HidroAysén: los hechos del debate

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en diario La Tercera el 28 de octubre de 2009.


Después de un receso de varios meses para responder, aclarar las dudas y vacíos del Estudio de Impacto Ambiental, la empresa HidroAysén reanudó hace algunos días el trámite de su proyecto de construcción de cinco megarrepresas en la prístina Región de Aysén. En cinco mil páginas (la mitad de lo que fue el estudio completo), la empresa asegura haber respondido los reparos de una treintena de servicios públicos, que realizaron 2.700 observaciones a la iniciativa. En este proceso no se consideraron las 11 mil observaciones de la ciudadanía, que no fueron respondidas en esta adenda, con lo que se configura, claramente, un proceso viciado; razón suficiente para rechazar el proyecto.

La revisión de la adenda de la empresa es un desafío mayor para la autoridad ambiental regional, que cuenta con sólo 15 días hábiles para revisar el documento, por lo que un análisis en detalle de estas respuestas parece poco viable. Este es un plazo muy menor a los nueve meses que se tomó la empresa para elaborar sus respuestas y que se complica aun más si se considera que la Conama de Aysén no cuenta con un director regional titular desde hace meses.

Resulta difícil esperar que la empresa haya entregado respuestas satisfactorias a todos los reparos, no tanto por la calidad del documento en sí, sino porque el Estudio de Impacto Ambiental original era altamente deficiente, como lo establecieron tanto las observaciones ciudadanas como las de los servicios públicos. Para 11 de los 34 servicios públicos que analizaron el estudio, la información es insuficiente y deficitaria, cuestión muy difícil de revertir, entre otras razones, porque para subsanar algunas de estas falencias se requieren estudios de línea base que implican investigaciones en terreno de varios años.

El informe de la empresa no cuenta con estudios sobre riesgos ante eventuales desastres naturales, tanto sísmicos como de posibles vaciamientos de lagos, derretimiento o destrucción de glaciares, como los que hemos conocido en los últimos meses en Aysén.

Además, el proyecto afecta dos áreas silvestres protegidas, el Parque Nacional Laguna San Rafael y el Parque Nacional Bernardo O’Higgins. La empresa ha minimizado la magnitud de este impacto, señalando que afectará una pequeña parte y lejos de las áreas turísticas, pero se debe recordar que la finalidad de los parques nacionales no es meramente turística, sino, sobre todo, de conservación de ecosistemas críticos. Además, intervenirlos de cualquier manera contraviene la Convención de Washington suscrita por Chile y, por lo tanto, ley de la República.

Otro de los elementos a considerar es que el proyecto requiere de una serie de derechos de agua, no todos los cuales han sido otorgados a la fecha. Aprobar el proyecto sin que cuente con estos derechos sería un despropósito.

La institucionalidad ambiental del país, y en especial el proceso de aprobación ambiental de proyectos productivos, se encuentra, desde hace años, en entredicho.

Especialmente, debido a casos como el de HidroAysén, en que queda en evidencia la desigualdad de condiciones y de posibilidad de incidencia entre una empresa transnacional y la ciudadanía y la comunidad local, vulnerando el principio de igualdad ante la ley.

Lo mismo ocurre con los plazos de análisis y respuesta de los servicios públicos. La Corema de Aysén deberá ponderar rigurosamente todos los argumentos técnicos a la hora de tomar su decisión, para evitar profundizar el desprestigio de la institucionalidad vigente.

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