Senadores acuerdan fast track para proyecto que crea nueva institucionalidad ambiental

Parlamentarios llegaron a un acuerdo político de siete puntos con el gobierno. El Diario Financiero, 14 de octubre 2009.
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Los senadores de la comisión de Medio Ambiente acordaron un fast track o vía rápida para la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio, la Superintendencia y el servicio nacional de evaluación ambiental. Ello, tras alcanzar un acuerdo político con el gobierno sobre siete puntos que serán modificados en dicho cuerpo legal, incluyendo la creación de los tribunales ambientales y un servicio nacional de parques.

Así fue informado ayer por el presidente de la comisión, Pablo Longueira (UDI), quien precisó que los términos del acuerdo serán redactados y revisados durante esta semana para ser firmados el próximo lunes, momento en el cual comenzará una maratónica jornada de trabajo legislativo, que se extenderá al lunes siguiente.

La nueva voluntad del Ejecutivo –anticipada ayer en Diario Financiero- fue explicitada por la ministra de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, a los senadores. En la  oportunidad, los parlamentarios se comprometieron a despachar la iniciativa legal antes que termine el actual período legislativo (tal como lo pidió el gobierno) y aprobar las siete instituciones más relevantes de la ley, a cambio de una serie de compromisos del Ejecutivo. A saber: la creación del Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia, el Servicio de Evaluación Ambiental, los tribunales ambientales, el sistema de biodiversidad, la composición de los Comités Regionales de Medio Ambiente (Coremas) y el Consejo de Ministros.

El detalle

En todo caso, el senador Longueira precisó que “se va a redactar de aquí al viernes el acuerdo político con estas materias incluidas y la comisión está convocada para los dos lunes siguientes de 9 de la mañana a 21 horas para despachar el proyecto, en forma rápida y dentro de las urgencias establecidas”.

No obstante, explicó que ya existe el compromiso del gobierno de “presentar un proyecto de ley aparte con la creación del tribunal ambiental, que debe consensuarse antes que se vote en la sala el proyecto que crea la nueva institucionalidad ambiental”.

Agregó que además “la Superintendencia y el tribunal funcionarán simultáneamente” y para despejar el temor del Ejecutivo que se atrase el despacho de la ley “se tramitará con otro tiempo para no demorar este proyecto, pero la Superintendencia sólo entraría a regir el día que esté el tribunal operando”.

El parlamentario agregó que ahora “se va a agilizar el proyecto y vamos a sacar una muy buena ley antes del término de año”, pues “vamos a evitar que se instale en Chile industrias de abusadores y coimeros que andan detrás de una mala legislación para entorpecer los proyectos en aras del medio ambiente”.

Ejecutivo se abrió a posibilidad de crear tribunales ambientales: CPC destaca giro del gobierno en discusión

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Rafael Guilisasti, destacó ayer el vuelco dado por el gobierno respecto de la idea planteada por el empresariado sobre la creación de tribunales ambientales en el país.

“Nosotros hemos mantenido permanentemente la necesidad de crear una institucionalidad medioambiental donde haya una autoridad que sancione y otra donde todos puedan apelar. Esto último debe corresponder a un tribunal independiente de la Superintendencia para que las reparticiones no sean juez y parte”, sostuvo el dirigente empresarial.

Dichos planteamientos fueron realizados por Guilisasti, luego de que la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, señalara que el Ejecutivo no descarta la creación de tribunales especializados.

Esto, pese a que en oportunidades anteriores la secretaria de Estado descartó de plano esta opción, argumentando que el tema no estuvo presente en la discusión del proyecto de ley.

La discusión que viene

Respecto de lo que espera del debate de la iniciativa -que recibió 1.345 indicaciones en el Senado- la ministra Uriarte dijo que es clave que “el interés del inversionista quede protegido”.

Esto, explicó el también vicepresidente de Sofofa, porque “una vez aprobados los permisos deben constituir un derecho de propiedad para ejecutar la obra”.

En esta misma línea, Guilisasti enfatizó que las señaladas autorizaciones “no pueden estar sujetas constantemente a revisiones o a marchas hacia delante y hacia atrás” en los proyectos de inversión.

Finalmente, el presidente de la CPC sostuvo que “como en todo sistema de derecho, la instancia definitiva que resuelva los conflictos y las sanciones tienen que ser los tribunales”.

Cabe señalar que la postura expresada ayer por Guilisasti fue expuesta por ramas de la CPC durante la discusión en el Senado del proyecto de ley que modifica la actual institucionalidad ambiental.

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