Gobierno se abre a la posibilidad de incluir creación de tribunales ambientales en proyecto

Ministra Uriarte ve con buenos ojos acuerdo político para destrabar iniciativa sobre nueva institucionalidad. El Diario Financiero, 13 de octubre 2009.
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“Que se hayan presentado 1.345 indicaciones al proyecto marca un antes y un después en las discusiones medioambientales en nuestro país”, advierte la ministra presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), Ana Lya Uriarte.

“Esto demuestra que la indiferencia no acompaña los temas ambientales en el Chile de hoy, y sea por convicción o conveniencia, todos los sectores se manifiestan interesados y quieren estar presentes”, añade.

Sin embargo, y pese al alto interés, ella está decidida a sacar el proyecto del Congreso Nacional “antes que termine el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet”. Y para ello está dispuesta a alcanzar nuevos consensos. “Acuerdo político sí, pero para mejorar el proyecto”, advierte y luego aclara los aspectos que podrían mejorar. 

– ¿Hay posibilidad de alcanzar un acuerdo político para acelerar la tramitación?

– Acuerdo político sí, pero para mejorar el proyecto que crea la nueva institucionalidad. – ¿Y qué aspectos pueden ser mejorados?

– En que las discusiones que tendremos apunten a robustecer la institucionalidad y el rol del Estado en materia ambiental, no a debilitar las instituciones. Nuestro objetivo ha sido -lo hemos declarado insistentemente- generar una mayor jerarquía política e institucional para el tema ambiental y cualquier medida que debilite ese rol institucional está fuera de nuestro ánimo y vocación legislativa.

– En contrapartida, ¿qué la podría debilitar?

– Por ejemplo, debilitar los procesos de fiscalización o facultades que tendrá la Superintendencia a la hora de fiscalizar o imponer medidas que apunten a poner pronto remedio a situaciones nocivas ambientalmente. Eso es un claro debilitamiento a la fiscalización que necesita ser robustecida.

– ¿Y existe disposición a crear un tribunal ambiental?

– Nos parece que conceptualmente tiene un asidero realmente muy legítimo y muy benéfico para el país. Lamentamos que esta discusión sólo la hayan traído al tapete, con la fuerza política y claridad conceptual, recién ahora y no en julio del 2008 cuando iniciamos la tramitación. El tribunal ambiental podría ser un aporte para fortalecer la institucionalidad y, en consecuencia, estamos dispuestos a conversar. Siempre y cuando, no se estén persiguiendo otros dos fines: retrasar la tramitación del proyecto y debilitar el poder de la Superintendencia.

Las dificultades

– ¿Cómo se podría retrasar la tramitación de la ley?

– Al iniciar una tramitación dentro del propio proyecto. Así, sería muy difícil pensar en viabilizar este proyecto durante esta gestión, porque crear una institucionalidad judicial -estamos creando tribunales ambientales que están sujetos a la Corte Suprema- implica un trámite adicional a los que hemos realizado. Por tanto, si encontramos una fórmula para generar un proyecto con un tribunal ambiental, sin retrasar ésta tramitación, el gobierno está plenamente disponible.

– La fórmula de algunos senadores condiciona el inicio de la superintendencia a la creación del tribunal.

– Habrá que ser capaces de generar una verdadera ingeniería legislativa y jurídica que nos permita garantizar entonces, que vamos a tener una aprobación prácticamente simultánea de las dos instituciones, porque sería muy fácil mantener en suspenso la Superintendencia a la espera que algún día se aprueben los tribunales ambientales. Es un acuerdo que debe sustentarse sobre bases muy ciertas: una superintendencia fuerte con poder fiscalizador real, y un tribunal ambiental que no supedite la entrada en vigencia de la superintendencia.

– ¿Y habrá tiempo?

– Si queremos tribunales ambientales, entonces tenemos que lograr que vean la luz tan pronto exista el tiempo para implementar la Superintendencia. Pensemos que la implementación de un ministerio, una superintendencia y un servicio de evaluación ambiental tampoco son automáticos. Así que habrá algunas holguras de tiempo.

– ¿Cómo los tribunales limitan la Superintendencia?

– Hemos pensado una Superintendencia con un real poder fiscalizador. Con funcionarios con carácter de ministros de fe, ingresando con auxilio de la fuerza pública cuándo el fiscalizado se niega a serlo, y aplicando sanciones a la generalidad de los casos. Si se piensa en un tribunal ambiental para dar más garantías a los fiscalizados al resto de la ciudadanía, estamos en la senda correcta.

Participación ciudadana

– Varios piden mayor participación ciudadana… 

– Nos parece que hay un verdadero clamor ciudadano que se ha expresado de múltiples maneras; a través de organizaciones no gubernamentales, centros académicos y distintos sectores políticos, en orden a que es imposible llevar adelante una gestión si no es transparente e informada a la ciudadanía. Entendemos que hay proyectos que son prácticamente inocuos en materia ambiental, que no genera ningún tipo de conflictividad y podría hablar de una participación ciudadana acotada. Pero la demanda para que la participación ciudadana no se extienda a la declaración de impacto ambiental es total y absolutamente inviable.

– ¿Y otras modificaciones?

– Hemos escuchado a las ONG que nos han planteado la necesidad de abordar con mayor fuerza la creación de un servicio de parques. Estamos absolutamente abiertos a conversar y otro tema que necesariamente tenemos que ver será la conformación de las nuevas Corema.

Geotermia: “Hace bien al medio ambiente”

 – ¿El accidente en los geisers del Tatio cuestiona la geotermia?

– No, en lo absoluto. No debe existir en el planeta una persona que, interesándole la protección medio ambiental, no quiera que la geotermia se desarrolle bien. Es una energía renovable no convencional que le hace muy bien al medio ambiente y, en consecuencia, no debemos permitir que un caso aislado empañe o ponga en duda el beneficio ambiental y socialmente hablando de la geotermia. Rechazamos cualquier intento de opacar una energía tan beneficiosa. Ahora, el punto es dónde.

– ¿En qué sentido lo dice?

– Es bueno aprender de las realidades que nos toca vivir y, en el caso del Tatio, desafío a cualquiera que me muestre dónde está la norma, el artículo que pudieron haber encontrado quienes votaron a favor del proyecto, como paraguas para oponerse a su realización.

– ¿Hubo un déficit del gobierno al no regular estas materias?

– No. Aquí los que regulan son el Ejecutivo y el Legislativo. Algunos han mirado con horror el tema del Tatio, pero ahora no quieren la indicación que habría evitado eso. Van a tener que dar examen quienes se declaran a favor del medio ambiente y lo compatibilizan con la económica.

– ¿Pero usted apoya la energía geotermia en el Tatio?

– A mi me parece que instalar pozos exactamente frente al lugar donde están los geisers, que son nuestra belleza turística, no me parece.

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