Reactivan ofensiva jurídica contra HidroAysén y Pascua Lama

Opositores a megaproyectos recurrieron ayer a la Comisión Ambiental Canadá-Chile y a la Comisión Interamericana de DDHH, respectivamente. La Nación, 11 de junio 2009.


Dos nuevas acciones legales contra HidroAysén y Pascua Lama fueron interpuestas ayer: mientras el Consejo Defensa de la Patagonia recurrió al tratado Ambiental Canadá-Chile (en vigor desde la firma en 1997 del TLC) para que se aplique la legislación sobre recursos hídricos compartidos entre Chile y Argentina, el Observatorio de Pueblos Indígenas solicitó medidas en favor del pueblo diaguita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Respecto de las megarepresas en los ríos Pascua y Baker, el abogado patrocinante, Marcelo Castillo, sostiene que el Estado chileno "ha omitido la normativa ambiental" al no considerar el tratado sobre "Recursos Hídricos Compartidos entre Chile y Argentina" y el "Plan General de Utilización", instancias obviadas por la empresa y que deben ejecutarse previo a la evaluación ambiental.

Se trata del segundo reclamo ante la entidad con sede en Ottawa, que ya en diciembre declaró admisible un recurso presentado contra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

El de ayer, en cambio, apunta a la Corema de Aysén, a la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema por omitir el protocolo sobre recursos hídricos de 1991.

También ayer, la codirectora del Observatorio de Pueblos Indígenas, Nancy Yáñez, solicitó medidas cautelares ante la CIDH para paralizar el proyecto Pascua Lama en tanto la Comisión resuelve la demanda interpuesta por el pueblo diaguita en enero 2007.

Yáñez explica que el Observatorio solicitó similares medidas el 10 y 25 de mayo pasado, luego del anuncio de la transnacional de iniciar las obras en septiembre próximo, pese a que la comunidad agrícola diaguita rechaza el proyecto por afectar parte de las 396 mil hectáreas ancestrales, destruir glaciares y causar adicional daño ambiental por contaminación de la escasa agua.

El Observatorio aclara que desde 2008 existe jurisprudencia por parte de la CIDH: en abril de ese año falló a favor del pueblo Saramaka en pugna con inversiones industriales, obligando al Estado de Surinam a paralizar las obras a objeto de fijar resguardos adecuados con apego a los estándares del Convenio 169 de la OIT sobre consentimiento previo, libre e informado de los indígenas.

 

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