Hoy por “mí”, mañana por “ti”

Actualmente se tramita en el Parlamento un proyecto de ley que modificará la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), el cual busca, entre otros objetivos, mejorar la delicada situación que afecta a la industria salmonera chilena.

Uno de los puntos que ha generado controversia dice relación con la posibilidad que tendrán los empresarios salmoneros de hipotecar las concesiones acuícolas con el objetivo de garantizar las obligaciones que éstos mantienen con la banca. Hoy algunos salmoneros han cerrado acuerdos con los bancos dejando en prenda las acciones de sus respectivas empresas, no obstante parte de éstas podrán ser recuperadas. Ante esta situación es necesario dejar claro algunos conceptos.

Nuestra legislación define la concesión de acuicultura como aquel “acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Defensa Nacional otorga a una persona los derechos de uso y goce, por tiempo indefinido sobre determinados bienes nacionales, para que ésta realice en ellos actividades de acuicultura”. A su vez nuestro Código Civil define a las aguas como bienes nacionales de uso público, en ese contexto, éstas son patrimonio de todos los chilenos.

En otro ámbito muy distinto – pero no alejado de lo antes expuesto – la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) define acción como una división proporcional de los activos y utilidades de una empresa, y se refiere a ella desde dos perspectivas. Para el emisor, éstas representan el capital social, mientras que para el inversionista representan la propiedad sobre una fracción del patrimonio de una empresa.

A simple vista estos dos conceptos parecen no tener relación alguna, no obstante hay una expresión que los une, el término patrimonio. Esto quiere decir que, a pesar de que las concesiones y las acciones no se topan en ningún sentido, por medio de la expresión patrimonio se pueden extraer algunas similitudes.

¿A qué apuntan estos argumentos? Más que entregar definiciones de conceptos que han estado en boga durante el último tiempo, la idea es manifestar la curiosidad que genera el hecho de que algunos empresarios salmoneros, que actualmente negocian sus deudas con la banca, hayan dejado en prenda el 100% de sus acciones en garantía. Hasta ahí todo bien, sin embargo en una segunda instancia parte de estas acciones serán recuperadas entregando a cambio las concesiones acuícolas que estos empresarios poseen. Concesiones que por lo demás recaen sobre aguas nacionales que son patrimonio de todos los chilenos.

Estos argumentos evidencian lo increíble que resultan este tipo de actos, es decir, las concesiones acuícolas, por las que los solicitantes pagan al estado de Chile la suma de 2 UTM por hectárea concesionada al año, es decir, un poco más de $6.000 mensuales servirán como garantía de deudas que bordean los US$ 2.000 millones. En otras palabras nuestras aguas, o más preciso aún, el derecho de uso y goce de las mismas, servirán de respaldo a un sector altamente endeudado.

En definitiva, más allá de los juicios de valor que pueden surgir tras este tipo de situaciones, es curioso que los mismos empresarios, que quisieron desarrollar su negocio sobre la base de la “autorregulación”, hoy en día tengan plena confianza en que estas modificaciones a la LGPA les permitirán recuperar parte de sus acciones dejadas en prenda. Más aún es atrayente el hecho de que estas obligaciones han sido garantizadas en primera instancia con el propio patrimonio de las empresas, sin embargo, más adelante estarán garantizadas con el agua, que es patrimonio de todos los chilenos.