Salmonicultura: la banca, el cuarto poder

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en la Nación Domingo el 23 de agosto de 2009.


La industria salmonera ha funcionado en los últimos veinte años con regulaciones poco rigurosas y escasa fiscalización, situación que ha quedado al descubierto con la crisis sanitaria del sector que comenzó a mediados de 2007.

Ello ha confirmado que las ONGs ambientales estaban en lo cierto cuando pedían mejores prácticas ambientales y laborales a la industria, así como mayor fiscalización.

Una vez desatada la actual crisis sanitaria, el Ejecutivo fue el primero en apoyar al sector a través de diversas iniciativas, como la Mesa del Salmón, cuyo corolario es la modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA).

Esta propuesta pretende "rescatar" a la industria, reordenando la actividad territorialmente en el sur del país. Propone un modelo de producción que, al igual que el anterior, carece de regulaciones y no considera la importancia de otras actividades económicas del borde costero.

Por lo tanto, prima la desconfianza con el Ejecutivo, que aparece como un aliado de la industria, más que como un poder del Estado.

Preocupa ver que los esfuerzos puestos por el gobierno están lejos de regular adecuadamente y más bien tienden a ocultar información.

Si bien en el Senado, a diferencia de la Cámara, se ha revisado el proyecto de Ley y se han propuesto mayores regulaciones, éstas mantienen serias deficiencias en materias sanitarias y ambientales.

Para explicar la gravedad de la situación, es necesario detallar que la crisis que vive la industria fue producto de sus malas prácticas y de la ausencia de fiscalización. Por esto no se puede repetir la historia otra vez.

El contenido de la propuesta legislativa en discusión incluye medidas sanitarias y ambientales insuficientes, como un registro rápido de trasferencias de concesiones y la posibilidad de hipotecar las mismas, entre otras.

Al respecto, las concesiones de acuicultura se dan sobre aguas que son bienes nacionales de uso público, que se entregan a privados para su uso y goce, éstas se pueden transferir, arrendar e hipotecar y/o entregarlas en prenda.

Pues bien, un punto central de las modificaciones en discusión es establecer un mecanismo rápido de transferencia, que implica regulación de la titularidad y la posibilidad de hipotecar este bien. Hoy en día el trámite dura entre 2 a 4 años.

Sabemos que la industria tiene una deuda con la banca del orden de US$ 2.400 millones y ésta le ha permitido repactarla a cambio que se entreguen en hipoteca las concesiones.

Para esto, los títulos deben estar regularizados. Además, si lo que se entrega como prenda es el agua, quien la reciba necesita que ésta tenga condiciones mínimas para ser usada.

Es decir, el agua no debe estar contaminada, debe presentar condiciones óptimas para que se puedan cultivar salmones u otros recursos hidrobiológicos.

Por ello el señor Jorge Claro, consultor de la banca, ha dicho que será necesario implementar un sistema de vigilancia sanitaria paralelo y veedores a las industrias que pongan en hipoteca sus concesiones.

Lo que demuestra que no confían en los cambios regulatorios impulsados por el gobierno.

La deficiencia en el marco regulatorio propuesto demuestra que el Ejecutivo y el Parlamento están desperdiciando la oportunidad de regular con criterios ambientales y sanitarios efectivos, pero lo más grave es que están dando un triste espectáculo en materia de política pública, pues de confirmarse lo dicho por la banca, los esfuerzos desplegados por dos poderes del Estado serán menos importantes y efectivos que la propia banca, con la que la industria mantiene sus deudas.

Es decir, la política pública en materia ambiental y sanitaria la desarrollará el sector privado a través de la banca, lo cual nos hace concluir que posiblemente estemos ante la presencia de un cuarto poder del Estado.  
 

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