Uriarte advierte: Empresas que no cambien diésel por gas arriesgan multas de más de US$ 8 millones

Varias empresas obligadas por la autoridad a trabajar con gas por su calificación ambiental aún no estarían listas para hacerlo, dice Ana Lya Uriarte. Planta de GNL en Quintero se inaugura en septiembre. El Mercurio, 09 de agosto de 2009.


En septiembre comienza a operar la planta de gas natural licuado (GNL) Quintero y, a partir de esa fecha, las empresas que no cumplan con la reconversión de diésel a gas natural podrán sufrir una revocación de las resoluciones de calificación ambiental (RCA) o recibir multas por más de US$ 8 millones, una vez que se cree la Superintendencia del Medio Ambiente. Éste es el llamado de atención que hace la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, quien insiste en que se está velando por mejorar la calidad del aire en las regiones Quinta, Octava y Metropolitana.

-¿Las empresas están preparadas para trabajar con gas natural, disponible en la planta de Quintero?

"Quintero se inaugurará en septiembre, y antes no podemos exigir nada. Sin embargo, hay un porcentaje importante de empresas que inexplicablemente aún no tienen contratos con GNL Quintero para abastecerse. Para encargar GNL hay que hacerlo con meses de anticipación, y muchas empresas importantes aún no lo han hecho. Esperamos que se cumplan los contratos".

-¿Arriesgan multas?

"Hoy las multas las aplica la Corema, y van hasta los US$ 34 mil (500 UTM). Tenemos un nivel de multas bajas, pero cuando se cree la Superintendencia del Medio Ambiente, y esperamos que sea durante este período, las sanciones subirán hasta más de US$ 8 millones (10 mil UTA). Obviamente, el criterio para aplicarlas dependerá de la condición económica del infractor. No hay excusa ética, legal ni económica para no tener estos combustibles más limpios, ya que los precios del gas licuado y natural son más competitivos".

-Se invirtió en instalaciones para trabajar con diésel y petróleo cuando se acabó el gas…

"Ninguno de los sistemas de combustión para abastecerse y operar con gas natural fueron desmantelados por la desaparición del gas argentino. Las instalaciones están, hablamos de una simple mantención".

-Las empresas de gas licuado ven con preocupación la exigencia de usar gas natural.

"Existe un número importante de empresas que no tienen obligación de ocupar gas natural y pueden optar por el gas licuado. Cualquiera de las dos opciones contribuye a la descontaminación. No disminuirán sus ventas. Sin embargo, repito, hay empresas que deben funcionar con gas natural porque así fue concebida su resolución de calificación ambiental".

-La central Campiche de Gener paralizó obras por orden de la Corte Suprema, previa aprobación de una resolución ambiental, ¿cómo el Gobierno se hace cargo de las inversiones millonarias del proyecto?

"Los instrumentos de planificación territorial y localización de las empresas no son un tema de evaluación ambiental. El sistema de evaluación ambiental opera sobre la base de reglas establecidas, que tienen que ver con instrumentos de planificación territorial existentes, como los planes reguladores y construcción, entre otros, cuya interpretación y aplicación no corresponden a la Corema. En este tema hay más responsabilidades".

-¿La responsabilidad la tiene el Ministerio de Vivienda?

"Son varios. Hay responsabilidades compartidas en el sector público y privado".

-Pero se puso en tela de juicio la normativa ambiental…

"Es injusto ponerla en tela de juicio a partir de este caso (Campiche), que representa uno dentro de 12 mil proyectos evaluados por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Es comprensible lo que esto significa para la empresa en inversión e impacto público, pero se han evaluado 12 mil proyectos, y que se produzca una situación de esta envergadura no implica poner en duda todo lo ocurrido estos años".

-El propio contralor, Ramiro Mendoza, dijo que había una desprolijidad…

"Estamos trabajando en la generación de un Ministerio del Medio Ambiente, en una superintendencia ambiental y en la creación de un servicio de evaluación de impacto ambiental. Pero los ajustes de las normativas eléctricas son temas del ministro Tokman".

-La reducción del material particulado fino demanda US$ 5.100 millones en tecnología para cumplir las metas, ¿cómo se hace cargo de las críticas del sector empresarial?

"Es erróneo creer que toda la inversión se centra en la industria. Para cumplir con esta medida, entre otras cosas, la Enap se encargará de una nueva limpieza de combustibles, disminuyendo azufre en el diésel, gasolina y kerosene, y llegándoles un combustible más limpio a las empresas. Se replicará un esfuerzo de la envergadura de US$ 600 millones, que se tienen que aprobar en Contraloría. También debemos regular la leña húmeda, lo que fiscalizará la Superintendencia de Electricidad y Combustible. La leña no podrá tener más de 25% de humedad".

-¿Los organismos ambientales están calificados para evaluar proyectos nucleares a futuro?

"No, las capacidades no están. La Conama y otros servicios públicos no tienen recursos humanos capacitados para evaluar una alternativa nuclear".

"Es injusto poner en tela de juicio la normativa ambiental a partir de este caso (Campiche), que representa uno dentro de 12 mil proyectos evaluados por el sistema de evaluación de impacto ambiental."

Victoria Reyes P.

 

Comments are closed.