Pascua Lama, Hidroaysén y Celco, los grandes afectados por el Código Indígena

Mapuche preparan catastro. Proyectos emblemáticos para el mundo empresarial como HidroAysén y Pascua Lama, podrían verse afectados por la nueva normativa que busca, entre otras cosas, que los beneficios de los proyectos empresariales en zonas indígenas sean compartidos con los pueblos originarios, y al mismo tiempo, estas iniciativas sean evaluadas por un concejo especial con participación activa de indígenas. El Diario Financiero, 28 de mayo 2009.


Un completo catastro con todos los actuales y futuros proyectos de inversión que puedan generar conflicto con las comunidades indígenas del país, prepara los diversas etnias originarias del territorio nacional, luego que se anunciara que el gobierno está pronto a finiquitar el texto del Código de Conducta Responsable (CCR), normativa amparada en el Convenio 169 de la OIT que Chile firmó en 2000, ratificado por el Congreso a inicios de 2007, y que pretende establecer una relación de respeto entre indígenas y empresas, entre otras materias.

Mientras varios sectores productivos del país han señalado en reiteradas oportunidades su profunda preocupación por el impacto que pueda generar esta normativa en sus proyectos, los indígenas no se han quedado de brazos cruzados y ya han delineado cinco zonas o proyectos en un precatastro que será presentado en su totalidad el próximo 22 de junio, fecha simbólica y clave pues es un día antes del Año Nuevo Mapuche, oportunidad en la que las comunidades logran reunir a la mayor cantidad de gente.

Según detalló a Terra.cl el líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, "el día 22 de junio vamos a realizar una gran reunión en Temuco para elaborar un catastro de todos los problemas que hay y que va a afectar este Código y la entrada en vigencia del Convenio. El catastro reúne todas las problemáticas que se producen por las inversiones nacionales y trasnacionales".

El Werkén dijo además que la cita tiene tres propósitos. "Primero, hacer el catastro; segundo, fijar una posición común con los otros pueblos indígenas; y en tercer lugar, fijar un plan de acción para llevar a la práctica".

PRE CATASTRO

En tal sentido, los Mapuches ya se han ido adelantado a la tarea de elaborar el catastro, pues el CCR cubre una vasta extensión territorial que llega a las 9.448.630 hectáreas, de las cuales 8,4 millones corresponden a las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI), y el otro millón de hectáreas, a terrenos indígenas.

En los documentos que han ido elaborando, incluyen a los cinco proyectos hidroeléctricos (algunos en estudio y otros en ejecución) de Endesa y SN Power en la provincia de Valdivia, comuna de Panguipulli.

Una segunda área cuestionada y que se menciona en el catastro preliminar, es la piscicultura en la zona precordillerana de las comunas de Lonquimay, localidad que cuenta con un 65% de población Mapuche y de Melipeuco. Ahí serían tres proyectos cuestionados en la primera localidad y uno en Melipeuco. Según se reclama, la agricultura de peces en esos sectores, tendría contaminada el agua de los valles.

En tercer lugar, las comunidades indígenas están cuestionando las concesiones mineras que se han solicitado alrededor del lago Lleu Lleu, ubicado en plena cordillera de Nahuelbuta, provincia de Arauco, comuna de Tirúa.

Según señalan, al menos 30 comunidades Mapuches se ven afectadas por estas concesiones, muchas de las cuales ya han sido otorgadas.

En cuarto lugar, las comunidades indígenas también están catastrando los diversos problemas que se han generado con las forestales que operan en territorio que los Mapuches defienden como suyos desde tiempos ancestrales.

"Vamos a revisar cómo se resuelve este asunto, ya sea indemnizando o negociando. Los empresarios van a tener que acostumbrarse a conocer y respetar los indígenas, ya no pueden darnos más la espalda", dice el comunero en referencia a empresas como Minico, Arauco, Tierra Chilena (forestal japonesa) y Celco.

Sobre ésta última además, el Werkén plantea que existe una polémica no menor, pues la empresa estaría trabajando en desechar sus RILES en la desembocadura de Mehuín, pasando por cuatro localidades Mapuches: Puringue, Yeco, Mehuín Alto y Mehuín Bajo.

En quinto y último lugar del catastro preliminar, las comunidades también han identificado al megaproyecto minero de Barrick Gold, Pascua Lama, como un posible foco de conflicto luego que comience a regir el CCR pues su construcción no cumple con esta normativa.

"Tenemos una gran herramienta todavía en la mano para revisar lo que ahí está pasando. Si se ha pensado que Pascua Lama está ganado a favor de las empresas, no. Yo tengo que decir que todavía tenemos una gran herramienta. Ahí no hubo consentimiento previo libre e informado y eso hoy día es parte de los derechos humanos de los que tienen que beneficiarse los pueblos indígenas. Ahí no hubo consentimiento de los indígenas ni de los habitantes de esa zona", dice Huilcamán, en referencia a que el nuevo Código exige que este tipo de proyectos se aprueben por la comunidad indígena local.

Barrick Gold no quiso referirse al emplezamiento hecho por comuneros indigenas.

Por otra parte, el proyecto de Endesa y Colbún, HidroAysén, que contempla la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en la XI región, también preocupa a las comunidades originarias, pues la línea de transmisión que proyecta construir Transelec, la firma a cargo del tendido eléctrico que llevará la energía hasta Santiago, pasa por zonas indígenas que se incluyen en las más de 9,4 millones de hectáreas que establece la CCR.

"Eso evidentemente va a ser un punto que se tiene que abordar. En definitiva, el Código y el Convenio 169 tratan todos los asuntos que afecten a los pueblos indígenas, y eso está dentro de ese contexto completamente", dice Huilcamán.

Tanto de Transelec como desde Endesa, los ejecutivos han señalado que estudian con atención el CCR, pero que en general, ven en esta normativa un nuevo elemento de riesgo para la ejecución del proyecto.

 

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