Ministerio de Medio Ambiente, desafíos pendientes

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en La Nación el 23 de julio 2009.


El proyecto de ley sobre institucionalidad ambiental continúa su tramitación en el Congreso y ahora se encuentra en discusión en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que recibirá en audiencia pública a diversos actores vinculados a la temática ambiental para escuchar opiniones y sugerencias.

Éste debiera ser el gran proyecto del gobierno de Michelle Bachelet en materia ambiental. Pero como ocurrió al final del gobierno de Ricardo Lagos, cuando se apuraron proyectos como el de Ley del Bosque Nativo, surge la interrogante sobre si el Ejecutivo pretenderá aprobar esta reforma a la institucionalidad ambiental a cualquier costo, incluso sacrificando contenidos esenciales que deberían estar en la propuesta. Hoy estamos ante la disyuntiva respecto de cuál será el contenido del proyecto que creará el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Fiscalización, porque si bien el texto aprobado en la Cámara de Diputados mejoró algunos aspectos de la propuesta original, aún no se ha zanjado la discusión sobre aspectos de fondo y se han dejado de lado elementos fundamentales.

La primera gran ausencia es la creación de un Servicio de Conservación de la Biodiversidad y Áreas Silvestres, cuestión que forma parte de las promesas electorales de la Presidenta, y que el Ejecutivo no ha querido incluir en la tramitación legislativa. El estado de desamparo en que se encuentra una cantidad importante de nuestros parques nacionales, reservas y áreas silvestres en general, hace urgente que se establezca una instancia que genere políticas de corto, mediano y largo plazo para la protección y conservación de las áreas protegidas del país acuáticas y terrestres, tanto públicas como privadas. La ausencia de esta instancia es inexplicable y resta toda seriedad y peso político a la creación del Ministerio de Medio Ambiente.

Para salvar esta deficiencia y en su reemplazo, el Ejecutivo introdujo un artículo transitorio que establece que "dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, los ministros del Medio Ambiente y de Agricultura deberán formular y presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de biodiversidad y áreas protegidas, así como en el ámbito forestal". Si bien esto puede tener la apariencia de un compromiso, en términos reales no existe obligación para su cumplimiento, no hay plazos ni contenidos predefinidos; es decir, significa postergar la creación de un Servicio de Conservación y Protección de la Biodiversidad y validar que se sigan destruyendo parques nacionales.

En todo el mundo los ministerios de Medio Ambiente tienen bajo su cuidado la administración de las áreas silvestres a través de instancias con dedicación exclusiva; un modelo distinto para Chile no sería comprensible, sobre todo considerando que cuenta con el apoyo explícito de varios parlamentarios de todas las bancadas, que así lo han manifestado públicamente en diversas instancias.

El texto del proyecto deja también de lado una serie de debilidades de la actual institucionalidad ambiental, como los conflictos por las negociaciones incompatibles entre empresas y organizaciones o comunidades locales durante el proceso de calificación ambiental. Tampoco contempla, como se había propuesto, la posibilidad de que las comunidades cuenten con asesorías técnicas con cargo a las arcas fiscales durante la evaluación de los proyectos, a fin de resguardar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Estos problemas están en el origen de la desconfianza de la ciudadanía ante la institucionalidad ambiental vigente y, de no solucionarse, perpetuarán una sensación de desprotección e incertidumbre.

Tras concluir esta parte del trámite, a finales de este mes, la comisión votará el proyecto, que deberá entonces ser discutido en la sala del Senado. Esperamos que estas semanas permitan una reflexión profunda en torno al proyecto de ley, que abra la posibilidad de perfeccionar la propuesta, incorporando los aspectos hasta ahora excluidos y que son de exclusiva facultad del Ejecutivo.

Comments are closed.