Parques Nacionales Sin Protección

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en diario El Llanquihue el 10 de octubre de 2009.


La región de Los Lagos observa con preocupación los intentos de privados por intervenir parques nacionales, protegidos por normas nacionales e internacionales. Esta vez son las numerosas peticiones de agua presentadas a la Dirección General de Aguas (DGA) por empresas y particulares en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales las que encienden las alarmas. De acuerdo a la información disponible, se pretende usar estas aguas para la construcción de tres centrales hidroeléctricas con una capacidad total de 175 MW.

Tal parece que se pretende repetir el atropello ocurrido el año pasado en el Parque Nacional Puyehue donde, pese a la oposición de CONAF, encargada de administrar y proteger el área, fue aprobada la solicitud de la empresa Hidroaustral S.A. para construir una minicentral hidroeléctrica. Con esto se pasó a llevar tratados internacionales –específicamente la Convención de Washington, firmada y ratificada por Chile-, y se entregó una pésima señal al país. Como consecuencia, tal como lo advertimos en su momento, ahora vemos que un grupo de privados se sienten con la posibilidad de proyectar nuevos emprendimientos energéticos en áreas silvestres, las que antes de Puyehue se consideraban protegidas.

Pese a que CONAF ha asegurado que se opondrá a que se concrete cualquier iniciativa energética en el Pérez Rosales, esto no resulta particularmente tranquilizador pues no hubo oposición real por parte de los servicios públicos con competencia en el tema para la aprobación de las obras en Puyehue.

Por eso, es necesario desde ya exigir a la autoridad que tome los resguardos necesarios para impedir que proliferen este tipo de iniciativas. Una propuesta que permitiría otorgar mayores seguridades sería prohibir el otorgamiento de derechos de agua a privados dentro de las áreas silvestre protegidas por el estado. Esto, en el entendido que no es posible entregar a particulares el uso y goce de recursos hídricos que pertenecen al Estado, y por ende, a todos los chilenos para que empresarios lucren con ellos, más aún considerando que se encuentran dentro de áreas protegidas. Si bien existe un proyecto de ley de un conjunto de parlamentarios, no ha contado con el apoyo del gobierno y, en definitiva, no ha recibido una acogida favorable.

Es necesario de una vez por todas que las autoridades, tanto del Ejecutivo como el Parlamento, en todos los niveles, expresen en hechos concretos su compromiso con la protección y conservación de nuestro patrimonio natural, priorizándola por sobre proyectos productivos de corto plazo.

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