Aprobación “express” para un deficiente proyecto de institucionalidad ambiental

En una maratónica doble jornada, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado aprobó el proyecto de ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, boletín Nº 5947-12. Fuente:Fundación Terram 29 de octubre de 2009.


Esta etapa de la tramitación comenzó el lunes, con la firma de un Protocolo de Acuerdo entre los senadores Longueira (UDI), Allamand y Horvath (RN), Letelier (PS) y Alvear (DC), y la ministra de Medio Ambiente y el Ministro de Hacienda por parte del Ejecutivo. Se marginaron de la suscripción del protocolo al menos los senadores Alejandro Navarro, Guido Girardi, Nelson Ávila, José Antonio Gomez y Carlos Ominami. En estricto rigor el Protocolo significaba que el gobierno presentaría en una indicación varias de las propuestas que recogiera de los senadores, además de modificar el texto de lo aprobado en la Cámara de Diputados en lo que fuese materia de este acuerdo; también se entendía que quienes suscribieran este acuerdo no podían discutir y/o apoyar indicaciones propias o de otros senadores que fuesen distintas a las del Ejecutivo en las materias que se habían suscrito.

En cumplimiento a este acuerdo, el lunes 26 y martes 27 se llevó a cabo la discusión en particular del proyecto que reforma la institucionalidad ambiental chilena. La sesión del martes fue maratónica: se inició a mediodía y terminó a las 6.30 del día siguiente, aunque la etapa más intensa de la discusión se concentró entre las 21.45 y las 6.30. Los senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente Longueira, Allamand, Horvath, por la Alianza y como suscriptores del acuerdo, y Girardi y Navarro de las bancadas PPD e Independientes como no suscriptores del acuerdo, pasaron revista a cada uno de los temas relevantes, en una discusión con un denominador común: todas las indicaciones del Ejecutivo fueron aprobadas con los votos favorables de RN y la UDI. El PS y la DC, a pesar de suscribir el protocolo, no dispuso que ninguno de sus senadores participara en esta decisiva jornada, con lo que se deduce que poco les interesaba defender los temas ciudadanos y más bien firmaron para otorgarle el piso político a la Ministra de Medio Ambiente, y que ésta no apareciera sola con la Alianza. En la vereda contraria, fue evidente el rechazo de los senadores radicales, del PPD Girardi y el independiente Alejandro Navarro. Las jornadas tanto del lunes como del martes fueron interrumpidas en repetidas oportunidades por el presidente de la Comisión, Pablo Longueira, con el aparente fin de aplacar las discrepancias en la bancada opositoras. Así, en menos de 48 horas, el acuerdo entre la derecha y el Ejecutivo, con la complicidad de PS y DC, permitieron que se impusiera una “aplanadora ambiental y política” sobre el proyecto de reforma ambiental, que selló un fuerte retroceso en el diseño de la institucionalidad y de los logros obtenidos en la Cámara de Diputados.

Temas fundamentales, sobre los cuales existía un compromiso explícito del Ejecutivo, fueron dejados de lado en esta acelerada tramitación. En efecto, desde hace varias semanas comenzó a quedar claro que desde el gobierno el objetivo único es lograr la creación del Ministerio de Medio Ambiente y demás instituciones, dejando de lado discusiones de fondo sobre una serie de materias, algunas de las cuales habían sido mejoradas durante el paso del proyecto por la Cámara de Diputados.

Un tema de gran relevancia y que quedó disminuido en su paso por la Comisión de Medio Ambiente del Senado es el de la participación ciudadana, punto clave en la débil credibilidad de la actual institucionalidad. La participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental sólo será posible en los proyectos que provoquen cargas ambientales, entendiéndose por esto los que generan beneficios sociales y ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades cercanas durante su construcción y operación. Se eliminó la participación ciudadana resolutiva de las evaluaciones ambientales estratégicas, y no se logró conseguir apoyo desde el Estado para las comunidades en conflicto. En cuanto a lo positivo, al menos se logró mantener la posibilidad de aplicar una evaluación ambiental de proyectos cercanos a glaciares, así como a los proyectos que utilicen Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

Otra de las pérdidas sensibles es la ausencia de una propuesta clara para la creación de un Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como para la generación de la institucionalidad pública de CONAF, pese a los intensos esfuerzos que en este sentido efectuaron los sindicatos de la Corporación, presentes durante la discusión parlamentaria. Sólo se logró que en estos temas el Ejecutivo comprometiera una fecha para el ingreso al Parlamento de proyectos de ley. En cambio, el Ejecutivo acogió la exigencia de la derecha y el empresariado de crear un Tribunal Ambiental, a través del envío esta misma semana de un nuevo proyecto de ley, que debe ser aprobado junto con la reforma la institucionalidad. La sugerencia de dar el mismo trato al Servicio de Áreas Protegidas fue tajantemente rechazada por la Ministra de Medio Ambiente.

En definitiva, y de no cambiar el rumbo de los acontecimientos en los próximos meses, seremos testigos del nacimiento de una nueva institucionalidad ambiental que no será capaz de responder a las demandas de estos tiempos, pues se está priorizando el contar con la estructura por sobre resolver problemas de fondo. Seremos testigos, entonces, de los mismos problemas que se registran en la actualidad, pero ahora con nuevos servicios ambientales. Si bien valoramos la relevancia que tiene para el país la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, acompañado de una Superintendencia y un Servicio de Evaluación, es lamentable que la necesidad del Ejecutivo de aprobar a toda costa esta ley, sea utilizada por la derecha para lograr la aprobación de una propuesta deficiente, destinada a generar una institucionalidad débil y sin credibilidad.

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