¿Para quién trabaja el Gobierno?
Columna de opinión de Paola Vasconi, Coordinadora Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, publicada en Blog de La Tercera el 24 de agosto de 2009.
Recientemente, trascendió que, desde hace un mes, los Ministerios del Interior, Energía y Vivienda tienen lista la adecuación normativa para que AES Gener retome la construcción de su central termoeléctrica Campiche (270 MW), en Puchuncaví, y que ésta sólo espera la firma de la presidenta Michelle Bachelet para ser aplicada.
Sin embargo, en esta ocasión el Gobierno se ha mostrado más cauto y ha preferido esperar el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre dos acciones que impugnan el cambio del plano regulador de Valparaíso, realizado en el 2006. Esto tras la compleja situación que enfrenta la termoeléctrica Campiche, después que la Corte Suprema revocara los permisos otorgados por la Corema V Región, paralizando sus obras de construcción, debido a que la central se ubica en una zona destinada para áreas verdes.
En esa ocasión la Ministra de Vivienda, Patricia Poblete, señaló que “la única salida para Campiche es modificar el plano regulador de Puchuncaví”, comuna donde se emplaza la central, y que “el Gobierno trabajaba coordinadamente con los ministerios de Energía y del Interior para agilizar dicho proyecto”.
Nadie considera en este caso, que la termoeléctrica Campiche se ubica en la zona Puchuncaví-Quinteros declarada, en 1993, zona saturada por las emisiones de anhídrido sulfuroso y material particulado proveniente, en su mayoría, de la planta de Codelco en Ventanas y de las turbinas de generación eléctrica a carbón de AES-Gener, con el consecuente deterioro del medioambiente y de la calidad de vida de los ciudadanos que allí habitan, y que actualmente, además de Campiche, en la zona se planean la construcción de otras dos termoeléctricas más, la Central Energía Minera (Energía Minera S.A., 1.050 MW) y la Central Nueva Ventanas (Aes Gener S.A., 250 MW), lo que claramente agravará aún más su situación.
Pero más allá de este caso particular, la Ministra Poblete ha señalado que el Ministerio de Vivienda trabaja en perfeccionar la actual Ordenanza General de Urbanismo y Construcción de manera de evitar similares problemas que puedan surgir en los trámites ambientales, con el objetivo de dar mayor claridad y seguridad a los inversionistas y asó, no se cometan errores como los de la central Campiche.
Entre estos cambios estaría restar a los municipios de decisiones involucradas en el trámite ambiental. Cosa que de ser cierta sería lamentable y contradictoria con dos de los lineamientos permanentes del los programas de gobierno de la Concertación: Democracia más participativa, Descentralización y Regionalización. Esto, además, evidenciaría una absoluta descoordinación al interior del Gobierno, puesto que la Reforma a la Institucionalidad Ambiental que actualmente se discute en el Parlamento, busca entre otras materias, legitimar la labor que desempeñan los municipios en materia ambiental al crear la Unidad de Medio Ambiente y al hacerlos participes del proceso de evaluación ambiental, mediante consulta directa a propósito de los planes reguladores, pues son ellos a quiénes los ciudadanos primeramente recurren en caso de verse afectados por algún proyecto. Cosa recientemente ratificada por la propia Ministra de Medioambiente, Ana Lya Uriarte, a propósito de sus declaraciones tras la aprobación en general por parte del Senado de este proyecto de Ley.
La propuesta de la Ministra de Vivienda junto a la iniciativa ‘pago por compensaciones a los municipios por la instalación de centrales de generación eléctrica’, impulsada por el Ministro de Energía, Marcelo Tokman, marcarían un retroceso de proporciones en materia de participación ciudadana en la gestión ambiental y serían el broche de oro del que alguna vez quiso ser…el “Gobierno Ciudadano”.