Cambio Climático y Crisis Económica: Oportunidad Para los Candidatos Presidenciales

Actualmente, el mundo atraviesa por dos grandes crisis planetarias: una económica, que surge a mediados de 2008, y otra de orden ambiental, provocada por el Calentamiento Global y el Cambio Climático, que es consecuencia de la actividad humana y su relación con el entorno. La primera será de corto plazo, mientras que la segunda, es un problema de más largo aliento. Aunque parezcan crisis distintas, ambas tienen elementos en común.

En primer lugar, las dos han sido provocadas por comportamientos errados, por un lado, en los mercados financieros y, por otro, en el modelo de producción y consumo imperante. Además, ambas se producen por ignorar o no respetar los límites en los ámbitos que se desarrollan las actividades.

En segundo término, ambas demuestran que la interacción entre las sociedades y economías de hoy,  no se remiten exclusivamente a los temas comerciales. Ambos fenómenos se han ido transfiriendo desde las potencias económicas mundiales, hacia las economías emergentes dependientes del comercio y la relación con éstas. Finalmente, las dos crisis obligan a repensar los sistemas financieros, económicos y productivos. En el caso del Cambio Climático, además, surge como imperativo diseñar una nueva institucionalidad ambiental y social que se hagan cargo de un nuevo ordenamiento mundial, en el que la reducciones de emisiones y las acciones que tiendan a frenar/mitigar los efectos del Cambio Climático deberán estar incluidas y ser la base de cualquier política pública.

El fenómeno del Cambio Climático es uno de los problemas más complejos que ha enfrentado la Humanidad. En el 2007, a partir del IV informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el Calentamiento Global y el Cambio Climático son reconocidos mundialmente como el gran desafío para el futuro del planeta y del ser humano. Pero, a pesar de tener un alcance mundial, el grado de vulnerabilidad para las personas, su modo de vida, el impacto en la economía y el mantenimiento de los ecosistemas varían de un país a otro. Como ya es de conocimiento público, Chile es un país vulnerable, lo que significa que en el futuro el país enfrentará impactos como la aparición de nuevos problemas de salud y sanitarios; reducciones y/o variaciones en la producción de alimentos; alteraciones en la biodiversidad y ecosistemas; disminución en el acceso al suministro de agua; pérdidas y modificaciones en actividades económicas; desplazamiento de centros urbanos, especialmente en zonas costeras, entre otros.

Además, es necesario considerar que a pesar de que las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile no son significativas a nivel global, nuestro país registra en los últimos años el mayor aumento de emisiones de CO2 a nivel per cápita respecto al resto de los países latinoamericanos y, los pronósticos no resultan alentadores, pues Chile está optando en el corto y mediano plazo por una matriz energética eléctrica principalmente a carbón, opción preocupante debido a que no resuelve los problemas de vulnerabilidad ni de independencia en el abastecimiento eléctrico.

Ante este panorama, Chile debe ser capaz de enfrentar el desafío y ponerse a la altura de los procesos de cambio que está viviendo el mundo y dar un salto cualitativo en la forma de enfrentar los temas ambientales. El Cambio Climático y la crisis económica le dan a Chile la posibilidad de transformar el modelo de desarrollo económico y energético imperante hasta ahora, y lo obligan a modificar la manera en que se han estado diseñando las políticas públicas en los últimos años. Nuestro país debe dejar la costumbre de que cada gobierno desarrolle su agenda de trabajo en función de su periodo de duración. Es urgente tener una mirada de país de mediano y largo plazo y desarrollar políticas públicas en función del nuevo escenario mundial: cada política debería tener como consideración y trasfondo los problemas de Chile, como país vulnerable y los impactos que esto traerá sobre las personas y todas las formas de vida.

Por ello, la gestión de gobierno y las políticas de Estado, deben tener presentes los impactos sociales del cambio climático, y por tanto, articular acciones de prevención, adaptación y mitigación. Las políticas de protección social deberán tener en cuenta, por ejemplo, la pérdida de empleos; la malnutrición provocada por la escasez y el aumento en los costos de los alimentos; los impactos que tendrá el aumento del costo de la energía; prever los incrementos en la pobreza y los desplazamientos de población provocados por enfermedades o variaciones en la disponibilidad de agua y alteración de actividades económicas derivadas del Cambio Climático.

Por ello, las agendas de los candidatos a la presidencia deben insertar cada una de sus propuestas de gobierno –económica, social, laboral, educación, salud, obras públicas, agricultura, ambiental- en el marco del cambio climático, entendiendo éste, como un fenómeno que afecta no sólo, lo ambiental sino también lo social y económico de manera transversal.

Los desafíos de la política ambiental para el próximo gobierno se enmarcan entonces, en el contexto de un nuevo escenario mundial en el cual el cambio climático y las políticas de reducción de emisiones de los GEI, serán un tema de permanente debate. A esto, se suma la crisis financiera mundial que tendrá repercusiones en el corto plazo en todas las economías mundiales. Así, como la aspiración por parte de Chile de una mayor inserción en la economía global, que incluye en el corto plazo que nuestro país se integre como miembro de la OCDE.

En este contexto, el modelo exportador primario que ha caracterizado el desarrollo de Chile enfrentará desafíos, tanto a nivel nacional como internacional. Es esperable, entonces, que tanto el Cambio Climático, como la crisis financiera y las restricciones que impone el ingreso de Chile a la OCDE se conviertan en el motor de cambios relevantes en la política ambiental chilena.

En los últimos años, simultáneamente a la expansión e intensificación de los mercados y las inversiones en el área de los recursos naturales, se han generado procesos de transnacionalización del patrimonio natural del país, especialmente en sectores como minería, acuicultura, agricultura, agua y energía. El retraso en la dictación de normas ambientales sectoriales; la laxitud de la normativa vigente, junto la deficiencia en la fiscalización de las existentes; y la lentitud para avanzar en el mejoramiento de la legislación e institucionalidad ambiental, han agravado los procesos de degradación del ambiente y de los recursos naturales, intensificando tanto, los impactos ambientales sobre los territorios y las economías locales, como los conflictos entre comunidades y actividades económicas o entre dos o más tipos de actividades económicas que compiten por el uso de un mismo territorio o recurso.

En este contexto y teniendo como paraguas orientador el fenómeno del cambio climático, las prioridades para el periodo 2010-2014 se orientan en torno a 6 ejes: agua; uso  sustentable de los recursos naturales; conservación de especies y ecosistemas; política energética; prevención de la contaminación; y ordenamiento territorial, clave para superar la gran mayoría de los conflictos socioeconómico-ambientales. Adicionalmente, se necesita avanzar en la reforma a la legislación e institucionalidad ambiental, en el acceso a la información y en la participación ciudadana en la toma de decisiones, temas transversales a todos los ejes.