Tiempo de tramitación de los proyectos eléctricos en Conama promedia casi un año

Uso masivo de la suspensión de plazos, como lo haría HidroAysén. Si bien la mayoría de las iniciativas salen del sistema dentro del plazo legal, la extensión del proceso está ligada a los mayores plazos que solicitan las empresas. El Mercurio, 12 de noviembre de 2008.


Aunque la inminente suspensión de plazos que solicitará HidroAysén para dar respuesta a las más de tres mil observaciones realizadas al megaproyecto de cinco centrales en Aisén ha levantado gran discusión, este recurso es usual dentro de la tramitación ambiental de los grandes proyectos eléctricos.

Desde las iniciativas eólicas a las grandes termoeléctricas, pasando por las centrales hidroeléctricas de embalse, pasada e incluso las minihídricas. Varios de estos proyectos de generación que han sido aprobados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de la Conama durante 2007 y 2008 tienen en general un factor común: recurrir al mecanismo de suspensión de plazos para poder dar respuesta a las observaciones realizadas a los proyectos por los distintos organismos encargados de evaluar las iniciativas.

Razones

Esta situación hace que más allá de que los plazos legales existentes para la evaluación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de un proyecto -que son 120 días legales prorrogables en 60 días legales adicionales-, un leve recuento de las principales iniciativas de generación aprobadas por la Conama consignan un promedio de 316 días totales en el SEIA. Este período mayor de tiempo se debe a los mayores plazos que piden las empresas para entregar la información requerida en el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones al EIA (ICSARA), que realiza la autoridad ambiental.

En general, la duración del trámite ambiental está ligada a la envergadura del proyecto. Por ejemplo, en el caso de la recientemente aprobada termoeléctrica Los Robles, que AES Gener proyecta en la Región del Maule (750 MW, US$ 1.700 millones), los días totales transcurridos desde el ingreso al sistema hasta su salida fueron 400. Otros proyectos como la hidroeléctrica San Pedro de Colbún (155 MW, Región de los Ríos) o Bocamina II de Endesa (350 MW, Región del Biobío), también superaron el año de trámite si se considera la extensión.

Pero no sólo los proyectos de convencionales se acogen a las extensiones de plazo. Iniciativas de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) como el parque eólico Canela II, que Endesa desarrolla en la Región de Coquimbo o la minihídrica La Paloma de Idroenergía, también recurrieron al proceso.

¿Cuánto tiempo adicional requieren las empresas para responder las consultas? La situación es variable y está directamente relacionada con la cantidad de observaciones que tiene cada proyecto. En el caso de la central Chacayes (106 MW, Región de OHiggins) que Pacific Hydro desarrolla para su proyecto Alto Cachapoal, la suspensión de plazos fue por un período de dos meses. La aprobada central Quintero (240 MW, Región de Valparaíso) de Endesa pidió en octubre de 2007 la suspensión de plazos, tiempo que luego fue extendido ante las solicitudes de la propia firma.

Aunque la solicitud puede ser rechazada por las autoridades, en la práctica esta extensión de tiempo se concede regularmente debido a que su objetivo es lograr mejor información en torno a los proyectos.

Notificación

Una vez que se le informe oficialmente a HidroAysén respecto de las observaciones, la firma tiene cinco días de plazo para solicitar la suspensión de plazos

 

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