Fast Track al Proyecto que Reforma a la Institucionalidad Ambiental

Columna de opinión de Paola Vasconi, Coordinadora Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, publicada en blogs de La Tercera el 16 de octubre de 2009.


Recientemente, en el marco de la discusión/tramitación del proyecto de Ley que Reforma la actual Institucionalidad Ambiental y crea el Ministerio de Medioambiente, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la Superintendencia Ambiental, el Ejecutivo y los senadores miembros de la Comisión de Medio Ambiente alcanzaron un principio de acuerdo político, con vistas a agilizar la iniciativa legal de forma que vea la luz verde antes que finalice el período de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

Una buena señal,  considerando que la iniciativa del Ejecutivo recibió en el Senado más de mil indicaciones, reflejo del interés que despierta el tema, de un proceso en el que falto participación ciudadana y una mayor interlocución por parte del Ejecutivo con los distintos actores y sectores –políticos, económicos, ciudadanos, entre otros-, y de las discrepancias en torno al proyecto de ley, lo que claramente traería dificultades en su tramitación. Escenario que se complejizaba aún más si consideramos que, como ya mencionamos en nuestra columna anterior, quedan pocas semanas de trabajo legislativo y que estamos entre medio de un proceso eleccionario.

Desde Terram, una de las organizaciones ciudadanas impulsora, promotora y seguidora de todo el proceso de Reforma a la Institucionalidad Ambiental, valoramos de manera positiva este acuerdo, pues Chile requiere cuanto antes contar con un sistema institucional que le permita enfrentar los problemas ambientales actuales y los desafíos futuros, sobretodo considerando la condición de vulnerabilidad de Chile frente al cambio climático.

Desde nuestra perspectiva la nueva institucionalidad ambiental requiere fundamentalmente de: un Ministerio del Medioambiente y un Servicio de Evaluación Ambiental, de manera de separar claramente la dictación de políticas, regulaciones y normas, de la evaluación ambiental de los proyectos de inversión; una Superintendencia con vistas a fortalecer la fiscalización, y un Servicio de Áreas Protegidas y Conservación de la Biodiversidad que se haga cargo del marco legal e institucional para la creación de nuevas áreas protegidas –publicas-privadas, acuáticas y terrestres- y de la dictación de las políticas y regulaciones para la protección y conservación de la diversidad biológica.

No obstante, el acuerdo alcanzado entre parlamentario y ejecutivo no puede ni debe significar que las discusiones pendientes y los temas aún no resueltos no sean abordados en profundidad por los parlamentarios y el ejecutivo. Esta es la oportunidad de pensar país y no Gobierno, y de que el proyecto que finalmente se apruebe responda a las necesidades ambientales presentes y futuras de Chile. Ojala esta sea la premisa principal del ejecutivo y los senadores miembros de la comisión de medioambiente este lunes 19 cuando se materialice o no la firma del acuerdo.

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