Núcleo-electricidad en Chile, una opción improbable

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en el blog de La Tercera el 09 de febrero de 2010.


Tras la negativa experiencia que significaron los cortes de suministro de gas natural desde Argentina y que generaron en el país una situación de estrechez energética, el año 2006 el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet dio a conocer un Plan de Seguridad Energética Nacional, que después de trabajar durante varios meses propuso, en términos generales, diversificar la matriz energética del país, lograr una mayor independencia y autonomía en este ámbito y promover el uso eficiente e inteligente de la energía. Todo ello, con el objetivo de asegurar el suministro energético en el país.

Sin embargo, al año siguiente el gobierno creó el grupo de trabajo núcleo-eléctrico, al que se le encomendó iniciar los estudios necesarios encaminados a analizar la factibilidad de instalar centrales de energía nuclear en Chile. Elegir este tipo de alternativas resulta abiertamente contradictorio con el Plan de Seguridad Energética, especialmente en términos de la independencia y estabilidad del suministro.

El desarrollo de la núcleo-electricidad tiene una amplia variedad de implicancias a considerar, desde su instalación y desarrollo hasta el desmantelamiento de las plantas. Entre otros aspectos, es necesario pensar en la seguridad energética en términos de garantizar el abastecimiento de insumos. El principal de ellos es el uranio, un recurso no renovable que se encuentra sólo en unos pocos países en el mundo (Canadá, Kasajstán y Australia, principalmente) y que, en todo caso, cuentan con reservas limitadas, que se agotará como máximo en entre 60 y 100 años.

El proceso de extracción y enriquecimiento de uranio debe hacerse bajo condiciones de máxima seguridad debido a que existe material radiactivo que puede provocar daños a las personas y a los ecosistemas. Se trata de un proceso técnicamente complejo, que se realiza en un limitado grupo de países en el mundo (Francia, Canadá, Japón, Rusia, Inglaterra, EE.UU., Bélgica, Alemania, Corea del Sur, España, Suecia), lo que implicaría una inevitable dependencia de la oferta de los países enriquecedores autorizados para el suministro.

En tanto, un número aún más limitado de países están en condiciones de reprocesar los desechos radioactivos: Francia, Japón, Rusia e Inglaterra, y sólo uno de ellos (Rusia) ha aceptado recibir y almacenar los desechos radioactivos de otros países. Prácticamente la única alternativa disponible para Chile sería, entonces, habilitar un depósito dentro del territorio nacional para almacenar indefinidamente estos desechos, altamente peligrosos, a un importante costo para las presentes y futuras generaciones, pues son instalaciones que requieren de vigilancia perpetua.

Resulta incomprensible el argumento de quienes apoyan este tipo de iniciativa en orden a que otorgaría al país mayor independencia y autonomía. Considerando sólo los aspectos básicos mencionados, queda claro que la opción nuclear no implica un avance en términos de garantizar independencia y autonomía energética, ni tampoco en términos de seguridad de abastecimiento, y en cambio sí existe un notable incremento de los riesgos en materia de seguridad.

Además de ello, se debe analizar el tema nuclear en términos de los riesgos geopolíticos, en un contexto mundial de inestabilidad y amenazas. Es necesario tomar en cuenta la inevitable tensión que acarrearía una decisión como ésta en Chile en términos de las relaciones con los países limítrofes, especialmente con Perú y Bolivia -con los que se han atravesado numerosos episodios de tensión en los últimos años- debido al potencial bélico de la energía nuclear. Es la misma razón que convierte, además, a este tipo de instalaciones en posible blanco de acciones terroristas.

Junto con ello, es importante analizar el marco regulatorio tanto internacional como nacional. Es imprescindible determinar cuidadosamente en qué contexto institucional se insertaría el tema nuclear, y revisar, por ejemplo, la capacidad de  fiscalización del Estado chileno, especialmente en el marco de la desconfianza y de situaciones irregulares que se han repetido en los últimos años en materia de la fiscalización ambiental incluso de proyectos que han implicado menores riesgos. En esta misma línea, es necesario evaluar la capacidad del sistema de evaluación del país, que actualmente se encuentra en proceso de reforma. La experiencia al respecto hasta ahora ha dejado mucho que desear y ha constituido, de hecho, el origen de numerosos problemas ambientales que se arrastran por años. Si bien con la reforma recién aprobada se abre una nueva etapa, aún estamos lejos de poder asegurar que las nuevas instituciones serán capaces de solucionar los conflictos socioambientales existentes y prevenir los futuros, y tampoco se puede asegurar a priori la capacidad de fiscalización que traerán estos cambios.

Una central nuclear, en cualquier lugar de Chile en que quisiera instalarse, sin duda provocaría profundos conflictos, por la enorme resistencia que existe en el ciudadano medio a este tipo de tecnologías, debido a los conocidos riesgos que implica.

Es indispensable, entonces, antes de pensar en proponer proyectos nucleares en el país, analizar y discutir una política energética de generación eléctrica de mediano y largo plazo considerando todas las alternativas en igualdad de condiciones con todos los actores y sectores.

Existe consenso, además, en el sentido en que en la actualidad no existe en el país la capacidad técnica y profesional que requieren instalaciones de este tipo, y es difícil que logren consolidarse en el mediano plazo, pues por ahora ni siquiera se ha iniciado un desarrollo de este tipo.

Incluso llevando el tema a un plano estrictamente económico, los costos del ciclo completo –desde la instalación de la planta hasta su desmantelamiento- por kilowatt de energía nuclear generada, son muy superiores a otras alternativas de generación. De hecho, la experiencia internacional señala que desde hace al menos 20 años no se han construido plantas nuevas con inversión 100% privada, y ha sido necesario el aporte público, por el enorme riesgo financiero que implica; se hace necesario la intervención estatal para que las centrales nucleares sean rentables, puesto que en un marco de libre competencia, la estabilidad económica y los márgenes de ganancias de este tipo de proyectos son inciertos.  Por ello, es el país en su conjunto el que debe involucrarse para decidir si está dispuesto a financiar con fondos públicos una inversión de este tipo.

 

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