Concesiones Acuícolas en Chile

Columna de opinión de Arturo Carreño, Economista de Fundación Terram, publicada en diario El Llanquihue el 24 de mayo de 2009.


Por estos días se encuentra en trámite en el Parlamento un proyecto de Ley que propone modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura. Este proyecto de ley establece diversos cambios en el sector acuícola, específicamente en la salmonicultura, tales como, la implementación de un nuevo modelo de producción que cambiará la forma de producir y la disponibilidad de empleo. Pero el tema más preocupante en términos del resguardo del bien común, es el que dice relación con la posibilidad que tendrían las empresas salmonicultoras locales para hipotecar las concesiones acuícolas que poseen.

Sin lugar a dudas, este es un tema que debería preocupar a la autoridad ya que las concesiones acuícolas, que en estricto rigor son derechos de uso y goce por un tiempo indefinido sobre bienes nacionales, en este caso porciones de agua, y fondo marino, y que es un patrimonio de todos los chilenos. Este bien nacional es susceptible de negocio jurídico según la ley de Pesca del año 1991, y por tanto en un escenario hipotético, (pero no lejano de la realidad, convertirse en verdaderos activos financieros susceptibles de ser transados en el mercado. El actual proyecto de ley apunta de manera explícita a que bienes del Estado chileno, como es el agua, entregados en concesión en forma indefinida sean hipotecados, situación que resulta francamente inaceptable, ya que se legitimaría un mercado secundario en el que se transarían a precios – probablemente muy altos – concesiones o derechos de uso, que para las empresas han sido otorgadas prácticamente gratis.

Argumentos como estos, ponen en evidencia que los costos por concepto de concesión para las industrias salmoneras chilenas (2 UTM al año) resultan totalmente irrisorios. No es posible que corporaciones de la envergadura – en términos de producción y exportaciones – de Empresas AquaChile S.A., Marine Harvest Chile S.A., Multiexport S.A., Mainstream Chile S.A., Compañía Pesquera Camanchaca S.A., que por lo demás ostentan cerca del 50% de las exportaciones salmonicultoras chilenas, cancelen por concepto de concesión acuícola aproximadamente $6.000 mensuales por hectárea. La interrogante que surge aquí es cuánto dinero le reporta a estas empresas una hectárea marina, en términos de la cantidad de salmones que se pueden producir por volumen de agua concesionada.

Un antecedente que resulta aún más curioso es que sean estas mismas compañías las que presentan los máximos niveles de endeudamiento con la banca nacional. De acuerdo a cifras entregadas por los medios locales, la deuda de gran parte de las empresas salmonicultoras, ascendía a mediados de julio de 2008 a US$ 1.600 millones, cifra que en la actualidad posiblemente bordee los US$ 2.000 millones.

Sobre la base de los argumentos antes expuestos, sólo queda señalar que la legislación chilena en materias acuícolas no ha estado a la altura de la circunstancias y debido a ello es que se requiere con carácter urgente modificaciones idóneas en términos de la renta económica que brinda a estas corporaciones el uso y goce de las aguas chilenas.

 

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