CPC propone tribunales medioambientales en medio de alerta por paralización de Campiche

El fallo de la Corte Suprema que paralizó las obras de la central termoeléctrica Campiche que AES Gener está construyendo en la V Región no sólo generó preocupación a nivel empresarial, sino que además gatilló que la Confederación Producción y del Comercio (CPC) proponga la creación de tribunales especializados en la materia. El Diario Financiero, 13 de julio 2009.


“Soy partidario de la libre competencia, que la superintendencia de medioambiente sea una fiscalía y que haya un tribunal medioambiental especializado”, sostuvo el jueves pasado el presidente de la entidad gremial, Rafael Guilisasti, en un seminario de la revista Capital donde también participó el ministro de Hacienda, Andrés Velasco.

Es que, a juicio del dirigente empresarial, “la certeza jurídica es un elemento clave en todo proyecto de inversión. Sin embargo, hemos visto un deterioro de esta condición en el último tiempo que redunda en que algunas resoluciones de calificación ambiental han perdido solidez”.

Incluso Guilisasti va más allá y afirma que éste “es un problema que puede afectar el proceso de recuperación económica donde la inversión juega un rol fundamental”.

De acuerdo a un integrante de la Comisión de Medioambiente de la CPC “para el empresariado es clave garantizar el debido proceso y que estos temas estén en las manos de tribunales especializados, con competencia técnica, idoneidad  e independencia”.

Los modelos en la mira

A nivel internacional el modelo que el sector empresarial chileno tiene en la mira es el de tribunales medioambientales de Suecia.

Además, la CPC también está mirando los cambios que se han introducido en el país en el ámbito de la libre competencia y de las materias tributarias y aduaneras.

El objetivo de los gremios es contar con una justicia especializada, que disponga de instrumentos para abordar los temas de fondo.

Esto, porque las ramas de la CPC consideran- afirman fuentes de la entidad- que el fallo de la Corte Suprema que paralizó la construcción de la central de Gener sólo consideró la forma, porque el máximo tribunal se concentró en las restricciones del plan regulador, pero no se realizó un análisis respecto del por qué existen áreas verdes en esas zona, ni sobre las medidas tomadas por la empresa para mitigar los riesgos.

En segundo lugar, los empresarios advierten que la inminente creación de una Superintendencia del Medio Ambiente –cuyo proyecto se encuentra en tramitación en el Senado- generará que esta nueva institucionalidad sea perseguidor, acusador y juez, por lo que ven necesaria el establecimiento de una contraparte.

Reunión en el Senado

Frente a este escenario, el empresariado se jugará todas sus cartas en la tramitación legislativa con el objetivo de resolver sus reparos en materia de institucionalidad ambiental y proponer tribunales especializados.

De hecho, el presidente de la CPC afirmó que “esperamos que en la actual discusión del proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad medioambiental, este tema se resuelva adecuadamente”.

Es por ello que este lunes todas las ramas de la cúpula empresarial llegarán al ex Congreso para reunirse con la Comisión de Medioambiente del Senado.

Fuentes gremiales comentaron que cada rama de la CPC ingresará una a una para exponer frente a la instancia –integrada por Andrés Allamand (RN), Antonio Horvath (RN), Pablo Longueira (UDI), Nelson Avila (PRSD) y Alejandro Navarro (MAS)- y que los principales argumentos que plantearán son que han aumentado las incertezas a nivel jurídico a la hora de realizar inversiones, que si se crea una nueva institucionalidad ambiental deben existir tribunales que manejen dichos temas y criticar las atribuciones de la Superintendencia de Medioambiente, ya que la legislatura moderna apunta a separar los roles de acusador y juez.

El fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema resolvió a fines del mes pasado revocar la Resolución de Impacto Ambiental (RCA) del proyecto central termoeléctrica a carbón Campiche al ratificar la sentencia emitida en este sentido en enero pasado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

AES Gener estaba construyendo dicha planta en la V Región, pero las comunidades de la zona rechazaban las obras producto de los altos niveles de contaminación del aire en al área.

Fue el Consejo Ecológico Puchuncaví-Quintero, representado por los abogados Ricardo Correa y Juan Carlos Palma, el que recurrió a la justicia e hizo valer el argumento de que era ilegal autorizar la unidad -cuya inversión ronda los US$ 500 millones- por estar emplazada en una zona donde el suelo está consagrado al desarrollo de áreas verdes, destino que en opinión de la Justicia habría sido eliminado. El fallo sostiene que la Corema incurrió en un acto ilegal al autorizar la central, pues dio el permiso sin que la Seremi de Vivienda realizara el cambio de uso de suelo.

 

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