Polémica por ley de “patentes vegetales”

Producir nuevas variedades de plantas genera un mejor producto, pero requiere una alta inversión que se compensa con derechos de propiedad intelectual. Una materia que se está legislando en Chile con la venia del Ejecutivo y la oposición de 33 organizaciones de agricultores, que dicen que se está patentando nuestra biodiversidad. La Nación, 08 de septiembre 2009.


Quienes crean o mejoran una variedad vegetal -no necesariamente a través de la biotecnología- dedican años de experimentación en busca de la flor de colores más vivos o la fruta más dulce. Sin embargo, su esfuerzo no siempre es protegido. Como lo nuevo mejora el negocio, tiende a ser imitado o derechamente plagiado, por lo que es necesaria la protección.

Con estos fines, en 1961 se creó la Unión Internacional de Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV), a través de un convenio internacional, desde entonces se encargan de fomentar un sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual de los creadores u obtentores de nuevas clases de vegetales.

Chile adhiere con un acta firmada en 1978, por lo que se creó un registro para estas variedades, pero al firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (2003) se comprometió a ratificar el acta de 1991, que otorga más derechos a los obtentores, pues no sólo protege las plantas creadas, sino a sus productos, sean granos o frutos.

El nuevo marco legal debía entrar en vigencia a principios de 2009, pero la creación del proyecto se entrampó en el Congreso. Falta de información y la negativa de organizaciones de agricultores han impedido llegar a un acuerdo que no pase a llevar a ninguno de los involucrados.

Agricultores orgánicos y organizaciones ecologistas dicen que el Ejecutivo quiere patentar las plantas, aunque el Ministerio de Agricultura (Minagri) asegura que eso es imposible.

Discusión detenida

La discusión sobre el proyecto de ley que deroga el marco legal vigente sobre los derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales (19.342) comenzó en enero y si bien, la idea era aprobarla lo antes posible, la discusión no avanza. La ley se ha estado preparando desde 2007, pero recién en mayo, cuando el proyecto ya estaba en la Comisión de Agricultura, las pequeñas asociaciones de agricultores se incorporaron a la discusión y notaron que ni los diputados comprendían bien los alcances de la ley.

En Minagri aseguran que el nuevo marco legal -que resguarda con mayor rigor el derecho de los obtentores- atraerá inversión extranjera e incentivará la creación de variedades nacionales, además de “promover la introducción de nuevas especies de interés aumentando la competitividad de las actividades agrícolas”, sostiene Reinaldo Ruiz, subsecretario de Agricultura.

Pese a que las organizaciones hablan de “patentar” variedades, el Minagri asegura que la ley no plantea la propiedad de las variedades vegetales, “lo que establece es un derecho sobre aquellas que sean nuevas, distintas, homogéneas y estables, por un plazo determinado, transcurrido el cual la variedad pasa a ser de dominio público”, afirma Ruiz.

“La Ley de Propiedad Industrial establece claramente que las plantas no son patentables, como algunos sectores lo han planteado en forma errónea”, dice.

Sin embargo, hasta los diputados lo entienden como patente, pues los obtentores (o dueños) de las variedades que entran al registro tendrán derecho a exigir que les pidan autorización cada vez que se utilicen su producto -a través de semillas, plantas, granos, o frutos- y tras la promulgación de la ley, los agricultores perderán su facultad de guardar y reutilizar parte del producto de la cosecha, pudiendo ser sancionados por hacerlo. Un tema no menor si se considera que entre 18 y 25 años duraría la protección sobre árboles y vides registradas y entre 15 y 20 para todas las demás especies. Sólo tras ese período las variedades serían de libre uso.

Biodiversidad

Si bien, en la Comisión de Agricultura la ley ha sido aprobada casi en su totalidad, el diputado Alejandro Sule asegura que existen muchas dudas, pues el proyecto no asegura la completa protección sobre variedades que históricamente han sido utilizadas por los campesinos.

Sostiene que Chile primero debe ratificar el Protocolo de Cartagena, sobre protección a la biodiversidad.

“No tenemos ley de biodiversidad, como otros países que han puesto indicaciones a sus leyes de obtentores, como Costa Rica, que en uno de los artículos dice que cuando los campesinos o pequeños agricultores han utilizado especies o variedades desde siempre, les corresponden esas patentes. Eso no ha sido suficientemente discutido en Chile ni tampoco crear medidas precautorias para evitar que compitan en desigualdad de condiciones pequeños agricultores y grandes transnacionales”, asegura el diputado.

Según las organizaciones -más de 30 en la actualidad entre agricultores y ONG como Rap-Al, Chile Sustentable y Ecocéanos- “la ley abre la posibilidad a que toda variedad sea patentable, al contrario de lo que ocurre en Costa Rica donde está claro las especies que se quiere proteger”, sostiene Lucía Sepúlveda, de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rap-Al). En Chile podrían ser patentables especies con mínimas modificaciones.

Lo peor, asegura Sule, es que están siendo presionados para aprobar la ley, con el “mito” de que las exportaciones no podrán entrar a Estados Unidos. “Estamos legislando contra reloj, con lo cual pueden cometerse errores que le pueden costar caro a nuestro país”, dice.

SANCIONES PENALES

La Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros), si bien comparte en esencia el proyecto de ley, tiene sus reparos, especialmente en términos de sanciones. Temen que “al eliminar el tipo penal asociado a la infracción maliciosa de las disposiciones legales y rebajar sustancialmente el monto de las multas, se obtenga un texto legal notoriamente débil en esta materia y muy inferior a lo que ya existe en la ley que se pretende derogar”, sostiene Dominique Legarraga, presidenta del comité Propiedad Intelectual Vegetal de la asociación.

“Anpros insiste en restringir la excepción del derecho del agricultor e insiste en establecer sanciones penales”, dice el subsecretario y agrega que eso es algo en el Minagri no está dispuesto a ceder.

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