El 30% de los proyectos en trámite podría optar a silencio administrativo

Más de 200 proyectos actualmente en trámite ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de la Conama estarían en condiciones de optar al nuevo sistema electrónico que permitirá materializar la certificación del silencio administrativo para permisos y autorizaciones ambientales, que anunció la semana pasada el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. El Diario FInanciero, 22 de junio 2009.


“Cumplidos los plazos legales y reglamentarios -y de no haber respuesta por parte de las autoridades pertinentes- se procederá a la certificación electrónica del Ministerio del Medio Ambiente para dar por aprobadas tales solicitudes”, dijo el secretario de Estado en esa oportunidad.

De acuerdo con los datos obtenidos desde el SEIA y que recogen únicamente Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), actualmente a nivel nacional hay 723 proyectos de esta clase en proceso de evaluación. De ellos, un 29% ha excedido los plazos legales de tramitación, que en este caso no pueden superar los 90 días, considerando 60 días regulares y los 30 días que el proceso puede ampliarse.

Al observar el comportamiento por regiones, la Metropolitana es la que concentra el mayor número de DIA en revisión y presenta los desempeños más bajos ya que el 59% de los proyectos está fuera de plazo. Además, el tiempo que las iniciativas pasan en evaluación es en promedio el más alto del país, con 129 días.

En el detalle de las DIA destaca que la segunda iniciativa metropolitana que presenta el mayor grado de retraso corresponde a las modificaciones del paralizado complejo comercial de Cencosud, Costanera Center. Esta iniciativa -de acuerdo con el Indice de Cumplimiento Ambiental desarrollado en forma voluntaria por el SEIA- lleva 896 días en el sistema y, de este lapso, 392 días son de retraso.

Consecuencias

En la Conama dudan de la acogida que tendrá este sistema. Este consistirá en un formulario que estará disponible en la página web del SEIA donde se denunciará el retraso y, si transcurridos cinco días no se recibe respuesta de la autoridad, el proyecto se entenderá aprobado.

La razón que esgrimieron es que aunque esta posibilidad está disponible hace años, sólo una empresa la solicitó e incluso se desistió antes de obtener la aprobación.

De hecho, el propio Pérez Yoma reconoció esta situación en la intervención que realizó en Icare: “Como ustedes comprenderán, se trata de un salto revolucionario, que materializa una disposición que contempla la ley, pero que hasta ahora no había sido implementada, en términos reales, en ningún servicio público, ni tampoco había sido solicitada por los particulares por temor a represalias”.

En la entidad estiman que el formulario no tendrá una  alta rotación, ya que la aprobación por esta vía de un proyecto (estudio de impacto ambiental o DIA) no certifica que se cumplan todas las exigencias establecidas por los diferentes servicios públicos que participan en la evaluación, lo que implicaría el riesgo de exponerse a multas, que -dijeron- harían más recomendable esperar la tramitación regular.

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