Abogado de Patagonia Sin Represas anuncia fensiva por masivos derechos de agua y concesiones mineras

Se reunió con pobladores y alcaldes de las comunas de Tortel y Chile Chico. La finalidad será revertir los problemas de acceso legal al agua que tienen muchos pobladores de Aysén y la solicitud y entrega masiva de concesiones mineras en predios de pequeños campesinos con el fin de “blindar” inversiones eléctricas. Prensa Consejo de Defensa de la Patagonia, 25 de mayo 2009.


Un frente será la irregularidad en que está incurriendo la canadiense Transelec en el uso fraudulento del Código Minero, situación ya informada a las autoridades de la Comisión para la Cooperación Ambiental de Canadá que supervisa el cumplimiento del acuerdo ambiental suscrito con ese país en 1997.

Reuniones con pobladores, dirigentes y los alcaldes de las comunas de Tortel, Bernardo López, y Chile Chico, Luperciano Muñoz, sostuvo durante los últimos días el abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), Marcelo Castillo, quien impulsa diversas acciones legales relacionadas con los proyectos de represas de Endesa y Colbún (HidroAysén) y Xstrata (Energía Austral) en los ríos patagónicos, y con la línea de transmisión de Transelec en la Región de Aysén.  Durante el viaje dialogó con vecinos afectados por los trabajos no autorizados que realizan empresas contratistas de estas compañías, ahondando en forma especial en los problemas de acceso legal al agua y de solicitud y entrega de concesiones mineras en predios de pequeños campesinos.

“Fue una importante visita a la región donde vimos que hay bastante interés y necesidad de asistencia legal, la cual vamos a proporcionar.  Nos comprometimos a defender a muchas familias que están siendo afectadas por actividades de HidroAysén y otras compañías” explicó Castillo, quien el lunes pasado se trasladó hasta Caleta Tortel para entrevistarse con pobladores y visitar la zona del río Pascua.

Un aspecto que llamó su atención fue la situación de los recursos hídricos, mayoritariamente bajo el control de Endesa, lo cual ha generado “que existan afectados de las comunidades locales que no pueden sacar agua en toda la cuenca del río Baker, y por lo tanto también vamos a trabajar ese tema” puntualizó. 

Una situación similar se vive con la solicitud y entrega de concesiones mineras en cientos de predios de la región para “blindar” las inversiones hidroeléctricas.  “Interesó también a los vecinos y comunidades locales el tendido y todas las concesiones que se están pidiendo con fines distintos a la legislación minera.  En este caso para construir líneas de transmisión y torres de alta tensión eléctrica” señaló.

El jueves llegó a Chile Chico donde se reunió con el colectivo Antukulef, difundió información sobre derechos de los propietarios mediante programas radiales y se entrevistó con el alcalde Luperciano Muñoz, quien reiteró su compromiso de impulsar acciones legales contra estas empresas dado que gran parte de la cuenca del Baker (lago General Carrera, lago Bertrand y nacimiento del Baker) se ubica en su comuna, la que hoy está siendo afectada por los masivos derechos de agua y concesiones mineras entregados a las eléctricas y está amenazada por el eventual paso las torres de alta tensión.

Durante la tarde del viernes el abogado participó en una reunión para conocer la realidad de El Claro y Panguilemu, en la comuna de Coyhaique, donde hay muchos pequeños propietarios y chacareros que ven con preocupación el posible paso del tendido eléctrico por esos sectores y ante lo cual entregaron mandatos para la presentación de demandas colectivas.

En opinión de Marcelo Castillo la situación que se vive en la Región de Aysén, y particularmente en la zona sur, “es contraria a la equidad.  Los derechos de agua deben ser para las personas que explotan la tierra, que tienen proyectos en la zona, y no para la especulación de grandes proyectos, en este caso hidroeléctricos”.  Agregó que con relación a las concesiones mineras “evidentemente siempre se trata de favorecer a las empresas grandes en desmedro de los pequeños empresarios mineros o de las personas que quieren establecer algún tipo de actividad.  Nos llama la atención que las autoridades, que son las llamadas a velar los principios de equidad e igualdad ante la Ley, sean los primeros en violarlos en el sentido de favorecer a las grandes empresas”.

ACUERDO CON CANADÁ

Una ofensiva que el profesional ha liderado por mandato del CDP es la demanda contra el Estado chileno por incumplimiento de la legislación ambiental interna que se interpuso en junio de 2008 en Ottawa ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de Canadá que supervisa el acuerdo suscrito por ambas naciones en 1997.  En diciembre pasado este organismo declaró admisible el reclamo de la organización ciudadana.

En tanto el 12 de mayo de este año se realizó en Santiago una sesión pública del Comité Consultivo Público Conjunto del Acuerdo de Cooperación Ambiental Chile Canadá donde, junto al secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo, entregó un dossier con las irregularidades detectadas en el marco de la evaluación del EIA de Hidroaysén, con especial énfasis en las concesiones mineras solicitadas para “proteger” el tendido eléctrico de Transelec, controlada por la canadiense Brookfield Asset Management.

En la ocasión “les ellos llamó mucho la atención este tema.  No entendían que se usara la legislación minera, de manera fraudulenta, con fines ambientales” explicó Castillo.  Incluso, Dean Knudson, director general para las Américas y representante del Ministro del Medio Ambiente de Canadá, Jim Prentice, “dijo claramente que las empresas canadienses tenían que respetar la Ley en todas partes del mundo.  Es un principio de su legislación interna que ellos se iban a preocupar de que lo cumplieran” recordó el abogado.

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