“Histórico” acuerdo reforma institucionalidad ambiental
Tras sortear más de mil indicaciones, el protocolo da “rápido trámite” a la creación del Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y el inédito Tribunal Ambiental. La Nación, 27 de octubre 2009.
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Parlamentarios y el Gobierno llegan a acuerdo para tramitar rápidamente creación del Ministerio del Medio Ambiente.
La ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, y los senadores Pablo Longueira (UDI), Soledad Alvear (DC) y Antonio Horvath (RN) calificaron como “histórico” el acuerdo suscrito ayer para dar expedito trámite a la creación del Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Fiscalización, el Servicio de Evaluación Ambiental, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y el innovador Tribunal Ambiental.
En lo central, el protocolo de once puntos compromete a los legisladores de la Concertación, la Coalición por el Cambio y los independientes firmantes a finalizar el trámite para la formación del ministerio, la superintendencia y el Servicio de Evaluación a más tardar el 5 de noviembre. Adicionalmente, tras su ingreso este miércoles el proyecto que crea el Tribunal Ambiental, los senadores comprometieron su voto favorable, de manera de obtener su aprobación definitiva antes del 10 de marzo de 2010. Parlamentarios estiman que la nueva estructura estará en marcha dentro de un año.
Junto con la ministra Uriarte, el texto que despeja el camino a un proyecto de ley que sumó el récord de 1.050 indicaciones, fue firmado por el titular de Hacienda, Andrés Velasco, los senadores Andrés Allamand y Antonio Horvath (RN), Pablo Longueira (UDI)
-quien además preside la Comisión de Medio Ambiente de la cámara alta-, Soledad Alvear (DC), Camilo Escalona, Ricardo Núñez y Juan Pablo Letelier (PS), además del independiente Carlos Bianchi.
El acuerdo, aunque fue valorado como un “avance” y un “salto” importante por Guido Girardi, el senador PPD no firmó el protocolo a la espera de “convencerse” junto a los senadores Alejandro Navarro y Nelson Ávila de que el nuevo escenario termine con la política ambiental “de papel”.
Girardi, en todo caso, calificó como “clave” la reforma que despolitiza decisiones en torno a proyectos de inversión. “La decisión técnica no podrá ser modificada por decisiones de seremis o gobernadores. Eso es un avance que se ha logrado y es importante para el país”, dijo.
La ONG ambientalista Terram, a su turno, también valoró como “positivo” el acuerdo en lo relativo a la incorporación del Tribunal Ambiental y el Servicio de Biodiversidad, así como también el reforzamiento de la Conaf que, en el nuevo escenario, pasaría a convertirse en una subsecretaría forestal.
Con todo, Flavia Liberona y Paola Vasconi, de Terram, sostuvieron cierta “preocupación” por la rápida tramitación de la nueva arquitectura que pueda derivar en instituciones sin la solidez requerida. También manifestaron la necesidad de introducir una normativa para regular los transgénicos, ampliar la definición de “contaminación” más allá de los tóxicos normados, y la necesidad de fortalecer la participación ciudadana de modo que, con recursos del Estado, las comunidades puedan enfrentar a las grandes empresas con estudios técnicos que “emparejen la cancha”.
El senador Longueira, en tanto, sostuvo que con el acuerdo “se crean las instituciones necesarias para invertir con respeto a las exigencias ambientales y mayor participación ciudadana. Se obtiene una gran institucionalidad”, indicó.
CRECIMIENTO SUSTENTABLE
“Este acuerdo es histórico”, agregó Longueira. “Se trata de un acuerdo político para crear un ministerio, un tribunal especializado, un sistema de biodiversidad y una superintendencia que se hacía casi inviable con las 1.050 indicaciones presentadas. En 20 años no recuerdo tal cantidad de indicaciones. Este protocolo hace viable al país crecer económicamente, pero con un crecimiento ambientalmente sustentable. No podemos seguir adelante con proyectos que arrasan con el medio ambiente. Los proyectos que tienen mayor impacto ambiental van a tener una dificultad mayor ”, añadió el senador UDI.
TRIBUNAL AMBIENTAL
La senadora DC Soledad Alvear, en tanto, se mostró satisfecha por el acuerdo alcanzado, destacando la norma que facilitará la tramitación ambiental “express” para las pyme, la posibilidad de que cualquier persona afectada por impactos ambientales no previstos solicite la revisión del respectivo permiso, así como la creación del Tribunal Ambiental. “Los tribunales ambientales nos asegurarán principios tan importantes como el debido proceso y la imparcialidad en la aplicación de las sanciones”, manifestó Alvear.
Hacia la OCDE
La nueva institucionalidad ambiental representa un paso imprescindible para que Chile ingrese al exclusivo grupo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), instancia con la que el país se impuso una serie de metas “verdes”, entre ellas la creación del ministerio, una superintendencia y un Servicio de Evaluación Ambiental.
Para ello, en junio de 2008, el Ejecutivo presentó el respectivo proyecto de ley a la Cámara, sorteando, por cierto, diversas comisiones en el Congreso.
Este año, el texto recibió una inédita cifra de 1.050 indicaciones desde diversos sectores políticos y ciudadanos, hecho que finalmente derivó en el acuerdo político suscrito ayer que, a la institucionalidad propuesta por el Ejecutivo, añadió el Tribunal Ambiental y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
El acuerdo compromete a la Concertación, la Coalición por el Cambio y algunos senadores independientes a tramitar con rapidez la nueva estructura ambiental para finalizar el 5 de noviembre su segundo trámite constitucional.
En el protocolo, además, los senadores firmantes se comprometen a garantizar el respaldo de las respectivas bancadas para las necesarias aprobaciones parlamentarias.
La nueva institucionalidad se propone además “despolitizar” las decisiones ambientales y ampliar la participación ciudadana.
Naciente tribunal tendrá cinco miembros y será apelable sólo a la Suprema
Propuesto por la industria, la UDI y la senadora Soledad Alvear, y acogido por el Ejecutivo y ONG ambientalistas, el Tribunal Ambiental asomó algo “tarde” en la discusión sobre nueva institucionalidad, por cuanto fue puesto en la mesa recién a mediados de este año, en circunstancias que el proyecto ingresó a la Cámara en junio de 2008.
Tras resolver que la nueva instancia no retrasará la creación e implementación del ministerio, y que tampoco cercenará el poder fiscalizador y sancionador de la superintendencia en casos específicos, el acuerdo establece que, este miércoles, el Ejecutivo enviará al Senado un proyecto de ley para crear el tribunal de “integración mixta”, esto es, compuesto por cinco miembros: tres abogados y dos profesionales provenientes de área de las ciencias o la economía.
Según consta en el acuerdo, las competencias de este nuevo órgano jurisdiccional serán “relativas al contencioso administrativo ambiental”, de modo que todas las competencias que en la actualidad entrega la Ley 19.300 a los tribunales ordinarios pasarán a este tribunal, así como la potestad de revisión de los actos administrativos de la superintendencia de Medio Ambiente.
El tribunal -añade el texto- “tendrá además competencias de control previo en el caso de algunas provisionales que pueda decretar la superintendencia, de revisión plena y obligatoria (consulta) respecto de las sanciones más graves que pueda aplicar la referida superintendencia, y de competencia plena en el caso del daño ambiental”.
El nuevo organismo también tendrá “amplias atribuciones para evaluar la legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y contenido técnico de las decisiones objeto de su competencia”. Adicionalmente, los actos de la superintendencia serán reclamables ante el tribunal.
Si bien el tribunal nace para evitar la judicialización de proyecto, sus decisiones igual serán apelables ante la Corte Suprema.