Ley de Rescate a Salmoneras
Columna de opinión de Giuliana Furci, Coordinadora Programa de Salmonicultura de Fundación Terram, publicada en diario La Estrella de Chiloé el 17 de junio de 2009.
Reiteradas veces hemos leído declaraciones de representantes del sector industrial salmonero sobre lo imperativo que es para el empleo y la sobrevivencia del sector que se apruebe rápidamente, y tal y como está, la propuesta de modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) que actualmente se discute en el Senado. Argumentan que sin los mecanismos legales para hipotecar las concesiones, establecidas en dicha propuesta de modificación, muchas de las empresas enfrentarán la quiebra. Sin embargo, este proyecto de Ley y las modificaciones a los Reglamentos Ambiental y Sanitario recientemente aprobados, no atienden a solucionar las verdaderas causales que llevaron a la actual crisis económica, laboral y sanitaria por la que atraviesa el sector.
Mientras el Legislativo no se haga cargo de dichos temas y siga adelante con este plan de salvataje a las salmoneras, el medioambiente y el empleo en el sector seguirán amenazados, no sólo por una posible prórroga temporal para la supervivencia del sector, sino por la negligencia de los parlamentarios. Se encuentran ausentes de esta modificación temas como la capacidad de carga de los cuerpos de agua, el establecimiento de una densidad máxima de cultivo, limitaciones al uso de químicos y tiempos entre procedimientos, tratamiento de efluentes, además de modificaciones sutanciales en materia ambiental. No existen modificaciones sustanciales en materia ambiental.
Este proyecto no soluciona la crisis, solamente intenta rescatar a un grupo de empresarios desesperados que han lucrado durante años sobre la base de concesiones prácticamente gratuitas, mano de obra subsidiada y mal pagada, y un marco regulatorio que les acomodó mientras lucraban, aunque ahora digan que es el principal responsable de esta crisis.
Las modificaciones a LGPA fueron aprobadas por la Cámara de Diputados a pesar de la reconocida mala calidad de la propuesta; hoy la responsabilidad recae sobre el Senado, cuyos integrantes tienen la posibilidad de legislar a favor de la gente y los ecosistemas.