Expertos rechazan nueva expansión de Santiago

Ampliación del límite urbano en más de 10 mil hectáreas de la periferia de Santiago es objetada por académicos, arquitectos y la Agrupación Defendamos la Ciudad. Plan Regulador propuesto por el MINVU y el Seremi en diciembre agudizaría segregación social y contaminación, además de privilegiar intereses inmobiliarios ligados a importantes personalidades políticas. El Ciudadano 12 de enero de 2009.


Como errado, fatal y peligro público ha sido calificado por expertos el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) que presentó el Seremi de Vivienda y Urbanismo el 9 de diciembre pasado. El Plan amplía en 10 mil 434 hectáreas el suelo urbano del Gran Santiago hacia la periferia, aumentando los tiempos de viaje y la distancia que separa a la población pobre de los servicios de salud y de educación y de las principales fuentes de trabajo.

El sociólogo y arquitecto Daniel Jadue, especialista en Planificación y Gestión Comunal y Territorial, ha encabezado los Planes de Desarrollo Comunal de Valparaíso, Linares, Quellón, Canela, Aysén y Calama. En su opinión se trata de una medida “absolutamente errada, un contrasentido con las políticas impulsadas por el Ministerio del Medio Ambiente, que buscan evitar el aumento de la contaminación conteniendo el crecimiento horizontal de la ciudad”.

La Seremi Metropolitana, en cambio, presentó el Plan como un avance para tener más áreas verdes en zonas deficitarias de Santiago, reducir la progresiva segregación socio-espacial que aflige a la capital y propiciar una mejor conectividad entre la periferia, el centro y los sub-centros. Todo esto gracias al sistema de “planificación por condición”, que exige el cumplimiento de estándares aparejados a la urbanización, como cuotas para vivienda social, áreas verdes y obras de infraestructura.

“Con la planificación por condiciones, las externalidades que se producirán en los futuros proyectos, serán asumidas por los propios inversores que las generan, reduciendo los costos sociales del crecimiento urbano”, señala en la web del Seremi Metropolitano su director, Carlos Estévez.

Pero los argumentos utilizados por Estévez para justificar el PRMS, son para Jadue totalmente inconsistentes. “Los subcentros se vienen ‘consolidando’ desde el año 40, en 70 años sólo lo han logrado tres, con total segregación social”, argumenta quien fuera candidato a alcalde de Recoleta por el PC, y puntualiza: “el ministerio comunica puro voluntarismo, nadie puede asegurar que los subcentros se van a desarrollar, porque aquí no hay planificación, está entregada al libre mercado”.

Suelos contaminados y segregación para los pobres

El PRMS considera la transformación en urbanos de suelos rurales ubicados en San Bernardo, Maipú, Quilicura y La Pintana, además de reconversión industrial “inofensiva” en Puente Alto, La Pintana, Renca y Cerro Navia. Según informó la Seremi en diciembre se destinarán 3 mil 888 hectáreas para áreas verdes, 5 mil 663 para urbanización y 873 para la conversión en industriales de suelos que hoy son urbanos.

Ya en agosto del año pasado, cuando fueron convocados a un Consejo Asesor por el entonces Intendente de Santiago Álvaro Erazo, expertos de las universidades de Chile, de Santiago, Católica y del Desarrollo, habían presentado reparos a esta propuesta. Si bien valoraron el espíritu de diálogo que reflejaba el llamado, no tardaron en presentar profundas objeciones a la utilización urbana de esos suelos. El Instituto de Vivienda de la Chile la calificó como una propuesta carente de visión de desarrollo integral, que no consideraba factores como el destino de la actividad agrícola actual, la industria, el empleo y la accesibilidad.

El Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de Arquitectura de la Católica, también consideró parcial e insuficiente la propuesta de expansión urbana, anunciando ya que “las equivocaciones u omisiones cometidas en el ordenamiento territorial de la configuración metropolitana de Santiago no sólo mantendrán, sino que multiplicarán los graves problemas urbanos ya percibidos y enfrentados por su comunidad”.

Jonás Figueroa, académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago, evaluó el PRMS el año pasado y esperaba que la propuesta presentada en diciembre fuera un poco mejor. Sin embargo, hoy se encuentra con un plan “fatal”, que propone urbanizar suelos de alta productividad agrícola sujetos a desastres naturales y medioambientales.

Figueroa asegura que incluso se estaría poniendo en peligro la salud de los futuros habitantes, que por supuesto no serán ricos, ya que se destinará a proyectos inmobiliarios de clase media y viviendas sociales: “Como tradicionalmente han estado destinados a actividades agrícolas, son suelos llenos de plagicidas y restos de otras sustancias peligrosas para las personas, que tardan muchísimo tiempo en desaparecer, por eso cuando llegue a vivir gente no van a tardar en aparecer las enfermedades”.

La industria inmobiliaria se soba las manos

Este modelo de ciudad que parece no ser “sustentable por ningún lado”, según los académicos de las cuatro universidades consultadas por la Intendencia y la Seremi, sí tiene en cambio contentos a otros. No son expertos en urbanismo, ni autoridades comunales, ni mucho menos habitantes de la zona. Se trata de los únicos privilegiados con la expansión horizontal de Santiago: los empresarios de la industria inmobiliaria.

“Esta es una decisión fuertemente influenciada por la industria inmobiliaria, que busca suelos baratos para obtener mayores rendimientos económicos”, señala Figueroa. Y claro, el PRMS hará subir hasta seis veces el valor del suelo rural que pasa a ser urbano. Si hoy el valor promedio de la zona es de 05, UF el m2, mañana será de entre 2 y 3 UF. El Seremi cree que la cuota exigida de viviendas sociales “mitigará” el afán especulador, cuestión que académicos consideran lógico sólo si la vivienda social no fuese también un negocio como lo es en hoy Chile.

Para Patricio Herman, director de la Agrupación Defendamos la Ciudad, el PRMS es una muestra de que “el MINVU se ha transformado en un peligro público”. Herman denuncia que el proyecto “busca privilegiar intereses de particulares, que fueron los mismos que presentaron al ministerio la propuesta de ampliar el límite urbano”, pero se negó a entregar nombres.

Lo cierto es que desde mayo de 2008 se sabe que algunos de los beneficiados con el PRMS son Francisco Pérez Yoma (hermano del actual Ministro del Interior y dueño de COPEVA), Daniel Yarur y Andrés Allamand, hoy propietarios de terrenos en la nueva zona urbana. Desde esa fecha también, El Mercurio ha entregado difusión sin tapujos al reclamo de otros inmobiliarios por “no haber sido considerados” en la delimitación del nuevo radio urbano del Gran Santiago.

por Francisco Figueroa Cerda

 

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