Frustración por veto a la protección legal de glaciares argentinos

El veto total interpuesto por el gobierno argentino a la ley de protección de los glaciares sumió en el desconcierto a científicos que colaboraron en su redacción. Tierramérica, 24 de noviembre de 2008.


La decisión del gobierno de Cristina Fernández de vetar una ley para proteger las reservas de agua dulce de los glaciares de Argentina causa honda preocupación de científicos y ambientalistas que participaron en la elaboración del proyecto.

"Habíamos trabajado mucho con los legisladores para que se promulgara esta ley", declaró apesadumbrado a Tierramérica el doctor en geociencias Ricardo Villalba, director del estatal Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).

"Es difícil entender lo que ocurrió. La comunidad científica no quiere frenar el desarrollo sino preservar fuentes de agua dulce en una región donde las provincias dependen de esas reservas para su consumo y para el riego", insistió Villalba, miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).

El proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, aprobado el 22 de octubre con holgada mayoría en las dos cámaras legislativas, establecía normas básicas a fin de "preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua".

Además prohibía actividades que afectaran las funciones de proveedores acuíferos de los glaciares y del ambiente periglacial, definido en el proyecto como "área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico".

El artículo segundo del texto sostenía que un glaciar es una "masa de hielo perenne, estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de la nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación".

Entre las actividades prohibidas en esos lugares estaba la exploración y explotación minera o petrolera, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura, y la liberación de sustancias contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier tipo. Asesorada por la Secretaría de Minería, Fernández vetó toda la norma el 11 de este mes, alegando que "la prohibición resulta excesiva" y otorga "preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían desarrollarse en perfecto cuidado del ambiente".

En el fundamento del veto, la mandataria admitió que los gobernadores de las provincias afectadas "manifestaron su preocupación" por la norma porque "repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias".

La ley hubiera afectado proyectos como el de Pascua Lama, que la corporación minera canadiense Barrick Gold pretende iniciar en la cordillera de los Andes, en una zona limítrofe entre la occidental provincia argentina de San Juan y la región chilena de Atacama para extraer oro, plata y cobre por unos 20 años.

La inversión de Barrick en el yacimiento es de unos 2.400 millones de dólares según las últimas estimaciones y permitiría extraer anualmente unas 615.000 onzas de oro y 30 millones de onzas de plata, más 5.000 toneladas de concentrado de cobre mediante el método de lixiviación con cianuro para separar el metal de la roca.

Si bien el proyecto de Barrick daña glaciares ubicados del lado chileno y ya fue aprobado por los dos países, despierta fuerte resistencia de habitantes de ambos lados de la frontera que han hecho campaña por años contra la explotación minera y a favor de la preservación de las reservas de agua dulce.

Algo similar ocurre con pobladores de la noroccidental provincia de La Rioja, que rechazan planes mineros de Barrick en la cadena montañosa de la sierra de Famatina, de la que nacen varios cursos de agua. Pero los proyectos, aunque con trabas, están avanzando lentamente.

Ante ese escenario, la sanción de la ley había sido celebrada como una victoria entre quienes trabajan en la preservación del agua dulce. Pero la fiesta duró menos de un mes hasta que llegó el veto total.

"La cordillera es gigante y hay lugar para todos", alegó Villalba.

"La ley no decía que no podía haber ningún proyecto. Lo que señalaba era que se debía delimitar zonas. Para eso se ordenaba la realización de un inventario de glaciares y periglaciares para su control y protección", indicó, que debía estar a cargo de Ianigla.

"Lo que no se debía tocar eran las áreas proveedoras de agua", destacó.

El vicepresidente de la Asociación Amigos de los Parques Nacionales de Argentina, Norberto Ovando, dijo a Tierramérica que aun cuando "las explotaciones mineras se realicen en zona periglacial, sus explosiones provocan la liberación y dispersión de sustancias que, además de contaminantes, calientan mucho más rápido la superficie de los glaciares".

"Las actividades que la ley vetada prohibía iban a acelerar ese derretimiento", dijo Ovando, miembro de la Red Mundial de Áreas Protegidas.

Según Ianiglia, en la sureña Patagonia los glaciares retrocedieron entre 10 y 14 por ciento en los últimos 20 años, por el aumento de la temperatura global.

"Para nosotros el agua es más valiosa que el oro y no tiene sustituto", enfatizó Ovando.

Si bien ejecutivos de Barrick debieron dar marcha atrás con su plan inicial de trasladar tres glaciares del lado chileno y comprometerse a no alterarlos, "los científicos no le creen mucho a la empresa", dijo Ovando. La ley era una herramienta para hacer cumplir ese compromiso.

El biólogo Raúl Montenegro, de la Fundación para la Defensa del Ambiente, manifestó a Tierramérica que fue "un error" vetar una ley "sensata e inteligente" que protegía también las altas cuencas hídricas en general y las economías semiáridas que existen gracias al agua de los glaciares.

En Argentina, las occidentales provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja dependen del suministro de esas fuentes para consumo humano, agricultura y ganadería.

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