Ciudadanía y reforma ambiental
Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en La Tercera, 15 de diciembre de 2008.
Este mes la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados inició la discusión del proyecto de Ley que Reforma la Institucionalidad Ambiental artículo por artículo, dando comienzo al compromiso más relevante en la materia del actual gobierno. Además, esto busca dar cumplimiento a las recomendaciones de la OCDE en su informe de 2005, que condiciona el ingreso de Chile a ese conglomerado de países. Se espera que para las próximas semanas el Gobierno le ponga suma urgencia a la iniciativa, dando una importante señal política en la temática ambiental.
La actual institucionalidad ambiental basada en un modelo coordinador es ineficiente. Tras 14 años de aplicación no ha logrado dictar normativas relevantes, ni elaborar políticas de peso. En resumen, poner el tema ambiental en la agenda del gobierno.
Por eso, parece adecuado que esta Reforma contemple la creación de un Ministerio de Medioambiente, una superintendencia ambiental y un servicio de evaluación ambiental independiente. Esto dará mayor jerarquía a la institucionalidad ambiental, pues le confiere capacidad de formular una regulación integrada, definir políticas públicas y elevar el nivel de la interlocución, así como avanzar en fiscalización y mejorar el proceso de evaluación de proyectos.
Es fundamental que la Reforma aborde la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, refuerce la participación de ellos y apoye a las organizaciones de la sociedad civil frente a proyectos productivos que potencialmente puedan dañar los ecosistemas o las actividades de las comunidades locales. Además, se deben crear mecanismos de resolución de conflictos y resolver adecuadamente problemas como la negociación incompatible (regalías de las empresas a las comunidades/organizaciones durante el proceso de calificación ambiental).
Esta es la gran debilidad de la actual institucionalidad, base de los conflictos ambientales y origen de la sensación de indefensión y frustración de la ciudadanía frente a la autoridad y a las grandes empresas. El proyecto en discusión no ofrece una propuesta satisfactoria. La forma en que el Congreso aborde la discusión será clave para saber la importancia que le otorga a la ciudadanía.
Esta es la hora de definir si las decisiones en la evaluación ambiental de proyectos se harán con un criterio técnico, político o una mezcla de ambos. La poca claridad en el proceso de calificación ambiental en cuanto a confundir en un mismo acto administrativo decisiones técnicas y políticas, ha perjudicado la actual institucionalidad, socavando sus bases y debilitándola ante la opinión pública.
Por ello, parece adecuado definir un procedimiento que diferencie las apreciaciones técnicas de las resoluciones políticas. Los entes técnicos deberán emitir una opinión fundada en la legislación vigente y en los parámetros técnicos pertinentes, la que deberá ser conocida públicamente, luego de lo cual puede existir una instancia política que ratifique o cambie la decisión técnica; en el caso de cambiarla, debe fundamentar su decisión y asumir su responsabilidad.
Esta reforma debe significar una real transformación en la institucionalidad ambiental, y no limitarse a implementar cambios cosméticos destinados únicamente a obtener un “cumplido” en la lista de exigencias de instituciones internacionales como la OCDE. Existe una responsabilidad conjunta entre gobierno, Congreso, empresas y sociedad civil en el sentido de generar una discusión con altura de miras sobre estos y otros aspectos contenidos en el proyecto de Reforma Institucional.