Gobierno pide a Contraloría resolver derechos de agua clave para HidroAysén

Se trata de la decisión que debía tomar la Dirección General de Aguas (DGA) respecto de la entrega de los derechos de agua que la eléctrica, ligada a Endesa y Colbún, necesita para reducir en 36,5% -a 5.910 hectáreas- la superficie inundable del complejo de la XI Región.

Para que esta adecuación no afecte la capacidad del proyecto (2.750 MW), la firma decidió sumar una quinta central, que es la que requiere estos nuevos recursos hídricos.

La decisión se espera hace casi un año, luego que en noviembre pasado la oficina regional del organismo dependiente del MOP rechazara la solicitud presentada por HidroAysén, que luego pidió reconsideración al titular de la DGA, Rodrigo Weisner.

La oficina regional de esta entidad determinó que no era posible otorgar derechos de agua en la zona donde HidroAysén elevó su solicitud, porque anteriormente existía allí un derecho de Endesa y la capacidad no era suficiente para ambas solicitudes, por lo que el MOP sugirió a Endesa pedir un traslado.

Además, Endesa debía traspasar los recursos a la sociedad que hará la inversión -por más de US$ 3.200 millones-, desistiendo de la situación actual en que mantiene el usufructo de dichos títulos.

Compleja decisión

Trascendió que durante estos meses el equipo jurídico de la DGA ha estado evaluando las implicancias de esta decisión. Conocedores del tema señalan que este período no ha estado exento de lobby, tanto de los distintos estamentos de gobierno que apoyan este desarrollo, como de los representantes de HidroAysén y de Endesa, que en esta etapa ha sido más activa que su socia Colbún.

Lo que la DGA pide a la Contraloría es que defina cuál es el criterio que debe primar en la decisión.

Lo anterior porque otorgar el derecho iría contra un criterio histórico: no se puede constituir dos derechos que son incompatibles, lo que, a juicio de la empresa, no corresponde porque se podría aceptar dejando el traslado como una condición posterior a la entrega. Sin embargo, advierten que esta opción traería consecuencias  al sentar un precedente para otros casos, pudiendo ser incluso retroactivo.

Por otro lado, si se rechaza, la DGA se enfrentaría a un gobierno que, en general, se ha mostrado partidario del desarrollo hidroeléctrico más al sur de la X Región y en algunos casos ha apoyado a este proyecto en particular.