Proyecto sobre medio ambiente recibe más de 1.000 indicaciones en el Senado

En la Cámara Alta se abrió nuevo plazo para observaciones hasta el lunes 5 de octubre. Un total de 1.100 indicaciones es el número que contabilizó ayer la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado al proyecto de ley que crea el Ministerio y la Superintendencia de Medio Ambiente. El Diario Financiero, 30 de septiembre 2009.


Es que los senadores presentaron una serie de modificaciones a la iniciativa, luego de realizar una extensa ronda de exposiciones con gremios empresariales de los distintos sectores, centros de estudios y organizaciones sin fines de lucro.

Pero esto no es todo, ya que el Partido Socialista (PS) solicitó ampliar el plazo hasta el 5 de octubre para plantear nuevas observaciones.  Requerimiento que fue acogido.

A juicio del presidente de la instancia, Pablo Longueira,  el número de indicaciones “representa todo un récord. La verdad es que no deja de sorprender, esperábamos cerca de 500 y a esto se suma que  el Partido Socialista solicitó aplazar el plazo hasta el próximo lunes, por lo tanto, parece que quieren seguir batiendo este récord”.

Respecto del complejo escenario que enfrenta el  texto legal, el senador dijo que “vamos a ver de qué forma desarrollamos este trabajo, porque es una dificultad enorme tramitar un proyecto de esta importancia con este volumen de indicaciones. Hay que determinar cuántas coinciden y planificar un plan de acción en la comisión muy intenso, ya que tenemos que despachar este proyecto tan importante para el país”.

Así las cosas, recién despúes del 5 de octubre recién podrían comenzar a analizarse cuáles de las inidcaciones de los parlamentarios son admisibles y con cuál criterio se agruparán.

De hecho, Longueira ya adelantó que se “buscará un acuerdo político, donde se establezca un piso en torno a tres ideas”.

Uno, la creación de tribunales especiales en materia medioambiental; dos, la existencia de un servicio de parques de biodiversidad, y tres, introducir cambios institucionales.

Esto último, explicó, porque “el proyecto llegó sin Corema y obviamente se requiere tener estas entidades para el Sistema de Evaluación  de Impacto Ambiental”.

La visión gremial

Para la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) -que expuso ante la comisión encabezada por Longueira- uno de los temas más complejos es la Superintendencia, ya que para la multigremial dicho organismo poseerá “super roles”, lo que es negativo para las inversiones, advierten.

De hecho, las ramas de la cúpula empresarial han apoyado la creación de tribunales medioambientales. Como argumento, el presidente de Sofofa, Andrés Concha, ha señalado que “desde el punto de vista de los inversionistas, es mejor un sistema de fiscalización en donde el que investiga y acusa sea diferente de quien sanciona y castiga”. 

En tanto, a nivel de las pequeñas y medianas empresas, la Conapyme envió también una serie de reparos al proyecto de ley a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado.

Los reparos de las PYME a la iniciativa

Los reparos al proyecto de ley que crea el Ministerio y la Superintendencia de Medio Ambiente no sólo han surgido desde las ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Esto, porque el Consejo Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme) y de la Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña y Microindustria, Servicios y Artesanado de Chile (Conupia) presentaron una serie indicaciones en el Comisión del ramo del Senado.

Para ambas entidades gremiales “preocupa el hecho de que la Superintendencia pueda requerir a los titulares de proyectos o actividades -que debieron someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y no cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental, para que sometan a dicho sistema- el estudio o declaración de impacto ambiental correspondiente, ya que una PYME para ingresar al SEIA requiere de financiamiento, consultorías para elaborar el proyecto, construcción de obras, etc”. Por otra parte, la Conapyme y la Conupia plantean que “las microempresas pueden tener dificultades al momento de tener que financiar los costos que involucra la fiscalización y que en esta Ley se establece que son de cargo de éstas”. Finalmente, sobre la aplicación de multas advierten que el proyecto no considera lo establecido en la iniciativa sobre normas especiales para las empresas de menor tamaño.

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