Organismos públicos se preparan para “transparentar” gestión

A ocho días de que entre en vigencia la nueva Ley Nº 20.285. Desde hace seis meses ministerios, municipios y entidades del sector público trabajan para dar forma a la revolucionaria legislación. Ésta obliga a las reparticiones a publicar las remuneraciones brutas de planta, a contrato o a honorarios. La Nación, 13 de abril 2009.


El próximo lunes 20 de abril entra en vigencia la Ley Nº 20.285 de Transparencia de la Función Pública y el Derecho de Acceso a la Información de los Órganos del Estado, que fue promulgada el 11 de agosto de 2008 por la Presidenta Michelle Bachelet.

La legislación otorgará poder a la sociedad civil para que, mediante un trámite fácil, una persona tenga acceso a información sobre gestión, resoluciones y funcionamiento de los servicios públicos.

La puesta en marcha de esta norma tiene su base en la tecnología asociada a internet, ya que a través de ese sistema cada organismo público canalizará y dará respuesta a la demanda de información ciudadana.

Ministerios, oficinas y empresas públicas, universidades estatales y municipios tendrán que transparentar su gestión, para lo cual la ley establece dos ámbitos centrales que son: la transparencia activa, que obliga a cada organismo a subir y actualizar información a sus páginas web y la transparencia pasiva o solicitud de información, que se refiere a las consultas que puede hacer la gente.

La ley obliga a publicar las remuneraciones brutas de cada funcionario de planta, contrata o a honorario. Tras un mes de discusiones con la Dirección de Presupuesto y la Contraloría, que se entiende por remuneración bruta, se optó por el criterio de informar el sueldo asociado a cada grado, no a cada persona.

Aunque han surgido dudas en torno a la real capacidad que tendrían 80 de los más de 340 municipios del país de llegar sin problemas al 20 de abril, el Gobierno afirmó que para los municipios que carecen de conectividad, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) entregó instrumental y apoyo.

Además, la Oficina de Transparencia del Gobierno, en convenio con Chile País Digital, creó un acuerdo para que aquellos municipios con problemas accedan a tener una página web a través del portal de País Digital.

Para preparar a los administradores del Estado, el Gobierno -a través de la Subdere- instauró jornadas de capacitación en todo el país gracias al presupuesto que dicha repartición maneja para efectos de desarrollo regional y comunal. ($2.435 millones).

Para eso se programó en todo Chile una serie de 24 seminarios de capacitación entre el 23 de marzo y el 16 de abril. En forma paralela, cada municipio y organismo gubernamental se ha preparado para enfrentar el cambio tecnológico. El criterio con los municipios, ha señalado Viera -Gallo, es tener con ellos "un espíritu de marcha blanca".

CAPACITACIÓN

El administrador municipal de La Florida, Juan Houfton, contó a La Nación que han capacitado a 12 funcionarios encargados de diversas áreas como Dirección de Tránsito, Obras, Finanzas, Patentes y Secretaría Comunal de Planificación (Secplac), entre otras.

En el caso de Maipú, este municipio lleva una ventaja anexa, ya que según explicó la directora de asesoría jurídica, Alejandra Carvajal, desde 2007 trabajan en conjunto con Transparencia Internacional, entidad dedicada a combatir la corrupción en el mundo. Ello ha posibilitado formar a sus administrativos de acuerdo a estándares internacionales y definidos con anterioridad.

Enrique Carrillo, encargado del área de capacitación de la Municipalidad de Puerto Varas, añade que han realizado tres seminarios de transparencia abiertos, donde participó casi la totalidad de la plana administrativa. Los encuentros incluyeron talleres sobre cambios tecnológicos relacionados con proyectos de Gobierno.

Francisco Martínez Conde, encargado de soporte del municipio de Pudahuel, adquirió soportes web para cobijar la información que se digitalizará para estar a disposición de la gente.

Por su parte, en la Conama optaron por difundir la ley al interior de la organización, así como también de capacitar a jefes de departamento, encargados de oficinas de informaciones, reclamos y sugerencias.

Claudio Hernández, encargado de operar la ley en Mineduc, dijo tienen 45 oficinas de atención en todo el país, lo que les brinda experiencia ante la consulta ciudadana.

Sanciones a los que no cumplan
 
La nueva legislación establece sanciones para los que nieguen acceso a información de manera injustificada o tengan una solicitud que nunca tuvo respuesta, señala Felipe del Solar. El organismo encargado de llevarlas a la práctica es el Consejo para la Transparencia. Éstas las aplica el jefe del servicio y pueden ir desde el descuento del 20% de su remuneración hasta situaciones graves, que implican el 100% de su remuneración o suspensión por cinco días del cargo. Las personas podrán solicitar información por escrito o por medios electrónicos.
 
Una nueva era
 
Cuando el 20 de abril entre en vigencia la Ley Nº 20.285 de Transparencia de la Función Pública y el Derecho de Acceso a la Información de los Órganos del Estado, un gran cambio operará en los servicios públicos del país. Será el comienzo de una nueva era, marcada por la transparencia de los organismos y el acceso a la información de los ciudadanos.

La normativa fue promulgada en agosto del año pasado por la Presidenta Bachelet. Sin embargo, sus orígenes se deben buscar en anteriores gobiernos de la Concertación. Un primer paso se dio en 1994 cuando la Comisión Nacional de Ética Pública, formada en el Gobierno del ex Presidente Frei, propuso 41 recomendaciones en su informe final de gestión y donde se incluía la consagración de la transparencia como principio constitucional.

La nueva normativa ha sido definida como un “hito histórico”. Y cómo no si desde ahora los ministerios, municipios y entidades públicas estarán obligados a subir más información a sus páginas web y entregar a las personas la información que requieran.

Si no cumplen, se establecerán sanciones para los jefes de servicios. El organismo que las aplicará es el Consejo para la Transparencia. Estarán expuestos los jefes de servicios y los castigos irán desde el descuento del 20% de su remuneración hasta situaciones graves, que implicarán el 100% de su sueldo o suspensión por cinco días”.

La Agencia de Probidad y Transparencia, que durante ocho meses preparó la implementación de la normativa, ha destacado su trascendencia. “Es un compromiso y un cambio que le hace bien a la democracia chilena”, ha remarcado.
 
“Sería positivo” que abarcara a universidades
 
El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, respondiendo a una consulta periodística, indicó que podría resultar positivo que las universidades estatales quedaran bajo el prisma de esta nueva ley y transparentaran sus gestiones.

“Creo que esto va a generar una situación de competencia con las universidades privadas. Sin embargo, yo estoy seguro de que este impulso contagiará a las entidades privadas. Es decir, a poco andar nosotros vamos a tener que discutir en el país cuál es el estatuto de transparencia de actividades privadas como las universidades, empresas concesionadas -pienso en los canales de televisión-, o de empresas que administran fondos públicos, de ciudadanos o que tienen el aval del Estado”, remarcó el secretario de Estado.

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