Consideraciones para una Política de Energía

Columna de opinión de Sebastián Ainzúa, Economista de la Fundación Terram, publicada en El Mostrador el 21 de noviembre de 2008.


A propósito de toda la preocupación que ha provocado en nuestro país la estrechez  y dependencia energética, se han planteado diversas alternativas para  salir de ambos problemas, la mayoría de ellas vinculadas a proyectos energéticos de gran envergadura: alternativas nucleares, HidroAysén o el fomento a las bioenergías. Desde el gobierno se trabaja en la creación de un Ministerio del ramo, que fue aprobado esta semana en su primer trámite constitucional.

Sin embargo, antes de avanzar en proyectos, es necesario establecer una política energética que determine los lineamientos a seguir para lograr objetivos de largo aliento y una estructura institucional que debe ser el instrumento para conseguir dichos propósitos.

Una nueva institucionalidad energética requiere establecer al menos tres aspectos claves.

En primer término, implementar una Política Energética de largo plazo. La institucionalidad deberá construirse sobre la base de una Política Energética que reconozca las opciones sobre fuentes de energía y las estrategias sobre usos de la misma.

En ese sentido, la institucionalidad debe ser la instrumentalización de una política que se sustente en la premisa de que el país no puede crecer sobre la base de la expansión permanente de su demanda de energía; esta política tendrá que reconocer la necesidad de desacoplar el crecimiento económico de la demanda energética. Así, la institucionalidad debe privilegiar la búsqueda de opciones de eficiencia en  el uso energía, por sobre la promoción de mayor oferta.

En segundo término, la institucionalidad en materia de energía deber hacerse cargo de reconocer y resolver los conflictos territoriales que surgen en el marco de la implementación de proyectos energéticos, los que afectan tanto a comunidades locales como otras actividades económicas. Las instituciones del Estado encargadas de regular los proyectos deben incorporar dentro de la evaluación de los proyectos no sólo los aspectos ambientales sino también las implicancias sociales y económicas que tienen estos proyectos sobre otros actores.

Finalmente, estas evaluaciones deben incorporar también toda la gama de repercusiones que se extienden más allá de las regiones específicas donde se instalan los proyectos, por ejemplo, en  lo que respecta a los tendidos eléctricos.

Sin esas consideraciones, necesariamente tenderemos a repetir el comportamiento del pasado, en que la política energética ha sido una política de reacción ante los problemas, pero que no actúa con visión de futuro ante los problemas, demandas y desafíos que se imponen en un sector que no es una actividad económica cualquiera, sino que es un área estratégica para el desarrollo de los países.

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