“La apuesta por el tema ambiental está resultando”

Ana Lya Uriarte, ministra de Medio Ambiente, celebra la aprobación unánime en la Cámara del proyecto que crea la nueva institucionalidad ambiental, explica cómo ésta beneficiará directamente a los ciudadanos y mira con optimismo el camino que espera a la ley en el Senado. La Nación, 10 de mayo 2009.


El martes, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que crea un Ministerio de Medio Ambiente, un servicio de evaluación ambiental y una superintendencia que fiscalizará el sector. El trabajo fue arduo, asegura la abogada Ana Lya Uriarte, ministra de Medio Ambiente, pero finalmente la posición favorable de la OCDE, el club de los países desarrollados, terminó por inclinar la balanza a favor del Gobierno.

¿Por qué usted calificó de "histórico" el paso que se dio en la Cámara de Diputados?

La señal que pueden recibir nuestros ciudadanos es que se cumple un compromiso de Gobierno de la Presidenta Bachelet. El Parlamento ha acompañado y ha aportado en este proceso con una visión propia. En definitiva, la apuesta por un tema ambiental nos está resultando y eso es una muy buena noticia para el Chile de hoy y para el Chile del futuro.

¿Por qué ha sido tan largo el camino? Sabemos las complejidades del tema medioambiental, donde las empresas critican si se regula mucho y los ambientalistas piensan que se hace poco.

El primer gran hito en materia ambiental lo vivió Chile durante un gobierno de la Concertación, en 1994, cuando se dictó la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Entonces el país hizo suyo el gran desafío de la sustentabilidad: equilibrar un crecimiento económico que el país quiere y necesita con una adecuada protección ambiental, al tiempo que incluye la variable de la equidad social. Ahora el país necesita dar otro gran salto, y avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, con la creación de un ministerio; de una superintendencia, porque la fiscalización es clave a la hora de saber cómo nos estamos comportando, y de un servicio de evaluación ambiental que dé garantías de credibilidad tanto a la ciudadanía como al sector privado y público.

Los ambientalistas aplaudieron lo ocurrido en la Cámara, pero dicen que hay temas pendientes.

Hemos sido muy claros en señalar que éste no es el punto de llegada, es un tránsito. Para abordar mejor todas aquellas situaciones que se generan es necesario tener herramientas poderosas, y un ministerio, una superintendencia y un servicio de evaluación ambiental lo son. El ciudadano va a poder ir a buscar información generada a nivel nacional, regional y comunal, sin que tenga que pagar por ella ni buscar a algún profesional de buena voluntad que quiera asistir a esa comunidad para tener la verdadera fotografía ambiental del lugar en el que viven. Esa información la va a proporcionar gratuitamente el Estado. Y ese ciudadano que quiere participar lo va a hacer no sólo cuando una iniciativa ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental. Si el proyecto evaluado sufre cambios significativos, deberá preguntársele su opinión a la comunidad nuevamente. Y esa comunidad tendrá los mismos recursos administrativos que hoy tiene el titular del proyecto para reclamar. Es decir, es una ley que avanza en la línea de disminuir la brecha que existe, en cuanto a información y recursos, entre los proponentes y las comunidades.

La derecha históricamente ha resistido el tema medioambiental, ¿cómo piensa vencer algunas de las aprensiones que persisten, por ejemplo, sobre la sustitución del rol de la Corema?

La votación unánime en la Cámara de Diputados nos habla de la realidad incontrarrestable que vive nuestro país y el mundo. Más allá de las ideas políticas, se ha instalado una conciencia social, y también política, de que el tema ambiental requiere ser fortalecido y equiparado a otros aspectos de la vida en comunidad, como las variables económicas y sociales. El tema ambiental es aquel que da respuesta a la ciudadanía respecto de su calidad de vida.

¿No se puede volver atrás entonces?

Podremos discutir sobre las estrategias para lograr ese fortalecimiento institucional u otros aspectos, pero hay un punto que ya está fuera de discusión y es que Chile necesita contar con una institucionalidad más fuerte que, por lo demás, es aquello que nos ha hecho ver la OCDE, que no es precisamente Greenpeace a la hora de hacer propuestas. La OCDE habla de la necesidad de tener mejores instituciones, mejores regulaciones, mayores certezas de las reglas del juego y organismos de inspección fuerte, con claridad de procedimientos.

¿Qué escenario prevé en el Senado?

Para tener una percepción de lo que sucederá en el Senado requerimos al menos un par de sesiones con la Comisión de Medio Ambiente. Pero sí puedo señalar que todos los senadores que componen dicha comisión han estado vinculados a sesiones o audiencias con organizaciones ciudadanas o representantes del sector privado, a propósito de temas netamente ambientales. Su conocimiento de lo que significa el tema ambiental en los territorios es indiscutible, lo que configura un muy buen escenario para conversar. Eso nos hace albergar muy buenas expectativas respecto de un diálogo fluido y un ánimo de análisis expedito del proyecto, desde luego con todos los tiempos que la prudencia indica que son necesarios para una adecuada discusión.

¿Cuándo podría convertirse en ley?

Nuestra expectativa es que el proyecto sea aprobado antes del término del Gobierno de la Presidenta Bachelet. Y estamos optimistas porque, contra todo pronóstico, el proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados en menos de un año desde que ingresó. //LND

La Farfana
 
Tres años y medio llevan peleando en los tribunales unas 500 familias de la villa Alto Jahuel de Maipú que han sido afectadas por los malos olores de la planta de tratamiento de aguas residuales La Farfana. Esta semana, un fallo de primera instancia condenó a Aguas Andinas a pagar cinco millones de pesos a cada uno de los demandantes. La ministra Uriarte asegura que si hubiera estado vigente la nueva institucionalidad, la respuesta a los vecinos habría sido más oportuna, porque la futura superintendencia contará con facultades para ingresar al lugar –en este caso a la planta– con un fiscalizador, que actuará como ministro de fe y tomará acta de lo que ocurre, con el objetivo de llevar adelante los procesos que correspondan en forma expedita.

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