Institucionalidad forestal y consensos

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en Lignum.cl, 30 de julio 2009.


El Senado discute actualmente el proyecto de Ley que busca generar una nueva institucionalidad ambiental para el país, y que incluye la creación del Ministerio de Medio Ambiente, de un Servicio de Evaluación Ambiental y de una Superintendencia de Fiscalización. Sin embargo, un aspecto muy relevante que esta propuesta deja de lado es la creación de un servicio con dedicación exclusiva a la conservación y protección de la biodiversidad y las áreas silvestres protegidas.

Este aspecto, que formó parte de las promesas electorales de Michelle Bachelet, fue excluido por el Ejecutivo del proyecto que ingresó al Parlamento, probablemente debido a que genera resistencias en ciertos sectores del propio Gobierno. En especial desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que durante los últimos 30 años ha tenido la tuición del sistema de áreas protegidas del Estado, se han alzado voces discrepantes frente a la creación de este nuevo Servicio.

Al respecto es necesario señalar, en primer término, que hasta ahora la institución más reconocida en lo que respecta a la protección y conservación de la biodiversidad en el país es Conaf. La entrega y alto nivel de sus profesionales y técnicos está fuera de toda duda, cuestión que ha permitido a la Corporación convertirse en un importante aporte para el desarrollo de las áreas silvestres protegidas en Chile.

Sin embargo, Conaf arrastra prácticamente desde su creación una serie de problemas vinculados a su origen, pues se trata de una corporación de derecho privado que administra fondos públicos. En 1984 se dictó el DFL N°18.348, que debía crear a la Conaf como entidad pública, y al mismo tiempo le daba vigencia a la ley N°18.362 que creaba el SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado), pero estas leyes nunca fueron publicadas en el Diario Oficial y por tanto no entraron en vigencia. El año 2008 el Tribunal Constitucional en su fallo en relación a la ley N° 20.283 de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, apuntó al centro del asunto y solicitó expresamente a la Presidenta de la República regularizar la situación de Conaf, transformándola en el más breve plazo en una institución pública. Pero como es de público conocimiento, esto no se ha concretado hasta la fecha y al parecer no está entre las prioridades del gobierno.

Hoy, cuando el gobierno emprende una reforma crucial en materia de institucionalidad medioambiental, es el momento de enfrentar este problema y darle una solución definitiva. El conflicto entre fomento productivo y protección de la biodiversidad que atraviesa a la Conaf y a otros servicios públicos es evidente, y se origina en que son organismos que dependen de Ministerios cuya vocación principal es el fomento productivo, como es el caso de Agricultura, y difícilmente podrán impulsar políticas y acciones a favor de la conservación.

Es del mayor sentido común, entonces, que las funciones hasta ahora encomendadas a Conaf para resguardar los ecosistemas terrestres, con nuevas facultades y un presupuesto reforzado, sean asignadas a un nuevo organismo, heredero de Conaf. Es importante considerar que si bien Conaf ha estado a cargo de administrar las áreas silvestres terrestres, también ha tenido dificultades, como el bullado caso alerce. Además, no existe un entidad similar en la administración del Estado chileno que se haga cargo de proteger los ecosistemas acuáticos, sean estos de agua dulce o marinos, situación que requiere ser abordada en forma urgente, ya que si la protección terrestre es precaria en cuanto a recursos humanos y financieros, mucho pero aún es la situación de los ecosistemas acuáticos.

Todos los cambios generan ciertas resistencias, y en este caso se trata de un cambio de gran envergadura en términos de la fuente laboral de cientos de personas que, movidos por una fuerte vocación, han puesto su mejor esfuerzo para sacar adelante una institución en condiciones adversas. Sin embargo, se trata de transformaciones no sólo necesarias sino que además urgentes.

El diseño, planificación y coordinación de estrategias de protección y conservación de áreas silvestres tanto acuáticas como terrestres, públicas y privadas, requiere de una mayor jerarquía y, especialmente, de una entidad pública con dedicación exclusiva que sólo un servicio especializado le puede imprimir. Así, al menos, lo han comprendido la mayor parte de los países desarrollados, que han estructurado institucionalidades dedicadas a la conservación en servicios especializados, que muchas veces están al alero del Ministerio de Medio Ambiente.

Chile cuenta con una gran biodiversidad a cuanto a especies, ecosistemas y genes, tanto terrestres como acuáticos, con características particulares a nivel mundial, fundamentalmente debido a la condición de isla geográfica y climática de nuestro país, que lo han mantenido relativamente aislado del resto del continente en el transcurso de los procesos evolutivos. Esto ha permitido un alto nivel de endemismo, lo que le otorga un gran valor y determina la importancia de protegerlo y conservarlo para las futuras generaciones. Esto se torna aún más relevante frente a la amenaza del cambio climático, que sin duda afectará a nuestro país, y también al comprobar que Chile basa su desarrollo económico en la explotación y exportación de recursos naturales, y relega la protección ambiental a un segundo plano.

De acuerdo a un instructivo de Conama de enero de 2008 y sólo para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se reconocían en Chile 17 categorías de áreas protegidas (entre ellas, Parque Nacional, Reserva Nacional, Reserva de Regiones Vírgenes, Monumento Natural, Santuario de la Naturaleza, Parque Marino). Todas estas categorías están estipuladas en legislaciones diferentes, ya sea Convenios y Tratados Internacionales suscritos por Chile o leyes nacionales que dependen de diversos Ministerios. Como consecuencia, al menos siete ministerios tienen competencia sobre estas áreas, lo que por sí sólo da cuenta de una dispersión que impide una gestión óptima.

Un Servicio de Conservación de la Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas debe reunir y homologar estas categorías, y al mismo tiempo incorporar diversos tipos de ecosistemas: humedales, aguas dulces, parques y reservas marinas y aéreas marinas y costeras protegidas, así como la protección de especies que se encuentran en diversas categorías de conservación. Esto sobrepasa ampliamente las actuales atribuciones de Conaf.

Problemas como la aprobación de proyectos de inversión privada en áreas silvestres protegidas debe ser abordado desde una perspectiva integral, por una institucionalidad y autoridad con dedicación exclusiva, y no puede estar dispersa entre las múltiples funciones y competencias de ministerios sectoriales donde, como hemos visto en la práctica, prima el fomento productivo o la presión política en desmedro de la protección del bien común y el patrimonio natural.

Para concretarlo con éxito, será indispensable consensuar la necesidad de este cambio, de manera de incorporar a todos los actores involucrados, especialmente a las personas e instituciones que por años, tanto desde el ámbito público como privado, se han dedicado a la protección de nuestro valioso patrimonio natural.

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