Subsidio al Clúster del Salmón

Columna de opinión de Arturo Carreño, Economista de Fundación Terram, publicada en Diario de Aysén el 23 de junio de 2009.


La crisis sanitaria que vive la industria salmonera chilena se inicio en julio de 2007, mucho antes que estallara la crisis financiera mundial, cuando se reportaron los primeros centros contaminados con virus ISA. Desde entonces, a la fecha, hemos visto numeroso gestos de personeros de gobierno en apoyo a la industria, primero fue “resguardar la imagen país”, luego la creación del Grupo de Tareas del Salmón, más tarde ENADE 2008, escenario escogido por la Presidenta Michelle Bachelet para anunciar un plan económico que iría en ayuda de la industria salmonera. Hoy se sabe que una de las medidas que contiene este plan, contempla la posibilidad para la industria de solicitar créditos teniendo como aval, hasta en un 60% de los créditos otorgados, a la CORFO, es decir dinero de todos los chilenos. El tope de esta garantía, asciende a 8 millones de dólares por empresa y puede ser utilizada en “proyectos de inversión elegibles destinados a mejorar las condiciones de manejo sanitario y ambiental de los cultivos de salmón del país”,  según consta en el “Reglamento de Cobertura a Préstamos de Largo Plazo para la Industria del Clúster del Salmón”, publicado en el Diario Oficial, el pasado 23 de mayo.

Preocupa la intención de las autoridades de proteger y subsidiar a dicha industria, la que por años ha incurrido en malas prácticas sanitarias, laborales y ambientales y cuya crisis y compleja situación sanitaria,  es producto de su propia irresponsabilidad y de la falta de regulación y fiscalización por parte de organismos del Estado.

Es inevitable cuestionarse ¿por qué? se presta ayuda a una industria que ha desarrollado su actividad sobre la base de condiciones laborales precarias, y con evidentes malas prácticas ambientales y sanitarias tales como: sobrecarga de los ecosistemas, sobre producción, acumulación de desechos orgánicos en el fondo marino y lacustre, utilización indiscriminada de químicos y antibióticos, entre otros.

Es inadmisible que se pretenda socorrer con dinero de todos los chilenos a una industria que ha obtenido ganancias, según declara César Barros, en torno a los US$ 500 millones en 2007 y que en 2008 exportó US$ 2.275 millones. ¿Con qué objetivo el Estado justifica la entrega de dichos fondos? “Compensar parcialmente las pérdidas que sufran los bancos y otros intermediarios financieros, ante el incumplimiento de pago de las obligaciones por parte del deudor”, es lo que señala el citado Reglamento bajo el título “Objetivo general del instrumento”.

Ante estos argumentos, la interrogante que también surge es ¿dónde están las ganancias obtenidas por estas empresas, que han gozado de grandiosas bonanzas económicas durante la última década? Ya que hablamos de una industria que durante los últimos años se posicionó como una de las más sólidas del mundo en términos de exportaciones, casi al nivel de Noruega, principal exportador de salmónidos mundial. La situación seguramente habría sido distinta, si esta actividad se hubiese desarrollado sobre la base de una gestión sanitaria y ambiental responsable. Lo preocupante ahora es qué pasa con los trabajadores que deben pagar por los errores que cometió esta industria en el pasado, quién responde por ellos, los más de 17.000 despedidos acumulados a febrero de 2009 y que a mediados de este año bordeará – de acuerdo a los antecedentes de Aqua – los 25.000.

Más allá de subsidiar a este sector, las soluciones deben estar encaminadas a fortalecer la capacidad de regulación en esta industria. Pero, sin lugar a dudas, la actual modificación de la Ley General de Pesca y Acuicultura definitivamente no es el camino indicado, pues no atiende las causales de la actual crisis y solamente presta ayuda a salmoneras y a bancos, sin velar por mantener nuestro medio ambiente sano.

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