Celco-Valdivia y los vacíos en la participación ciudadana

El gobierno y el Parlamento están discutiendo una amplia reforma a la institucionalidad ambiental del país, la que ha permanecido sin mayores modificaciones desde la promulgación de la Ley General de Bases del Medio Ambiente en 1994. La nueva propuesta que se tramita en el Senado, incluye la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, así como de un Servicio de Evaluación Ambiental y de una Superintendencia de Fiscalización.

Uno de los aspectos que se ha discutido en este contexto, y que se encuentra en el centro de la actual discusión, es la desconfianza de la ciudadanía hacia la institucionalidad vigente, en especial lo que dice relación con la participación ciudadana. Es decir, la nueva institucionalidad debería contemplar un diseño de los mecanismos que permitan a todas las personas y organizaciones incidir de manera efectiva en la toma de decisiones frente a proyectos productivos u otras propuestas que puedan afectar su calidad de vida.

Es en este contexto, en que se conoce la intención de Celco de ampliar la capacidad productiva de su planta de celulosa Valdivia, responsable de uno de los mayores desastres ambientales registrados en Chile: la contaminación del río Cruces, que provoco la muerte o migración de miles de aves acuáticas del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, incluyendo los emblemáticos cisnes de cuello negro, ecosistema que aún no logra recuperarse plenamente de este impacto.

Reviste la mayor gravedad que Celco haya intentado, en primera instancia, obtener por la vía administrativa la autorización para concretar este aumento de producción. Ante la negativa de la Corema de Los Ríos, la empresa se prepara para someter la ampliación de la capacidad productiva de la planta Valdivia, la misma que contaminó el Santuario, a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), mecanismo que la obliga al menos a realizar una serie de evaluaciones e informes, pero que excluye la posibilidad de participación ciudadana, es decir que la gente al menos manifieste su opinión la respecto.

Pese a que la empresa, ante el desastre el año 2005 y la condena unánime de toda la comunidad nacional e internacional, prometió mejorar su enfoque productivo, incorporando las variables ambientales y sociales a su práctica cotidiana, hoy nuevamente opta por actuar de espaldas a la ciudadanía. Esto no debería sorprendernos, ya que esta misma empresa se caracteriza por su falta de ética y responsabilidad ambiental y social, como lo demuestra su actuar en Mehuín y Misisipi o en Mataquito, por sólo mencionar ejemplos emblemáticos.

En todo caso, y ante la falta de una actuación responsable de parte de la empresa, es la autoridad de gobierno quien, en este caso, debiera ejercer en plenitud su autoridad y exigir mayor rigurosidad al privado, obligándolo a someter este proyecto a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que permitirá a la comunidad organizada de Valdivia y sus alrededores, opinar y ejercer alguna influencia en la decisión final.

Sabemos que la empresa ha incurrido además en otras conductas inapropiadas, como la negociación directa e incompatible y el establecimiento de compensaciones para parte de las comunidades afectadas por sus proyectos (planta de celulosa y ducto de descarga de riles), lo que distorsiona el proceso, debilita la capacidad de respuesta ciudadana y lo que es más grave aún, destruye el tejido social.

En todo caso, resulta difícil pensar que en el escenario actual el gobierno y autoridades ambientales regionales y nacionales tendrán la fuerza y valentía para exigir que una empresa que ha dado reiteradas muestras de mala conducta se someta a exigencias más rigurosas. Por esto, sólo queda intentar influenciar a nuestros parlamentarios para que el problema de fondo que existe en la legislación ambiental chilena y que de una u otra manera permite la conducta irresponsable de empresas, sea abordado en la discusión de la reforma ambiental.

Es del todo necesario que en la propuesta que actualmente discute el Congreso, se incorpore una real y efectiva participación ciudadana en el proceso de evaluación de proyectos, así como se regule las negociaciones incompatibles o la forma en que las empresas pueden ampliar proyectos que ya están funcionando. Una mayor regulación ambiental, ciudadanía con mayor capacidad de respuesta y una autoridad ambiental con más jerarquía y competencias, son cada vez más necesarias, para que problemas como éste no se repitan a futuro.