Aprobación de Ley de Pesca en Comisión de Cámara Baja es más de lo mismo en industria salmonera

Los parlamentarios perdieron la oportunidad de ejercer su rol de garantes del bien común y legislar para todos los chilenos, al no introducir modificaciones significativas en la propuesta legal presentada por el Ejecutivo, el cual valida las prácticas ambientales y sanitarias de la industria salmonera.

Anoche la Comisión aprobó modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de manejo sanitario y productivo de la industria salmonera, fuertemente afectada por la expansión del virus ISA. La idea de la propuesta legislativa es generar un modelo de producción que le permita a la industria una rápida salida de la crisis. Sin embargo, la reforma aprobada no aborda los temas de fondo y permite a la industria continuar desarrollando prácticas que sólo postergarán el problema unos años, sin abordar los temas de fondo, los mismos temas que causaron la crisis por la que ahora atraviesa.

Al parecer, firmar un acuerdo con los trabajadores, en el que se aborda el tema laboral, hace pensar a los parlamentarios que pueden desligarse de su responsabilidad de hacerse cargo de las falencias que presenta esta modificación, especialmente en el ámbito sanitario y lo relativo a las concesiones como garantías crediticias.

En forma prácticamente unánime los diputados Patricio Melero, Jorge Ulloa, Claudio Alvarado, Carolina Goic, Patricio Vallespín, René Alinco, Espinoza, Alfonso de Urresti, Carlos Recondo, Pablo Galilea y Clemira Pacheco, aprobaron casi sin modificaciones el proyecto del Ejecutivo. Uno de los puntos que se esperaba generaran conflicto era las modificaciones relacionadas con las concesiones acuícolas, que fue aprobada con la única abstención de la diputada (PS) Clemira Pacheco.

Esta modificación consolida un sistema que ha permitido prácticas ambientales y sanitarias nocivas, que están en la génesis de la actual y prolongada crisis de la salmonicultura, que ha provocado más de 17.000 despedidos.

De acuerdo a la propuesta legal aprobada, las empresas salmoneras podrán entregar concesiones indefinidas de porción de agua y fondo -un bien que según la Constitución pertenece a todos los chilenos- como garantía crediticia a los bancos, valorándolas a un precio mucho mayor que las 2 UTM anuales que se paga en la actualidad por cada hectárea de superficie de agua.

El foco legislativo, una vez más, se fija en apoyar la producción sin cuidar el medio ambiente que sostiene a esta actividad. La creación de los barrios productivos en los que se podrá tratar, en un mismo período, a los peces de varios centros de cultivo con químicos altamente nocivos, no regulados y que pueden afectar a las personas y a muchos organismos que habitan naturalmente esas zonas, representa un alto riesgo para el equilibrio ecosistémico de las aguas y costas del sur de Chile.

En cambio, estas propuestas no abordan ninguno de los cambios y problemáticas fundamentales en las condiciones actuales de producción del sector, tales como límites máximos de densidad de siembra y cosecha, escape de peces, uso de químicos, capacidad de carga de los ecosistemas, entre otros, todas cuestiones fundamentales para que no se vuelva a repetir una crisis sanitaria como la que se vive en la actualidad.

El apoyo transversal a esta iniciativa demuestra que tanto desde la derecha como en el oficialismo existe un compromiso con la industria, que está por sobre el bien común de los habitantes de las zonas afectadas o de la necesidad de proteger el medio ambiente. Esto demuestra que la miopía de este gobierno es igual a la de gobiernos anteriores, la misma visión cortoplacista que generó esta crisis. Este paso dado por la Cámara de Diputados es más de lo mismo.

El proyecto deberá ahora discutirse en la Comisión de Hacienda del Senado, luego de lo cual será debatido en el Senado.

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