Calentamiento Global: ¿urgencia para Chile?

Columna de opinión de Paola Vasconi, Coordinadora del Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, publicada en el blog de La Tercera el 09 de septiembre de 2009.


Entre el 9 y 11 de septiembre, se estará celebrando en Santiago el IX Foro Iberoamericano de Ministro de Medioambiente, donde uno de los temas centrales será el cambio climático y los desafíos de los países participantes rumbo a la cumbre a realizarse, en diciembre de este año, en Copenhague. Donde se espera que los países sellen el acuerdo que reemplazará al Protocolo de Kyoto que vence en el 2012 y que busca como objetivo estabilizar la emisiones de CO2 de manera de frenar el aumento de la temperatura del planeta y así, disminuir y/o frenar los impactos asociados al cambio climático.

En este contexto y a través de esta columna de opinión presento un pequeño análisis sobre cómo Chile ha abordado el tema desde sus inicios y en qué debiera enfocarse desde la perspectiva de la política pública.

En términos internacionales nuestro país, asumió muy tempranamente su compromiso con el calentamiento global al suscribir la Convención Marco en 1992 y ratificarlo en 1994. Una actitud similar tuvo con el Protocolo de Kyoto, que suscribió en 1997 y ratificó el año 2002.

Como país suscriptor de estas convenciones, Chile está comprometido a elaborar periódicamente una Comunicación Nacional (inventario de emisiones, análisis de vulnerabilidad, opciones de adaptación y mitigación). Recién para el 2010 se espera tener lista la segunda comunicación nacional. Por otra parte, al ser un país en vías de desarrollo no tiene obligaciones en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile alcanzan sólo al 0,23% del total mundial. No obstante, es necesario ser cuidadosos y permanecer vigilantes con estas cifras, pues según el último Informe de Desarrollo Humano 2007-2008, Chile registra el mayor aumento en el nivel per. cápita de emisiones de dióxido de carbono (CO2) respecto al resto de los países latinoamericanos y del Caribe (1,2 toneladas anuales en 14 años). También nos situamos en el segundo lugar en porcentaje, tras China, en el aumento de las emisiones de CO2 durante el 2008, según la Agencia Internacional de Energía y los pronósticos en tal sentido no son nada alentadores, pues Chile esta optando en el corto y mediano plazo por una matriz energética para la generación eléctrica basada mayormente en el carbón.

En el ámbito nacional, sin embargo, la reacción frente al calentamiento global ha sido lenta y recién a partir del 2005, ante el revuelo mundial por las nuevas evidencias científicas, se ha vuelto a poner énfasis en el tema. Evidencia de ello, es el vacío existente entre 1994, cuando se creó el Comité Nacional de Cambio Global -institucionalidad encargada de definir los lineamientos estratégicos para abordar el tema – y el 2006, año en que el Consejo de Ministros de la CONAMA aprobó la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

En diciembre del 2008, el Gobierno de Chile dio a conocer el Plan de Acción para implementar dicha Estrategia. Si bien, reconocemos el esfuerzo realizado por el Gobierno en la construcción de este Plan, en el que están involucrados distintas organismos y reparticiones gubernamentales, lamentamos la ausencia de un debate público mayor y de participación de los distintos sectores y actores de la sociedad en su construcción.

Finalmente, más allá de las líneas de acción planteadas, no queda claro cómo se materializará y cuál será el financiamiento del Plan. Situación preocupante si uno considera que Chile está dentro de la categoría de país vulnerable según los criterios de la Convención Marco de Cambio Climático, pues tiene zonas costeras bajas, ecosistemas de montaña, territorios áridos y semiáridos expuestos a la sequía y a la desertificación, porciones proclives al deterioro forestal, áreas propensas a desastres naturales, áreas urbanas altamente contaminadas y ecosistemas frágiles.

En febrero del 2007, a partir del estudio “Variabilidad Climática en Chile para el siglo XXI” realizado por el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile por encargo de CONAMA, se confirmó que el país está expuesto a los efectos del calentamiento global. De las conclusiones del estudio, se puede señalar que los mapas de temperatura superficial media evidencian aumentos de temperatura, en el caso del escenario moderado, de entre 1 y 3º C, y en el caso del escenario severo, de entre 2 y 4º C. Es decir, en todo el país se aprecia un aumento de temperatura en ambos escenarios. La mayor variación de temperatura se estima en el Norte Grande y Norte Chico, y mayormente en la zona andina. Situación recientemente ratificada por el mismo Departamento de Geofísica a través de un estudio del Proyecto Anillo “Variabilidad Climática en Chile: evaluación, interpretación y proyecciones”.

En relación a las pérdidas económicas producto del cambio climático, el Estado chileno desconoce a cuánto pueden ascender las eventuales pérdidas, pues los estudios nacionales proyectados al 2040 no han incorporado esta variable dentro de sus análisis. No obstante, el IPCC indica que los países en desarrollo serán más afectados que los desarrollados en términos de inversión, economía y pérdida de vidas humanas. Como contraparte señala que los costos de la inacción podrían ser mucho mayores que las medidas e inversiones necesarias para adaptarse y mitigar los impactos negativos.

Ante la creciente evidencia sobre los impactos del cambio calentamiento global y el cambio climático en Chile y la falta de conocimiento de los efectos que tendrá en esferas del ámbito productivo, social y ambiental, llama la atención la lentitud del Gobierno en dar una respuesta sobre cuáles serán los caminos que recorrerá Chile para enfrentar este fenómeno lo que lleva a preguntarnos si el Calentamiento Global y el cambio climático son realmente una urgencia para nuestras autoridades de Gobierno. Urgen respuestas en ese sentido.

El Cambio Climático y la actual crisis económica mundial le dan a Chile la oportunidad de transformar sus procesos productivos y su modelo de desarrollo económico y energético, y lo obligan incorporar estos problemas como telón de fondo en el diseño de políticas públicas, reconociendo que los años venideros y por tanto la planificación del país, se enmarcará en un contexto variable. Temas como disponibilidad y acceso al agua o la seguridad energética y generación, trasmisión y distribución eléctrica serán ineludibles y parte esencial de la economía de nuestro país. En este marco se hace necesario una mirada de país de mediano y largo plazo y desarrollar políticas públicas en función del nuevo escenario mundial: por ello cada política debe tener como consideración y trasfondo los problemas de Chile como país vulnerable y los impactos que esto traerá sobre las personas y todas las formas de vida.

El país debiera proponerse generar una política nacional para hacer frente al fenómeno, considerando la diversidad de ecosistemas naturales, los sistemas productivos existentes en el territorio y la extrema concentración de la población en centros urbanos. Esta política no debe ser distinta de la política ambiental nacional, más bien debe ser un motor para articular otras políticas de estado, planes de acción en materia ambiental y energética y coordinarse con la legislación y/o normativas vigentes o en tramitación.

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