La Nueva Acuicultura del Ministro de Economía
Columna de opinión de Flavia Liberona Director Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en el blog de La Tercera el 14 de agosto de 2009.
Debo confesar que he leído con sorpresa, las recientes palabras del Ministro de Economía Hugo Lavados, donde señala que la problemática de la industria salmonera, -que no es sinónimo de acuicultura- ya fue resuelta por el gobierno, lo cual no es efectivo y prueba de ello, son las recientes declaraciones del Sr. Claro, consultor de la banca, quien manifiesta que deberán implementar un sistema paralelo de vigilancia para garantizar el cumplimiento de las condiciones ambientales y sanitarias. En resumen, la banca advierte que las regulaciones actuales no son capaces de garantizar la calidad de las aguas.
Haciendo un poco de historia, es necesario decir que la Ley General de Pesca y Acuicultura se promulgó el año 1991 y los reglamentos sanitarios que permiten la operación de la industria salmonera sólo se publicaron 10 años después, el 2001 e incluso parte de ellos, los años 2003 y 2006, períodos donde la industria salmonera tuvo un fuerte desarrollo, pasando de ser una actividad de tipo artesanal de pequeños y medianos empresarios, a un sector relevante de la economía chilena, debido, en parte, a que los gobiernos de la Concertación le entregaron concesiones por tiempo indefinido y los apoyaron a través de una serie de incentivos para generar trabajo en regiones extremas (Ley 19.853). Sin embargo, descuidaron otros aspectos vinculados a las áreas ambientales y sanitarias.
En este contexto, el año 2007 la industria vendió US$ 2.241 millones y reportó utilidades por US$ 500 millones, pero ese mismo año apareció el virus ISA y provocó una catástrofe sanitaria con dramáticas consecuencias para el empleo y la naturaleza.
Lamentablemente, el Ministro olvida todo eso y sólo señala que hay cambios en las regulaciones, lo cual es una verdad a medias, porque los reglamentos ambientales y sanitarios continúan mostrando falencias. Por otro lado, la modificación a la ley que tramita el Senado, tampoco se hace cargo de establecer regulaciones en esas materias y es posible que el drama se repita en el futuro.
No obstante lo que puede resultar aún más problemático, es que el Gobierno, que debe hacerse cargo de cautelar el bien común y resguardar el patrimonio de todos los chilenos, está avalando un proyecto de ley que va en “rescate” de un sector productivo que convive y compite con otros, por la utilización de los mismos espacios y recursos. No es posible que la autoridad sea más aliado de la industria salmonera, que de los cultivadores de choritos, de los pescadores artesanales, de los empresarios turísticos, etc. Del mismo modo, tampoco es posible que genere un mecanismo para que los salmoneros puedan hipotecar las concesiones, es decir el agua que nos pertenece a todos.
Sin embargo lo más grave, es que a pesar de las palabras del Ministro y de los esfuerzos del Gobierno por salvar la industria, la banca, que finalmente hipotecará las concesiones, advierte que no existen las garantías suficientes y que deberán implementar un sistema paralelo de regulaciones y vigilancia para asegurar la sanidad de las aguas, cuestión que pone en duda el panorama optimista planteado por el personero de Gobierno.