Concesiones salmoneras, la discusión pendiente

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en blogs de La Tercera el 29 de septiembre de 2009.


Frente a la crisis de la industria salmonera y el fuerte impacto económico y social que ha generado en el sur del país, la respuesta de la autoridad ha sido de un total apoyo al sector, intentando minimizar los daños y facilitar la recuperación. El Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) que discute el Parlamento contiene una serie de medidas en este sentido.

La discusión respecto a la LGPA ha sido compleja y más larga de lo previsto por la autoridad, y pese a que las comisiones de Pesca de ambas cámaras han escuchado las opiniones y propuestas de la ciudadanía (ONG’s, trabajadores, pescadores, pequeños acuicultores), pocas de estas ideas han sido incluidas hasta ahora en el proyecto. Los parlamentarios parecen desconocer los problemas de fondo de la industria que originaron la actual crisis, esto es, las malas prácticas ambientales y sanitarias, que además están acompañadas de pésimas condiciones laborales. Por el contrario, se han centrado únicamente en medidas de parche, demandadas con fuerza por la industria, con el único propósito de intentar minimizar las pérdidas e iniciar la recuperación del sector, sin realizar modificaciones de fondo.

Ante los altos niveles de contaminación de las aguas en la Región de Los Lagos, que ha hecho imposible el restablecimiento de la actividad en sus costas, la industria miró rápidamente hacia el sur, a Aysén y Magallanes. Por eso, la parte más sustantiva de las modificaciones a la LGPA es aquella que busca facilitar a la industria reordenarse para, por una parte, “organizar” su producción y, por otra, expandirse hacia el sur.

En concreto, para la industria un elemento clave en esta reforma es el que pretende generar un mecanismo rápido para la transferencia de concesiones acuícolas. Esto, porque para hipotecar las aguas -que pertenecen a todos los chilenos pero cuyos derechos se cedieron a la industria- el que solicita la hipoteca debe ser el titular de la concesión, pero en la actualidad una gran cantidad de las concesiones no se han regularizado debido a que el trámite es largo y engorroso en la legislación vigente. Además, un registro rápido de transferencias sería, indirectamente, un incentivo para que los que tienen más poder adquisitivo compren las mejores ubicaciones para el cultivo. Una vez más, el poder del mercado parece superar el rol del Estado, y se vislumbra un reordenamiento de las empresas en este sentido.

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