Piñera y el desafío ambiental

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en El Divisadero, el 11 de marzo de 2010.


El Presidente electo Sebastián Piñera ha señalado su preocupación por las temáticas ambientales, por lo que cuando asuma su cargo es de esperar que lo plasme en acciones concretas. Esto es relevante si se considera el atraso de Chile en materia ambiental. En los últimos 20 años de gobiernos de la Concertación si bien se han registrado ciertos avances destacables (dictación de leyes, normas y la implementación de algunas medidas), es evidente que no ha sido prioridad abordar temáticas como dictación de normas de emisión y calidad, planes de descontaminación, regulación de actividades productivas, participación ciudadana, mayor y mejor protección de la biodiversidad y de ecosistemas críticos, control de la contaminación de diversa índole, por mencionar algunos. La casi nula visión de este conglomerado sobre la importancia de los temas ambientales ha aportado de forma significativa para que hoy existan conflictos ambientales en casi todas las regiones.

Estamos en una situación que requiere de urgente atención, tanto por falta de normativa como por el descrédito del sistema de evaluación ambiental para las comunidades locales y la creciente conflictividad. Uno de los temas más inmediatos es la conformación del equipo de trabajo para implementar el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, promulgado en enero en la Ley 20.417, aunque falta para que se pueda dar paso a la creación de las otras dos instituciones de esta misma ley: la superintendencia de fiscalización y el servicio de evaluación ambiental, porque dependen de la aprobación de una ley que creará los tribunales ambientales, que debe retomar su trámite parlamentario en marzo.

Otro aspecto -postergado durante la tramitación legislativa del ministerio- es crear un Servicio de Parques. La Ley 20.417 establece que a un año de ser promulgada, deben ingresar al Congreso dos iniciativas: una para la creación del Servicio de Áreas Silvestres Protegidas y Conservación de la Biodiversidad y otra para regularizar la institucionalidad forestal. Dada la vocación “conservacionista” del Presidente electo, es de esperar que se comprometa no sólo a ingresarlas, sino a aprobarlas en breve. Así lo han manifestado en privado parlamentarios de su conglomerado. Tanto la creación de un servicio de áreas silvestres protegidas como la institucionalidad pública de Conaf son tareas urgentes, dado el atraso en protección de la biodiversidad, consignado en el informe de la OCDE sobre evaluación de desempeño ambiental de Chile en 2005. Considerando que la ONU declaró 2010 como Año Internacional de la Biodiversidad, esperamos que ésta sea una prioridad, dada la necesidad de contar con una institución del más alto rango para establecer políticas públicas de corto, mediano y largo plazo en materia de protección de la biodiversidad, para la multiplicidad de ecosistemas de relevancia mundial y gran fragilidad presentes a lo largo el país, tanto terrestres como acuáticos, ya sea en el ámbito público como privado.

En la conservación de ecosistemas, es urgente que el nuevo gobierno tome posición respecto al Decreto Exento 654 del Ministerio de Agricultura (noviembre de 2009), que autoriza la corta e intervención del hábitat de las especies vegetales nativas declaradas Monumento Natural en decretos especiales. Esta medida es un flagrante atropello de los compromisos suscritos por Chile, así como de la protección de nuestros bosques bajo constantes amenazas. La solución podría ser fácil, porque es un decreto exento y puede ser derogado por igual vía en forma inmediata. Esperamos que los que propiciaron su derogación en este gobierno, incluyendo parlamentarios verdes de la Coalición, no cedan e insistan, para solicitar al nuevo gobierno la inmediata derogación. Una decisión de este tipo tendría el mérito de entregar una señal positiva y esperanzadora sobre la conducta futura en materia ambiental.

Piñera deberá definir una posición sobre la reforma constitucional del agua, planteada por la administración saliente en la última etapa del gobierno y durante la campaña electoral, y cuya discusión en profundidad en el Congreso quedó fijada para marzo. La importancia del agua como recurso esencial para la vida y para el desarrollo de cualquier actividad productiva ha sido relevada desde el ámbito científico, la sociedad civil y, desde un prisma ético y valórico, por la Iglesia. En un contexto de cambio climático, en el que se pronostica su creciente escasez futura, un debate y una definición clara resultan insoslayables.

Otro gran tema sobre el que deberá fijar posición el Presidente electo es en torno al desarrollo y expansión de los organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos. Cultivos de este tipo se han extendido en diversas regiones del país de manera silenciosa, de la mano de las empresas líderes a nivel mundial, en especial Monsanto, que ha plantado miles de hectáreas para la producción de semillas transgénicas aprovechando la falta de legislación, regulaciones y fiscalización. Antes que se siga profundizando, se deben considerar los problemas de bioseguridad, discutir la ratificación del Protocolo de Cartagena y la rotulación de alimentos. En la Alianza hay posiciones encontradas, al igual que en la Concertación, pero el nuevo Presidente debe entender y asumir que es hora de al menos transparentar la información y promover un debate en igualdad de condiciones con los diversos sectores.

Piñera ha dicho que un período de cuatro años es corto y asumirá desde el primer día y con urgencia la atención de los problemas; es de esperar que entre éstos el medio ambiente tenga un rol destacado.

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