer su proyecto. De allí lo preocupante de que este secretario de Estado señale la posibilidad de "mejoramientos que aproximen las posiciones”, especialmente en vista que 63 ayseninos llevan años en espera de derechos de aguas, en una región donde Endesa (socia de Colbún en este proyecto) monopoliza el 90% de estos derechos. No conforme con ello y mediante el lobby busca un traspaso automático de derechos de agua a Hidroaysén para evitar que alguien más entre en competencia, resquicio que la DGA rechazó, pero que el ministro buscaría “solucionar”.  

Por todo lo anteriormente señalado, el Consejo de Defensa de la Patagonia informa a la opinión publica que utilizará todas las vías disponibles para exigir al Gobierno un apego estricto a la Ley e impedir que sus funcionarios se dejen influenciar por el poderoso lobby empresarial, denigrando a los servicios, y destruyendo la institucionalidad pública en beneficio de sus intereses privados.