Terram Llama a Agilizar Cumplimiento de Compromisos Ambientales

Desde que la Presidenta Michelle Bachelet asumió el gobierno el año 2006, ha cumplido parcialmente los compromisos ambientales asumidos en su programa de gobierno, tal como se señala en este análisis de parte de sus compromisos electorales. A nueve meses de que finalice su mandato, todavía queda espacio para darle cumplimiento a importantes compromisos pendientes, pero sobre todo para generar espacios efectivos de participación ciudadana. Comunicado Prensa Terram 20 de mayo de 2009.


Entre los logros de la Presidenta Michelle Bachelet destaca el nombramiento de la primera ministra de Medioambiente y el envío al Congreso del Proyecto de Ley que Reforma la Institucionalidad Ambiental, creando el Ministerio, el Servicio de Evaluación y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental, iniciativa que ya superó su primer trámite constitucional e inició  su discusión en el Senado. Sin embargo, la política de la desregulación y de priorizar lo económico por sobre lo ambiental -inaugurada en el gobierno de Frei y profundizada en el de Lagos-, se ha mantenido, lo que ha significado una agudización de los conflictos y problemas institucionales.

A propósito de la última rendición de cuentas públicas al país de la Presidenta, este 21 de mayo, Terram entrega su evaluación de lo que hasta ahora ha sido su gestión en materia ambiental:

– En términos generales, el llamado “Gobierno Ciudadano” se ha caracterizado en materia ambiental por la toma de decisiones sin participación ciudadana. Instrumentos como el Plan de Acción de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cuencas, la política de glaciares o la de químicos y la misma Reforma a la Institucionalidad, entre otras, son políticas públicas que no fueron discutidas con los diversos actores, por lo que carecen de la mirada territorial/local, y difícilmente podrán responder adecuadamente a los problemas que enfrenta Chile y la ciudadanía en esta materia.

– No se ha avanzado en la dictación de normas de calidad primarias y secundarias ni de normas de emisión, ni en la actualización y revisión de la normativa vigente en estas materias.

– No se han decretado nuevas Áreas Silvestres Protegidas marinas, ni se ha creado una institucionalidad dedicada a resguardar los recursos genéticos y ecosistemas prioritarios del país. A pesar del compromiso explícito de la Presidenta de crear un Servicio de Conservación de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuestión reiterada en el Acuerdo de Chagual, el proyecto que reforma la actual institucionalidad ambiental dejó fuera la creación del mismo.

– Si bien se avanzó con la aprobación de la ley de Bosque Nativo y Fomento Forestal, su promulgación implicaba que, en el plazo de 9 meses, el Gobierno enviaría al Parlamento tres leyes complementarias destinadas a abordar el tema de la sustitución, las áreas silvestres y la institucionalidad, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido.

– En materia energética se ha avanzado con el envío del proyecto que crea el Ministerio de Energía y la Agencia de Eficiencia Energética, en discusión en el Parlamento, con la dictación de la Ley de ERNC y el fortalecimiento del PPEE. Sin embargo, estos instrumentos son insuficientes para disminuir la vulnerabilidad de la matriz y garantizar el suministro energético. Aún no existe una discusión sobre una política energética de largo plazo. Además, el Gobierno inició estudios enfocados en la energía nuclear, lo que gatilló la ruptura del Acuerdo de Chagual.

– Desde el sector público se ha instalado un proceso de desregulación ambiental que genera daños al patrimonio natural del país, y que no considera a las economías locales y los procesos ciudadanos, lo que lleva a la ausencia de participación efectiva, a la frustración y conflictividad. Este gobierno al igual que los anteriores, entrega a los privados la resolución de los problemas ambientales del país y no asume su rol constitucional de velar por el derecho ciudadano de vivir en un ambiente libre de contaminación y proteger el patrimonio natural.

– La participación ciudadana y el acceso oportuno a la información constituyen herramientas fundamentales para avanzar en políticas ambientales. Durante el gobierno de Bachelet se avanzó en la promulgación de la Ley de Transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado, ley que recién inicia su implementación. Sin embargo, la ley de participación ciudadana, la Ley del Lobby y la creación del Ombudsman siguen entrampados en el Parlamento.

– Se ha avanzado con la creación y nombramiento de la primera Ministra de Medioambiente del país y con el envío al Congreso del proyecto de Ley que Reforma la Institucionalizad Ambiental. Sin embargo, resulta poco probable que esta ley sea promulgada durante este período presidencial.

Pese a que este análisis no abarca todos los compromisos ambientales asumidos por la Presidenta Michelle Bachelet, sí da cuenta de un panorama general. A poco más de nueve meses de finalizar su mandato, todavía queda espacio para dar cumplimiento a los compromisos faltantes, y sobre todo para generar espacios efectivos de participación ciudadana.

Fuente: Fundación Terram

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