Aprueban colocalización de antenas celulares obligatoria y retroactiva

Tras dos meses y medio de debate, la noche del martes la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley que regula la instalación de antenas de telefonía móvil.

El resultado de la votación no fue 100% favorable para el gobierno porque la colocalización de antenas, punto en que se centró el debate, no salió como esperaban. Contrario a lo que planteó la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) finalmente las empresas estarán obligadas a compartir la infraestructura existente (torres y espacios), luego que fuera aprobada una indicación que presentó un grupo de diputados.

La idea de la Subtel era obligar la colocalización a futuro y retroactiva sólo cuando las estructura estén ubicadas en espacios públicos. Sin embargo, ahora se extendió a las torres y soportes instalados en sitios privados.

Este escenario era el que querían evitar los operadores tradicionales, pues consideran que es un modelo impracticable y que vulnera el derecho de propiedad, pues -estiman- que la posibilidad de compartir las torres debe verse caso a caso, en virtud de consideraciones técnicas y de las características particulares de los contratos de arriendo. A ello suman que este modelo atenta contra la innovación en el desarrollo de la red.

Al mismo tiempo, el titular de la Subtel, Pablo Bello, ha indicado que este mecanismo afectará los niveles de competencia que existen en esta industria, la que -ha señalado- ha contribuido a masificar el acceso a Internet a través de la banda ancha móvil.

Las empresas que tras la reciente licitación de espectro entrarán al mercado móvil esperaban una resolución en este sentido, pues principalmente defienden que en términos urbanísticos es la mejor vía para desplegar las redes móviles.

Batalla en el Senado

La próxima semana el proyecto sería discutido en  la sala de la Cámara de Diputados, instancia en la que las partes afectadas por la obligación y retroactividad no harían muchos esfuerzos para revertir o ratificar el criterio. La opción -comentaron conocedores del tema- sería apostar por el Senado, especialmente en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, ya sea con una indicación del propio Ejecutivo o con presentaciones de las empresas afectadas a través del gremio que las agrupa (Atelmo) pues, dijeron fuentes consultadas, se trata de una instancia que, estiman, maneja más elementos técnicos, por lo que sus argumentos podrían ser mejor acogidos.

Entre los elementos que presentarán -trascendió- figuran una serie de estudios en derecho y de libre competencia, así como informes de economistas.

De hecho, en la industria comentaron que están decididos a no escatimar recursos, para lograr que la retroactividad no salga del Senado.