Límite a las concesiones acuícolas
Columna de opinión de Arturo Carreño, Economista de Fundación Terram, publicada en diario La Estrella de Chiloé el 06 de agosto de 2009.
Los acercamientos entre algunas empresas salmoneras y la banca para lograr acuerdos de renegociación han mostrado indicios de mejoría en la relación entre ambos sectores. De acuerdo a informaciones recientes AquaChile, Cultivos Marinos de Chiloé, Yadrán, Multiexport, Friosur e Invermar han llegado a acuerdos satisfactorios con la banca para refinanciar sus pasivos.
Al respecto llama la atención la confianza que tienen los empresarios salmoneros y banqueros en que una vez acordadas las modificaciones a la Ley de Pesca, las concesiones acuícolas podrán ser dejadas en hipoteca. Algunas empresas han dejado prendadas el 100% de sus acciones con la confianza de que éstas serán recuperadas una vez promulgada la renovada ley.
Hace un par de semanas el gobierno propuso que CORFO actuara como garante de los créditos de los salmoneros con la banca a cambio de fijar un plazo a éstas, cuyo límite sería de 30 años. Ante esta propuesta algunos empresarios salmoneros reaccionaron molestos y dejaron en evidencia su desacuerdo, asegurando que este tipo de medidas desincentivan la inversión en el sector.
Según los salmoneros, esto provocaría una utilización desmedida de la concesión en el tiempo que durara la misma. Este punto resulta muy interesante de analizar en vista de la situación que aqueja a este sector y hace surgir dudas sobre cómo sería la situación si las concesiones hubiesen tenido plazo fijo.¿Con concesiones limitadas el desastre sanitario sería mayor?
Esto sólo demuestra la lógica de la industria, que se basa en sacar el máximo beneficio económico aún a costa de contaminar. En este sentido parece más lógico y razonable discutir una propuesta que contemple plazos limitados para las concesiones, que puedan ser renovadas considerando el comportamiento ambiental y sanitario de la empresa que las opera. Si ponemos plazos razonables para la utilización de las concesiones, por una parte estamos manteniendo en poder del Estado un patrimonio que pertenece a todos los chilenos y por otra, cada vez que una concesión deba ser renovada, deberá ser fiscalizado su comportamiento ambiental y sanitario, lo que asegura que las empresas mejoren su comportamiento. En todo caso, para las negociaciones con la banca el límite de duración de una concesión no tiene mayor incidencia, tal como lo expresó Jorge Claro. Entonces, nuestros legisladores están a tiempo de generar estos cambios, que irían en beneficio del país y cautelarían el buen uso de un bien nacional.