13 mil 500 millones de pesos deberán pagar privados por no usar agua

Empresas y particulares tienen hasta el 13 de febrero para pedir reconsideración. Según los cálculos de la Dirección General de Aguas (DGA), un total de 8.550 metros cúbicos por segundo no fueron usados en nuestro país el año pasado.

Es decir, 37 veces el caudal promedio de operación de la central hidroeléctrica Ralco, en el Alto Biobío, escurrió río abajo sin ser aprovechada.

Una cantidad que según las autoridades, a la luz del escenario de necesidad energética y crisis alimentaria, no puede desperdiciarse.

Por eso, desde 2007 rige una norma que castiga a las empresas y particulares que no usen sus cauces, para evitar la especulación de un derecho que les fue entregado de forma gratuita en la década de los 80.

Así, la DGA publica todos los 15 de enero en el Diario Oficial la lista de los derechos de aprovechamiento de aguas no utilizados para el respectivo pago de su patente anual, que este año significarían 13.500 millones de pesos de recaudación fiscal.

"Es una medida con el propósito de alentar un uso más eficiente de los recursos de agua, entregados por el Estado a título personal, de manera gratuita por lo demás, y evitar la especulación de los derechos", dijo ayer el ministro de Obras Públicas Sergio Bitar en la presentación del listado 2009, junto a la tesorera general de la República, Pamela Cuzmar, y el director general de Aguas del MOP, Rodrigo Weisner.

La informe revela que durante 2008 existieron 2.131 derechos de aprovechamiento de aguas sin utilizar. Los afectados están obligados a pagar la respectiva patente hasta el 31 de marzo próximo para mantener intacto el cauce o pedir una reconsideración. De lo contrario, el Estado está facultado en última instancia de fijar un remate o traspasar el caudal a Bienes Nacionales.

"El Gobierno está intensificando en 2009 su labor de cuidado de las aguas de Chile. El MOP, en conjunto con la Tesorería General de la República, han continuado la tarea de cuidar las aguas aplicando la ley que señala la necesidad de cobrar las patentes por derechos de agua no utilizados. Vamos a continuar con la mano muy firme en este sentido para proteger las aguas que son de todos los chilenos y se haga un mejor uso", señaló Bitar.

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El proceso, que comenzó hoy con la publicación de las empresas y personas naturales afectadas en el Diario Oficial, fijará una lista definitiva que se le transfiere a la Tesorería General el 15 de mayo, para proceder a la cobranza judicial a partir del primero de junio, tras el proceso de reconsideración al que pueden optar los afectados.

"En Chile hubo durante trece años una discusión al Código de Aguas. La modificación de ese código, ocurrida en 1981, se prestó para tremendos abusos en nuestro país. Eso significa que una persona natural o jurídica pedía toda el agua de un río, sin justificación, sin límite de caudal y sin obligación de uso, gratis y en forma perpetua. Este abuso se corrigió con la Ley 20.017 de 2005 que estableció un castigo por el no uso", aclaró Weisner.

Él mismo explicó que de no aplicar esta normativa, la energía sería más cara y con menor crecimiento productivo.

"Derechos de agua no consuntivos tomados sin utilizarlos, son centrales hidroeléctricas que no se están ocupando y en el caso de los derechos consuntivos, por ejemplo en la agricultura, si yo tengo un derecho de agua no utilizado, estoy impidiendo que otro sector agrícola pueda utilizarlo".

Weisner señaló que la fiscalización es clave en este sentido. Durante el 2008 se detectaron 737 casos de extracciones y obras ilegales en los principales cauces y ríos a lo largo del país. El titular de la DGA destacó que el año pasado por primera vez en la historia se emitió una condena por el delito de usurpación de agua subterránea, en el norte del país.

Este caso, junto a la renuncia de un titular a un caudal emblemático aguas abajo del lago Rapel, con un total de 60 metros cúbicos por segundo, dan luces de un mayor control y uso eficiente del recurso hídrico.

No la dejes correr

No está lejos el tiempo en que el agua sea un bien tan preciado que hasta se convierta en motivo de guerra. Y no estamos hablando de una película futurista o de ciencia ficción.

El agua dulce, producto del cambio climático, la contaminación y el mal uso, está disminuyendo en el planeta.

Chile tiene la suerte de poseer grandes reservas de ellas pero sin los cuidados necesarios que requiere su preservación y buen uso.

Ocurre que por una modificación hecha durante el gobierno de Augusto Pinochet, cualquier privado podía solicitar el uso de los ríos o fuentes de agua para el fin que estimar conveniente. Fueron muchos los que aprovecharon esta posibilidad y hoy son dueños de los derechos de aguas.

Para mejorar en parte esta situación, desde el año 2007 los privados que tienen estos derechos pero no hacen uso de los caudales deben pagar patentes. Para este año, se calcula que por este concepto el Estado recibirá 13.500 millones de pesos.

Pero el gran cambio, que implica reconocer en la Constitución de la República que el agua es un bien de uso público, todavía está por llegar. En el Congreso esta iniciativa es respaldada por varios parlamentarios y fuera de él, por ONG, grupos organizados, iglesias y hasta por un grupo creado en Facebook.

Reformar la Constitución para nacionalizar las aguas de Chile

Varios proyectos de ley están en el Congreso para mejorar la situación del agua. El que propone cambios en la Constitución cuenta con la venia del Ministerio de Obras Públicas.

Son pocos los países en los que el agua puede ser propiedad de un privado y en teoría, en Chile se entregan concesiones.

El Estado impulsa varias iniciativas. En países como Brasil, Bolivia o Ecuador, sólo por nombrar algunos, reconocen en sus constituciones políticas el dominio y derechos del Estado sobre las aguas nacionales y eso es lo que se busca para Chile.

Ayer, el ministro de Obras Púbicas, Sergio Bitar, adelantó que este año el tema del agua será parte importante del debate nacional y por lo mismo, señaló que su cartera pondrá a disposición todos los antecedentes necesarios "para una discusión nacional sana" y mejorar la situación actual.

Una de estas medidas es la inclusión en el artículo 19 de la Constitución que el agua es un bien de uso público. "Hoy es en la práctica un bien nacional de uso público, pero está así en el Código de Aguas no así en la Constitución Política y algunos nos han planteado la necesidad de elevarlo a rango constitucional".

Un proyecto de reforma constitucional por la que se devuelve la propiedad de aguas al Estado de forma exclusiva y absoluta, además de contemplar mayores exigencias de sustentabilidad a las empresas que explotan el recurso fue presentada en octubre por el senador PPD Guido Girardi, un proyecto que cuenta con un amplio respaldo de otros parlamentarios, ambientalistas y hasta personas ligadas a la Iglesia.

"Presenté una reforma constitucional, porque Pinochet hizo una reforma donde transformó el agua, que es un bien nacional de uso público acá y en todos los países del mundo, en propiedad privada. Endesa es dueña de casi la mitad de las aguas superficiales de Chile, sin haber pagado nada a nadie y nosotros tenemos una ventaja planetaria al tener la segunda reserva de agua en la Patagonia que es la principal riqueza de Chile. Algún día, Chile va a exportar agua al mundo", dijo Girardi a La Nación.

Optimista respecto a la aprobación de la reforma, indica que "el proyecto tiene varios respaldos de senadores de la Concertación y también muchos diputados se han acercado a apoyar la iniciativa y eso nos tiene conforme."

Para la directora de la Fundación Terram, Flavia Liberona, el Estado debe elaborar políticas de agua acordes con los problemas actuales del cambio climático.

"Lo que nosotros decimos como institución, es que las aguas son un bien nacional de uso público, y el acceso al agua es un derecho humano. Por lo tanto, el Estado primero tiene que salvaguardar el derecho al agua de todos los ciudadanos que vivan en el territorio nacional, garantizar el agua para el mantenimiento de todo el patrimonio natural, es decir, los ecosistemas y después las áreas para el lucro", dijo a La Nación.

Respecto del proyecto de Girardi, Liberona dijo desconocer si la iniciativa es adecuada. "Hay también un proyecto del senador Núñez y otros proyectos. El agua hoy en día, por un entramado jurídico, termina siendo de propiedad de los privados, negándole el acceso a las comunidades y las personas".

Bitar adelantó que se trabaja en una legislación sobre cuencas. "Es una política mundial de los países y en ella establecen el mecanismo con el cual el Estado tenga una tuición pública de cómo se distribuyen las aguas, cómo se resguarda el interés público".

Junto con lo anterior, también mencionó un aumento en el número de fiscalizadores y mayores atribuciones para ellos.