Gobierno no descarta caducar concesión geotérmica en El Tatio

Autoridad anunció fuerte alza de multas por fallas. El control de la fumarola en los géiser del Tatio, tras el tercer intento que Geotérmica del Norte (GDN) hizo el domingo, ofreció la pausa para que el gobierno se lanzara en picada en contra del proyecto energético ligado a la italiana ENEL -matriz de Enersis- y a las estatales ENAP y Codelco. El Diario Financiero, 06 de octubre 2009.
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Primero fue la ministra de Medioambiente, Ana Lya Uriarte, quien no descartó que a partir de los resultados de las investigaciones para esclarecer las causas de la ruptura de la válvula en uno de los pozos de reinyección del proyecto, la firma podría perder la concesión de exploración.

“La Comisión Regional de Medioambiente de la Segunda Región tiene que considerar cuáles fueron las causas de esta lamentable contingencia ambiental que hemos vivido. El historial de la empresa también pesa en esa decisión”, dijo la secretaria de Estado.

En esta misma línea, el titular de Minería, Santiago González, aclaró que a partir de las conclusiones de la Corema y del grupo de expertos internacionales que analizará los hechos, su cartera tomará la decisión final.

“Nos preocupa que esto se desarrolle pero con resguardo del patrimonio ecológico del país y de esa zona”, manifestó, al tiempo que precisó que los trabajos geotérmicos deben sujertarse estrictamente a lo que está aprobado.

“En El Tatio hubo una mala operación, no rigurosa y descuidada, que sembró un manto de duda sobre una energía positiva para Chile como es la geotermia”, se lamentó a su vez Uriarte.

Elevar multas

El ministro de Minería  anunció que conformarán un equipo técnico que, a partir de las conclusiones de este incidente, elaborará las indicaciones que el gobierno incluirá en la modificación a la Ley de Geotermia que está en el Congreso.

Explicó que la principal  será elevar las multas ante fallas como la de ENEL en El Tatio, pues hoy éstas no superan las 100 UTM (unos $ 3,6 millones.

A ello, dijo, se sumará fortalecer las atribuciones del Estado en esta área e incluir situaciones como ésta entre las causales de revocación de las concesiones.

 

 

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