Día de la Tierra y protección ecosistémica

Columna de opinión de Flavia Liberona, directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en El Mostrador el 22 de abril 2009, con ocasión del Día de la Tierra.


Desde hace casi 40 años, la sociedad civil organiza cada 22 de abril el Día de la Tierra, momento oportuno para reflexionar acerca de la importancia y necesidad de cuidar nuestra porción del Planeta. Chile cuenta con una amplia variedad de ecosistemas naturales de gran valor ecológico y con una biodiversidad altamente endémica.

Sin embargo, el avance de las ciudades y la necesidad de proveer una serie de servicios a los cada vez más numerosos centros urbanos, han ido ganando terreno frente a la naturaleza, mermando sus recursos hasta puntos muchas veces sin retorno.

En Chile existe una serie de ecosistemas en peligro que se encuentran mal protegidos o abiertamente en serio riesgo de desaparecer. Actualmente el país cuenta con más de 17 figuras jurídicas distintas destinadas a la protección de áreas silvestres, entre ellas las de Parque, Reserva Nacional, Área Marina y Costera Protegida, Santuario de la Naturaleza, Monumento Natural, etc. Estas categorías se encuentran al amparo de distintos ministerios (Agricultura, Minería, Bienes Nacionales, Educación, entre otros), y operan bajo distintas leyes, reglamentos y normativas, dispersión que sólo debilita la posibilidad de alcanzar una real protección de nuestros ecosistemas naturales.

Como consecuencia es posible constatar cada vez con mayor frecuencia e intensidad el avance depredador sobre estos espacios supuestamente protegidos, y que en la mayoría de los casos son parte del patrimonio natural que pertenece a todos los chilenos. Sólo en el último año se han verificado una serie de hechos lamentables relativos a proyectos de inversión que afectan seriamente la integridad de parques y reservas, desde la autorización para exploración minera en la Reserva Nacional Las Vicuñas, en el norte, hasta la aprobación, por parte de la Corema de Los Lagos, del proyecto de minicentrales hidroeléctricas en el Parque Nacional Puyehue.

En el norte se registran al menos otros dos casos: los proyectos eléctricos que se pretenden construir en La Higuera (IV Región), cerca de la Reserva Natural Pingüino de Humboldt y de la Reserva Marina Punta Choro e Isla Damas, y la prospección para energía geotérmica en las inmediaciones del Monumento Natural Salar de Surire (sitio Ramsar), impulsado por Antofagasta Minerals Metals. Además, en la zona central, la Reserva Nacional Río Cipreses (VI Región), en la que la Corema aprobó la construcción de una central hidroeléctrica de pasada. Más recientemente, se registra la aprobación por parte de la Corema RM de la central hidroeléctrica Alto Maipo, que afectará parte del Monumento Natural El Morado y un Santuario de la Naturaleza catalogado como sitio prioritario para la conservación según la Estrategia Nacional de Biodiversidad.

Estos son sólo algunos ejemplos de lo que ha pasado sólo en los últimos quince meses, y dan cuenta de la absoluta ausencia de una política de protección de la biodiversidad que, desde el Estado, sea capaz de establecer prioridades, hacer respetar las leyes y convenios internacionales vigentes e imponerse sobre los apetitos de ciertas empresas, principalmente del sector energético y minería.

Sin duda, de concretarse estas propuestas, se dará paso no sólo a la consolidación de un enorme retroceso institucional, sino que, por sobre todo, se destruirá sitios claves para la conservación del patrimonio natural del país, que pertenece a todos los chilenos, en un proceso a todas luces irreversible. Es por esto que urge contar con una institucionalidad dedicada a la protección y conservación de la biodiversidad y de las áreas silvestres que sea capaz de gestionar desde una sola institución todas las superficies protegidas del país, y que pueda establecer regulaciones efectivas para garantizar el buen resguardo de nuestro patrimonio natural.


Publicado en: Opinión

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