Reforma a la Ley de Pesca presenta graves deficiencias

La iniciativa legal busca establecer un mecanismo de salvataje para la industria del salmón, actualmente afectada por una grave crisis. Uno de los aspectos más cuestionables es el que permitiría a las empresas entregar sus concesiones acuícolas como garantía para préstamos bancarios, consolidando un mercado secundario que atenta contra el espíritu del sistema de concesiones. Declaración Pública OLACH-Terram-Cenda-Canelo 11 de mayo de 2009.

En enero de 2009 ingresó al Parlamento una modificación a la Ley de Pesca y Acuicultura, cuyo objetivo es establecer nuevas regulaciones sanitarias y ambientales para la industria del salmón, y al mismo tiempo permitir la entrega de concesiones acuícolas en garantía para créditos bancarios.

Desde hace casi un mes, la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados discute esta iniciativa legal, que ahora se encuentra con suma urgencia por lo que probablemente se votará esta semana. Sin embargo, debido a las deficiencias del proyecto, así como a la necesidad de abordar los problemas sociales y laborales que ha desatado esta crisis, el proyecto está paralizado mientras se intenta alcanzar un acuerdo social y político entre los trabajadores, el gobierno y el Parlamento. 

La reforma legal propuesta por el Ejecutivo apunta a modificar el funcionamiento de la salmonicultura, generando un nuevo modelo de producción con renovadas regulaciones. Además, se extiende la zona en que se cultivan salmones, para permitir una desconcentración territorial de la producción. Pero el modelo propuesto no sólo tiene implicancias ambientales y sanitarias, también tiene consecuencias en el ámbito laboral, ya que la desconcentración territorial implica cambiar de sitio las fuentes laborales, así como todo el esquema de producción y transporte. Esto generaría nuevos impactos sociales, ambientales y sanitarios, además de interacciones con otras actividades económicas que se desarrollan en la zona y que no están siendo debidamente abordadas en la propuesta legislativa, incluyendo a la pesca artesanal, comunidades huilliche, mitilicultores y el turismo. 

Pero sin lugar a dudas, uno de los aspectos más riesgosos de las modificaciones que se pretende implementar, es el que está relacionado con la posibilidad de que las empresas cultivadoras de salmones puedan entregar las concesiones acuícolas en garantía para créditos bancarios. 

Según la legislación chilena vigente, las aguas son bienes nacionales de uso público, es decir, pertenecen a todos los chilenos, pero pueden ser entregadas a un particular en forma indefinida en concesión para el desarrollo de la acuicultura. Por este concepto, el Estado de Chile recibe como pago la módica suma de 2 UTM por hectárea concesionada al año, esto es, alrededor de $73.700 anuales. En el caso de la salmonicultura, las empresas poseen más de 10.000 hectáreas  concesionadas entre las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. En el año 2007 el pago por concepto de concesiones significó a la industria salmonera el 0,2% de sus utilidades y sólo el 0,053% de sus ventas. 

Si estas concesiones son entregadas como garantía a los bancos, sería especialmente grave debido a:

– Las concesiones que ya están en poder de los salmoneros en forma indefinida, y que ahora podrían ser entregadas como garantías a los bancos, cobrarían un valor muy superior al que se paga al estado año a año, y pasarían a ser activos financieros susceptibles de ser transados en el mercado.

– Como consecuencia, se daría legitimidad al funcionamiento de un mercado secundario que transaría estas concesiones. Esto atenta contra el espíritu del sistema de concesiones, en el cual el Estado cede parte de su propiedad a los privados para el desarrollo de actividades productivas, no para la especulación financiera.

– A través de la nueva figura legal que se pretende implementar, se demuestra que el valor de la concesión acuícola es mucho mayor que el costo que se paga por ésta al Estado. Por lo tanto, hay un valor económico que el Estado ha traspasado a los privados y que debería ser reconocido por las empresas. 

La legislación hoy vigente ya entregó las concesiones acuícolas para el desarrollo de diversas actividades en forma indefinida a privados, sin establecer obligaciones respecto del mantenimiento de la calidad de las aguas y de los ecosistemas ni mecanismos de control sobre el uso de los territorios entregados, a través de concesiones que son prácticamente irrevocables.

El mecanismo de entrega de concesiones que ha funcionado hasta ahora está lejos de ser el más adecuado, ya que traspasa recursos de todos los chilenos a empresas privadas para el desarrollo de actividades económicas productivas, sin establecer obligaciones mínimas. De hecho, las empresas salmoneras han sobreutilizado y contaminado los espacios marinos en concesiones hasta provocar la crisis que vive hoy el sector. Por esto, resulta insólito que ahora el gobierno, a través de este proyecto de ley, pretenda seguir premiando a un sector empresarial que ha dado claras muestras de tener malos comportamientos sanitarios, ambientales y laborales, pues además de concederles el derecho a transar un bien nacional de uso público -lo que ya está contemplado en la actual ley-, también les permite especular con estos bienes.

Sabemos que la industria está en crisis y que el gobierno, a través de esta ley, pretende establecer un mecanismo de salvataje para el sector. Sin embargo, la propuesta en discusión  no nos parece adecuada, ya que no permite al Estado controlar un bien nacional de uso público. Resulta cuestionable en especial lo relacionado con el mecanismo de facilitar créditos bancarios a través de valorizar las concesiones de acuicultura, ya que esto no resuelve el problema. Consideramos que estas medidas apuntan en sentido contrario a lo que debe ser el rol de los organismos del Estado, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo, ya que ellos tienen como misión resguardar el patrimonio de todos los chilenos y garantizar el acceso en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos a los bienes nacionales de uso público. Es por esto que hacemos un llamado al Gobierno y al Parlamento a que asuman su rol y no continúen premiando a la industria salmonera y poniendo  en riesgo el bien común.

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