Crisis en la salmonicultura, sin solución a la vista

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en El Divisadero, el 19 de junio 2009.


La crisis que afecta a la salmonicultura, producto de las malas prácticas sanitarias de la industria, ha alcanzado niveles insospechados. La epidemia de virus ISA, que se propagó sin control por Los Lagos y se extendió hasta Aysén, ha tenido costos para las personas y para el medio ambiente y obligó a la industria a realizar cosechas anticipadas de miles de toneladas de peces. Además de la contaminación, esto ha provocado que los ciclos de siembra y cosecha se alteraran y por ende en los próximos meses y años disminuirá notablemente la producción de salmones, ya que hoy casi no hay peces en el mar. Con menos peces que cosechar y procesar, la consecuencia más inmediata y de mayor impacto es la disminución de puestos de trabajo, que ya ha afectado a alrededor de 17.000 personas. Se espera que antes de fin de año la cifra llegue a 25.000. La pregunta que surge es ¿quién se hace cargo de esta situación?

Pese a sus malas prácticas, desde el principio el gobierno le otorgó un contundente apoyo a la industria con el argumento de resguardar la imagen país, la producción y el empleo. Ya con la crisis financiera mundial instalada, la Presidenta Bachelet le dio un nuevo respaldo al anunciar un apoyo financiero en forma de garantías para créditos con aval de CORFO por US$ 120 millones. Paralelamente, el Grupo de Tareas del Salmón (formado por representantes de organismos públicos) trabajó en modificaciones a las regulaciones sanitarias y ambientales, lo que supuestamente permitiría elevar los estándares de producción y equipararlo al de otros países. 

Como parte de este nuevo modelo de producción, el Ejecutivo envió al Parlamento modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura, que debían consolidar las mejoras realizadas. Pero la propuesta legal está lejos de lo esperado pues no apunta a resolver los temas de fondo; su orientación explícita es, más bien, brindar apoyo o abiertamente un rescate a la salmonicultura en el corto plazo. Estas propuestas, que ya fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, ahora se discuten en la Comisión de Pesca del Senado. Entre sus falencias se cuenta que no considera las otras actividades económicas que se desarrollan en el borde costero, pues se centra en la industria salmonera, facilitando el desarrollo de esta actividad en condiciones sanitarias y ambientales poco exigentes. En teoría genera un nuevo modelo de producción que se extenderá desde Los Lagos al sur, desconcentrando territorialmente la producción y por ende el empleo.

Sin embargo, lo que parece preocupar en primer lugar tanto al gobierno como a los empresarios del sector son los aspectos financieros, como la posibilidad de que se pueda entregar concesiones acuícolas en hipoteca para préstamos bancarios, cuestión que les permitiría salir de la crisis puntual por su alto endeudamiento. La pregunta lógica que surge es ¿qué paso con las ganancias de esta floreciente industria? ¿Por qué una industria tan “exitosa” hoy presenta un endeudamiento cercano a los USD 2.000 millones?

Pero lo que se necesita ahora es que el Estado evalúe la viabilidad de este sector, considerando cuánto ya lo ha subsidiado a través de bonificaciones a la mano de obra o fondos de investigación pesquera, y regularlo adecuadamente. Es decir, considerando el contexto territorial en el que se inserta, todas las actividades productivas que se desarrollan en la zona y la urgente necesidad de mejorar sus prácticas sanitarias, ambientales y sociales. Esperamos que el Senado tenga la sabiduría para abordar estos temas de fondo con una mirada de largo plazo.

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