Declaración Pública: Institucionalidad Ambiental, el Debate que Falta
Frente a las más de 1100 indicaciones al proyecto de Ley que Reforma la Institucionalidad Ambiental que recibió la Comisión de Medio Ambiente del Senado hasta el martes pasado, cifra que probablemente se incrementerá antes de que expire el plazo, este lunes 5, Fundación Terram declara:
– Esta insólita cantidad de indicaciones refleja el enorme interés generado en los distintos sectores y en los propios senadores, quienes presentaron indicaciones aun no siendo integrantes de la Comision de Medio Ambiente. Esta iniciativa del gobierno ha tenido un trámite que ha contado con la buena voluntad de los parlamentarios. Sin embargo, es inevitable que se complejice si consideramos que quedan pocas semanas de trabajo legislativo, tiempo que se desarrollarán con las campañas presidenciales y parlamentarias de trasfondo. El cúmulo de indicaciones presentadas refleja la importancia del tema, el interés que genera y la falta de consenso entre los actores interesados; es, además, un claro indicador de la ausencia de debate previo y de la falta de capacidad del gobierno para interlocutar con los distintos sectores con vistas a generar acuerdos que podrían permitir un trámite más fluido de esta iniciativa, considerada clave para la agenda ambiental de la Presidenta Bachelet.
– La propuesta del Ejecutivo deja de lado aspectos claves, como la creación de un servicio de conservación de la biodiversidad y áreas silvestres protegidas, y es extraordinariamente débil en otros, como la participación ciudadana o el diseño del sistema de calificación ambiental de proyectos productivos. Tampoco presta atención a otros temas clave, como la definición de un presupuesto para el futuro Ministerio que esté a la altura de los nuevos desafíos.
– La debilidad del texto y las dificultades en la tramitación de este proyecto son un reflejo de la baja prioridad que el gobierno ha dado a la temática ambiental, cuestión que está en el trasfondo, también, de una serie de otros conflictos, como el desastre de los géiseres del Tatio, la autorización de proyectos en parques nacionales y otras áreas protegidas, la proliferación de termoeléctricas en distintos puntos del país, así como la propuesta de una Ley de compensaciones eléctricas a los municipios, impulsada desde la CNE.
– La cantidad y dispersión de las indicaciones presentadas evidencian el consenso respecto a la necesidad de contar cuanto antes con un Ministerio, Superintendencia, Servicio de Evaluación Ambiental y Servicio de Conservación de la Biodiversidad y Áreas Silestres Protegidas para el buen desarrollo de las políticas públicas, así como la urgencia de abrir un diálogo entre todos los actores involucrados, de manera de generar los acuerdos necesarios para poner fin a la debilidad institucional actual, proceso en el cual el gobierno debe jugar un rol central. Este proyecto no podrá avanzar en su tramitación si se intenta mantener la discusión entre cuatro paredes y sin abordar los temas de fondo. El alto número de indicaciones que recibió demuestra la necesidad de fortalecer la participación ciudadana, especialmente en temas trascendentes como éste, de manera de alcanzar acuerdos consensuados entre todos los actores.
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Santiago 02 de octubre de 2009