Presentan proyecto que elimina entrega a perpetuidad de concesiones del agua o recursos mineros

El proyecto de reforma constitucional propone que "las concesiones, incluidos los derechos sobre las aguas, no podrán ser otorgadas por más de treinta años, salvo que los actos administrativos, judiciales o contratos respectivos sean aprobados previamente por el Senado, en cuyo caso podrá extenderse por quince años más." El Mostrador, 09 de septiembre 2009. Lea noticia en El Mostrador.


Los senadores Ricardo Núñez (PS), Guillermo Vásquez (PRSD) y Nelson Ávila (PRSD) presentaron este miércoles un proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República y que busca eliminar la propiedad plena y a perpetuidad de las concesiones del agua y los recursos mineros, así como de los contratos especiales de operación de hidrocarburos, entre otros.

El proyecto de reforma constitucional propone que "las concesiones, incluidos los derechos sobre las aguas, no podrán ser otorgadas por más de treinta años, salvo que los actos administrativos, judiciales o contratos respectivos sean aprobados previamente por el Senado, en cuyo caso podrá extenderse por quince años más." Y qu “las actuales concesiones, incluidos los derechos sobre las aguas, se entenderán otorgadas a contar de la fecha de la presente reforma constitucional."

Al respecto, el senador Guillermo Vásquez dijo que “estamos presentando un proyecto de reforma constitucional que significa modificar el inciso final del numero 24 del artículo 19 que declara la propiedad perpetua de las aguas a quienes tienen los derechos, cambiándolo por un plazo de concesión máxima del Estado de 30 años respecto de todas las concesiones, lo cual implica las aguas , el petróleo, los minerales, los caminos, las obras públicas en general y solo para aquellos casos excepcionales en que se requiera un plazo mayor como el caso por ejemplo del Puente Chacao que quizás requiera mayor plazo para recuperar la inversión podría aumentarse en 15 años más con acuerdo del senado en el caso de las concesiones”.

Agregó que “hemos visto que en la modificación que se está haciendo en la Ley de las salmoneras hoy día el gran problema que tenemos es el derecho perpetuo de propiedad sobre las aguas que tienen los salmoneros y, por lo tanto, las modificaciones que se pueden hacer a esas concesiones solo pueden pasar por la voluntad de ellos y se logrará mediante incentivos”.

Por ello, aseguró que la única forma real de cumplir el pacto de los derechos sociales y políticos de que las riquezas naturales sean de propiedad de los pueblos es precisamente con la derogación de este tipo de disposiciones que hace absolutamente propietarios a particulares de bienes que son de uso público y pertenecen a todos los chilenos.

Por su parte, el senador Ricardo Núñez aseveró que “este tema es muy acuciante particularmente en el norte del país por dos razones: primero, por las concesiones mineras que se conceden en esas regiones y, en segundo lugar, por la crisis hídrica que está afectando a todo el norte del país, fundamentalmente por la manera irregular, absolutamente irracional y poco fiscalizadora con que ha actuado el estado en la otorgación de concesiones de derechos de aguas, lo que está generando una crisis sin precedente en la historia del país”.

Agregó que “nos pareció importante la necesidad de modificar sustantivamente la disposición constitucional que entrega la perpetuidad de estos bienes que son de todos los chilenos a particulares y que no pueden ser entregados a estos de manera como se está haciendo actualmente”.

Sostuvo que en materia de agua y minería “este tema está haciendo una crisis de magnitud que aún no podemos ni siquiera imaginar: los ríos del Choapa se están secando; el cambio climático está afectando de modo increíble a nuestra cordillera. En el norte la actividad minera se está viendo seriamente afectada y las posibilidades de tener planes de desarrollo minero en regiones vitales para la economía del país, por el irracional uso que hacen de estas concesiones tanto hídricas como mineras, todo lo cual hace necesario la modificación constitucional que estamos proponiendo”.

Consultados si se trata de una renacionalización del agua, el senador Núñez precisó que “no es precisamente renacionalización sino que estamos proponiendo una modificación y entregándole a las autoridades correspondientes la manera cómo deben fiscalizarse esas concesiones, y lo que debe hacerse es rápidamente una modificación del Código de aguas a propósito de esta reforma constitucional, de modo que no sucede que se entreguen muchas más concesiones de aguas de lo que tienen los acuíferos, algo que es muy irracional”.

Sobre el mismo tema, el senador Vásquez aclaró que “cuando se habla de la renacionalización del agua se está pensando en que los bienes ya han pasado a particulares. La disposición constitucional dice que son derechos de agua que son concedidos por el Estado, por lo tanto está implícito que el agua es del Estado, y lo único que hacemos con esta reforma es que el ejercicio de ese derecho propio del agua de parte del Estado se regule de una manera distinta. Aquí se reconoce que l agua es nacional y lo que queremos es vincular su ejercicio real con la disposición constitucional”.

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